Los proyectos empresariales que se declaren prioritarios según la ley de medidas urgentes gozarán de un impulso preferente y urgente ante cualquier departamento de la Junta de Comunidades y, además, verán reducidos los plazos administrativos a la mitad.
Éstos son algunos de los efectos que tendrá la declaración de proyecto prioritario, según se recoge en la proposición de ley que este miércoles han registrado en las Cortes los grupos parlamentarios de PSOE y Cs, a la que ha tenido acceso Efe, y que previsiblemente se calificará en la próxima reunión de la Mesa de las Cortes.
Esta proposición de ley, compuesta por cuatro títulos y 20 artículos, nueve disposiciones adicionales, una disposición transitoria única y siete disposiciones finales, tiene por objeto establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa, para el desarrollo de proyectos prioritarios, así como para fomentar e incentivar las iniciativas empresariales que atraigan inversiones en sectores económicos considerados estratégicos para Castilla-La Mancha, para lo que se ofrece una labor de acompañamiento desde la Administración regional.
A tal fin, la proposición de ley propone crear la Unidad de Acompañamiento Empresarial, a la que se encomiendan funciones de apoyo e impulso de los proyectos que pretendan su declaración como prioritarios en la región, así como la coordinación, seguimiento e impulso de los proyectos que hayan obtenido esta declaración.
Según recoge la proposición de ley, se considerarán Proyectos Prioritarios los declarados como tales por el Gobierno de Castilla-La Mancha en atención a su especial contribución a la reactivación de la actividad económica.
También podrán declararse como proyectos prioritarios aquellos proyectos empresariales pertenecientes a sectores económicos estratégicos por su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial de Castilla-La Mancha.
En concreto, se consideran sectores económicos estratégicos el sector agrícola, ganadero y forestal; el sector de la energía; el sector de la economía circular; el sector de la industria agroalimentaria; el sector de la logística y los transportes; el sector de la industria aeronáutica; el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación; el sector de la atención a la dependencia y sectores relacionados con la prestación de servicios públicos en régimen de concesión o de autorización administrativa.
Para que un proyecto sea declarado como prioritario, deberá aportar a Castilla-La Mancha un valor añadido a su desarrollo por su especial relevancia para su impulso económico, social, y territorial, y además resultar ambientalmente sostenible.
Además, las iniciativas empresariales que aspiren a la declaración como proyectos prioritarios deberán contribuir a la generación de empleo, en términos de puestos de trabajo fijo a jornada completa e implicar la realización de una inversión en activos fijos, todo ello en unos umbrales que varía en función del número de habitantes del municipio en el que se desee implantar.
Para la adecuada implantación y el desarrollo de los proyectos en cada uno de los sectores económicos estratégicos, se pondrá a disposición de la ciudadanía un visor cartográfico en el que se especificarán los condicionantes ambientales a que se pueda ver sometido un proyecto en función de su ubicación.
Asimismo, la ley establece una clasificación del territorio en función de la regulación ambiental o valor de los recursos y de la aptitud para absorber proyectos empresariales o industriales, para que los promotores puedan conocer los condicionantes ambientales de un territorio.
Por otro lado, atendiendo a las especiales circunstancias derivadas de la COVID-19, la Ley complementa su regulación articulando medidas extraordinarias temporales, que afectan a las Sociedades Cooperativas de Castilla-La Mancha y que comprenden en el ámbito financiero al uso especial del Fondo de Promoción y Formación de las Cooperativas de Castilla-La Mancha y en el ámbito organizativo interno.
Además, para paliar las pérdidas económicas derivadas de la falta de explotación de máquinas o aparatos de juego en los locales y establecimientos en los que conforme a la normativa de juego pueden instalarse este tipo de máquinas, por la declaración del estado de alarma, se prevé una bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar.
Por otro lado, y con el objetivo de seguir fomentando la tradición taurina en Castilla-La Mancha, se recoge en esta ley una bonificación temporal de un año del 100 % en la tasa de espectáculos taurinos, sin perjuicio de la exigencia de las correspondientes autorizaciones previstas en la normativa específica.
Además, la ley incorpora un régimen transitorio para las empresas de intermediación turística, manteniendo su actual regulación, en lo que no se oponga a la presente ley, hasta en tanto se proceda a su nuevo desarrollo reglamentario.
También en el ámbito turístico, se incorpora una modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha, que por un lado introduce la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil por parte de las empresas de intermediación turística para atender daños producidos a sus clientes como consecuencia de la prestación de alguno de sus servicios y, por otra parte, incorpora la obligación de contratar seguro de responsabilidad civil, de asistencia y accidente a las empresas de ecoturismo.
Por otra parte, se introduce la figura del "Municipio Turístico" con el fin de promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida en la que tendrá protagonismo la sostenibilidad turística, la importancia del territorio y del paisaje, la relevancia de la cultura y el patrimonio, las señas de identidad y tradición local, y la cooperación y participación de las entidades y organizaciones locales.
En la exposición de motivos de esta proposición de ley, se recuerda que, debido a la situación socioeconómica generada en Castilla-La Mancha por la COVID-19 y con el objetivo de "adoptar políticas urgentes para hacer frente a las necesidades" de la región, el 3 de junio se suscribió el Acuerdo político para la recuperación de Castilla-La Mancha post COVID-19, que incluía entre sus medidas la aprobación de una ley que estableciera la tramitación preferente y la agilización y simplificación administrativa de iniciativas empresariales que atraigan inversiones consideradas estratégicas para Castilla-La Mancha.
