Los presidentes autonómicos han mostrado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus respectivos posturas en cuanto a demandas y reparto de fondos a menos de 24 horas de que muchas regiones den el salto a la fase 1 de la desescalada.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido el paso a la fase 1 de la desescalada para reactivar la economía de una región que concentra el 60 por ciento de las grandes empresas y que es el "motor económico" para que todos los demás sigan funcionando". También ha solicitado refuerzo sanitario y la puesta en marcha del Fondo no reembolsable para las CCAA.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere que se revise "de manera inmediata" la situación de las provincias de Málaga y Granada que han quedado en la fase 0 de la desescalada, lo que considera "un agravio evidente"; y ha reclamado también que en el criterio para el reparto del fondo de 16.000 millones anunciado vuelva a primar la población.
También decepcionado se ha mostrado Ximo Puig, que ha dicho que la Comunidad Valenciana no ha pasado en su conjunto a la fase 1 porque "han cambiado la reglas de juego a mitad de partido". Puig ha afirmado también que, aunque no buscará la confrontación, "lealtad no es sumisión", de ahí que solicite que se vuelvan a estudiar el caso para revertir lo más pronto posible la decisión adoptada.
Quim Torra ha garantizado que el gobierno catalán no recortará el gasto público para superar la crisis del coronavirus; y ha propuesto al Gobierno el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos, así como un plan para los próximos tres meses destinado a "salvar" la economía, "interviniendo y gastando" sin pensar en el déficit.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha demandado mayor unidad entre autonomías y mando único, y celeridad para conocer qué requerirá el Gobierno a las autonomías para avanzar a la fase 2. También ha criticado el criterio aplicado para no poder desplazarse entre provincias, y ha celebrado otras decisiones como la posibilidad de abrir los mercados al aire libre.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha instado al Ejecutivo a que clarifique los límites de déficit para poder llevar a cabo políticas expansivas, ya que la clave para el gobierno vasco es "planificar para invertir y reactivar", especialmente en el sistema sanitario, en cohesión social e igualdad y en reactivación económica y empleo.
La presidenta navarra, María Chivite, ha pedido, precisamente, saber los recursos económicos con los que contará para invertir en la recuperación de su región; y ha solicitado a los ciudadanos responsabilidad y evitar un relajamiento de las medidas de seguridad ante la incidencia del coronavirus.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que va a luchar para que la movilidad de los aragoneses pueda producirse en toda la comunidad de acuerdo a los estándares sanitarios y para que la reactivación económica tras la pandemia se produzca pronto, pero también para que se flexibilicen las normas en el medio rural.
El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha defendido una "posición común" para que el reparto de los 16.000 millones del fondo de compensación tenga en cuenta el envejecimiento de la población y la dispersión de los territorios.
Su homólogo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha considerado "totalmente injusto" que el reparto de los 16.000 euros se realice en función del número de habitantes y de hospitalizaciones y no en base a los costes de servicio.
El jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, también ha rechazado los criterios para el reparto del fondo no reembolsable y ha pedido una fórmula de consenso, aceptada por todos y que sea justa, prácticamente la misma demanda realizada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y por el Gobierno balear.
Fernández Vara ha pedido también que se levante la prohibición de la caza y la pesca en su comunidad, y que se supriman las franjas horarias.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado que el reparto de los 16.000 millones se destine en función de la incidencia que ha tenido la pandemia en cada territorio; y que, al igual que está permitido salir a hacer deporte, se permita también la caza y la pesca deportiva para paliar los daños en la agricultura por exceso de especies cinegéticas.
Alfonso Fernández-Mañueco, presidente de Castilla y León, ha exigido la participación de las autonomías en la aplicación de los criterios macroeconómicos que decidirán la capacidad de deuda y nivel de déficit de todas ellas a raíz la crisis sanitaria. Además evalúa plantear criterios menos restrictivos en la desescalada siempre que se evite la transmisión comunitaria del coronavirus.
La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha pedido contar con los apoyos a los ERTE, el Fondo de Liquidez no Reembolsable y de todas ayudas que puedan llegar desde Europa para la recuperación de la comunidad. Además ha solicitado facilitar la conciliación de los padres que se reincorporen al trabajo en las sucesivas fases de desescalada mientras los niños siguen sin clase.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado ciertas reservas ante las medidas más permisivas que contempla la fase 1, tanto que no tendrá el más mínimo reparo en pedir a Sanidad la vuelta a la fase 0 si denota una falta de civismo en la población y un repunte de casos positivos.
Desde Ceuta y Melilla exigen al Gobierno que no se olviden de ellos en el reparto del fondo de 16.000 millones.
HAY QUE FIJAR EL CRITERIO DE REPARTO
Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha precisado este domingo que hay que fijar el criterio de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que anunció el pasado domingo el presidente del Gobierno a los presidentes autonómicos.
Sin embargo, el domingo pasado, la portavoz del Gobierno explicó que el fondo se dividiría en tres tramos, estableció unos criterios de reparto para cada uno de ellos, y avanzó que se distribuiría entre las comunidades autónomas en función de "parámetros objetivos basados en los gastos ocasionados por el Covid-19" conforme a la información que hayan remitido las comunidades autónomas.
En concreto, precisó que habría un tramo de 10.000 millones que se destinaría a cubrir gastos sanitarios distribuidos en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia, y otros 1.000 millones para gasto social que se repartirán por criterios poblacionales.
En cuanto al tercer tramo, de 5.000 millones, dijo que se destinarían a paliar la reducción de recursos propios de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica y que se distribuirían en función de los datos de caída de la recaudación.
Pero la ministra de Hacienda ha señalado este domingo que aún hay que fijar los criterios, tras escuchar las peticiones de los presidentes de las comunidades autónomas, que han expuesto propuestas muy distintas, desde tener en cuenta la población, el envejecimiento de la misma, o el gasto sanitario empleado en la crisis del coronavirus.
"Hay que hacer un decreto ley para poder constituir el fondo y hay que determinar los criterios de reparto del fondo. Por eso estamos recibiendo las aportaciones y haremos la propuesta que mejor se ajuste a que los territorios realmente puedan ser compensados por parte de esos gastos que se han motivado por la pandemia", ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras la reunión de Sánchez con los líderes autonómicos.
De este modo, Montero ha afirmado que no será posible saber la cantidad que recibirá cada región "hasta que los parámetros por los que se distribuyen los fondos no estén perfectamente terminados de fijar".
"Estamos recibiendo con receptividad todas las comunicaciones que las Comunidades Autónomas nos hacen llegar respecto a cómo consideran que tienen que ponderar el peso de la población de las PCR, o de las personas hospitalizadas, y además tenemos que recabar la opinión de los partidos en el Congreso", ha apostillado.
