El cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, después de que la Guardia Civil remitiera a la jueza un informe muy crítico con la gestión del Ejecutivo ante la manifestación del 8 de marzo ha desatado una tormenta en el cuerpo que ha provocado incluso la renuncia de su número dos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desvinculado este martes los cambios de ese informe en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, comparecencia en la que inicialmente no estaba prevista su presencia y en la que también ha informado del desbloqueo del último tramo de la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas.
Marlaska ha circunscrito los cambios al "nuevo impulso" que se ha querido dar la organigrama de Interior, dentro de una "política razonable y normal de reconstrucción de nuevos equipos y dentro del ámbito de máxima confianza que todo dirigente político plantea".
Pero su comparecencia se ha producido poco después de que el hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, le haya solicitado su relevo. Ceña ya se había jubilado, pero continuó en su cargo por la pandemia del coronavirus y se había comprometido a mantenerse hasta el 2 de junio.
El puesto de Ceña, máximo cargo operativo del instituto armado, lo asumirá Pablo Salas, hasta ahora máximo responsable de Información de la Guardia Civil.
La renuncia del DAO la han aplaudido las asociaciones de guardias civiles, que la interpretan como un rechazo a las "injerencias políticas" en el instituto armado, presiones que el ministro niega. "La palabra injerencia no la conjugaré nunca", ha afirmado tras recordar sus treinta años de experiencia como juez.
Al malestar interno se ha sumado la exigencia de responsabilidades por parte de la oposición, cuyo principal partido, el PP, ha pedido la "destitución inmediata" del ministro.
El ministro ha anunciado este martes el desbloqueo de 237 millones de euros para completar la equiparación salarial de policías y guardias civiles, pero también ha negado cualquier improvisación en esa decisión, como demuestra -ha dicho- que se trató en la comisión de subsecretarios preparatoria del Consejo de Ministros del pasado jueves.
Entonces no se conocía el contenido del informe de 83 páginas que la Guardia Civil ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid dentro de su investigación sobre un posible delito de prevaricación por parte del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir manifestaciones a comienzos de marzo, en especial la del 8M con motivo del Día de la Mujer.
El informe concluye que no debió permitirse ninguna manifestación en Madrid desde el 5 de marzo y que las autoridades gubernamentales tenían un "profundo conocimiento" de los riesgos de transmisión de la COVID-19 en los días anteriores al 8M.
Ese informe indica que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 130 reuniones o manifestaciones sin que la Delegación del Gobierno planteara ninguna objeción y otras 35 fueron desconvocadas.
De ellas, la Guardia Civil tomó declaración a 20 convocantes y concluyó que en varios de esos casos hubo llamadas desde la Delegación del Gobierno animando a esa desconvocatoria, pero esas comunicaciones no constan en ningún registro.
También incluye advertencias de organismos internacionales, aunque incluye errores como fechar la declaración de la pandemia por la OMS el 31 de enero, cuando en esa fecha se declaró la emergencia sanitaria internacional, y presta especial atención a la cancelación de un congreso evangelista en Madrid (IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios: Unlimited 2020), previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo con un aforo estimado de entre 5.500 personas.
Se extraña la Guardia Civil de que el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijeran a los organizadores que ese congreso no se podía celebrar e incluso les remitieron un documento el día 7 de marzo, firmado por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, en "el que consta expresamente la recomendación de aplazamiento de eventos multitudinarios".
El propio Simón ha explicado este martes en rueda de prensa que en aquellas fechas ya existía una recomendación de Sanidad de evitar grandes aglomeraciones en espacios cerrados y de personas procedentes de países considerados de alto riesgo, y en el caso del congreso evangélico se daban ambas circunstancias, con la esperada presencia de personas de 120 países.
En cualquier caso, el informe obra en el juzgado, que ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno el próximo 5 de junio, y el ministro ha dicho desconocer su contenido, como tampoco debía conocerlo Pérez de los Cobos, dado que, cuando los agentes actúan como Policía Judicial, solo pueden responder ante la autoridad judicial, como determina la ley.
