El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento de la tramitación de contratos de emergencia para la compra de material sanitario por parte del Sescam y la Consejería de Bienestar Social, que suman 19,4 millones de euros y están incluidos en los 152 millones adicionales destinados a la lucha contra el coronavirus.
Así lo ha dado a conocer este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, en una rueda de prensa telemática para informar de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
"Se trata de gran esfuerzo económico que va a continuar a lo largo de los próximos meses", ha destacado Fernández, quien ha hecho hincapié en el hecho de que las comunidades autónomas no han terminado de comprar elementos de protección conscientes de que hay que seguir conviviendo con la COVID-19.
Fernández ha detallado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha tramitado un paquete de 39 contrataciones, por importe de 18,3 millones de euros, para la adquisición de equipos de radiología portátiles, respiradores, casi tres millones de mascarillas, 180 camas articuladas, caudalímetros, desfibriladores, test rápidos y diverso material sanitario y de protección.
A su vez, la Consejería de Bienestar Social ha efectuado un gasto de 1.159.000 euros por esa vía de emergencia, entre el 19 de marzo y el 24 de abril, destinados a la adquisición de elementos de protección para el personal y usuarios de las residencias de mayores de titularidad pública, así como a habilitar 40 plazas de atención a personas con COVID-19 en la residencia Santo Cristo del Sahúco en Peñas de San Pedro (Albacete), ha añadido.
Por otra parte, la portavoz del Gobierno regional ha informado del desarrollo de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que se aprobaron los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que "siguen siendo los mismos que en años anteriores", de manera que a Castilla-La Mancha le corresponden 6,2 millones para 2020, ha aclarado.
La portavoz ha explicado que la región ha justificado "en tiempo y forma" estos fondos, ejecutados en más de un 97 por ciento, por lo que ha solicitado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se agilice el pago a las comunidades autónomas que han justificado la gestión.
También ha puntualizado que al decretarse el estado de alarma y quedar paralizados los plazos, las autonomías no han tenido obligación de justificarlos, pero ha incidido en que las que sí lo han hecho, no pueden estar esperando a que el resto lo haga.
Según Fernández, este dinero es "imprescindible", máxime en este momento en el que en la región se ha detectado un 60 % de aumento de llamadas a los teléfonos de atención a las víctimas de la violencia machista, 016 y 900 100 114, y en el que ha habido que reforzar los recursos acogida y las campañas en medios de comunicación.
Ha asegurado que Castilla-La Mancha no cuenta con remanente de años anteriores y ha matizado que, según la ministra de Igualdad, a las comunidades que hayan realizado la justificación se les pagará "de manera más ágil, en cuanto sea posible", una vez que el acuerdo sea aprobado por el Consejo de Ministros.
FASE 1 DE LA DESESCALADA
Por otra parte, Castilla-La Mancha solicitará pasar a la fase 1 del plan de desescalada a partir del 11 de mayo, después de que la curva de la pandemia por COVID-19 haya ha evolucionado “hacia abajo” en las últimas semanas, por lo que se ha considerado que la región está en disposición de acometerla “con toda la prudencia”.
Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno regional a preguntas de los periodistas acerca de si Castilla-La Mancha iba a realizar esta petición, para la que las autonomías tienen de plazo hasta este miércoles.
Fernández ha explicado que se ha terminado la evaluación de los indicadores que se han solicitado, relacionados con la capacidad asistencial y la vigilancia epidemiológica, “que actualmente ya cumplimos”.
En este sentido, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha bajado “mucho” el índice de contagios en las últimas semanas y está “por debajo de la media nacional en nuevos casos”.
La pandemia ha evolucionado con una curva “claramente hacia abajo”, ha asegurado la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha añadido que estos datos permiten que la región solicite pasar a la fase 1, pues ha considerado que está en disposición de acometerla “con toda la prudencia”.
Preguntada también acerca de la posición de Castilla-La Mancha en caso de que no salga adelante una nueva prórroga del estado de alarma, Fernández ha afirmado que el Gobierno regional se coordinaría con el Ministerio de Sanidad porque entiende que “esa es la forma de hacer las cosas”.
“Lo responsable es apoyar al Gobierno en esta petición”, ha subrayado la portavoz, quien ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas siguen gobernando, “pero hay decisiones que hay que colegiar, que compartir y que, en última instancia, le corresponden al Ministerio”.
“Entendemos que esto debe seguir siendo así”, ha defendido Fernández, para quien “el diálogo constante y permanente con las comunidades autónomas debe fluir porque la gobernanza en España es compartida”.
Si bien, ha incidido en que: “Si lamentablemente se impone la precipitación e irresponsabilidad de no apoyar el estado de alarma, nosotros nos seguiremos coordinando con el Ministerio”.
Ha opinado que la coordinación es “imprescindible” y ha destacado: “Hoy no importan los votos, no importa la aritmética parlamentaria, lo único que importa es la salud y la vida e inmediatamente después, la supervivencia del tejido productivo de nuestro país y de Castilla-La Mancha”.
