sábado 24/10/20

La jueza archiva la causa del 8M al no ver indicios de delito contra el delegado del Gobierno

La magistrada afirma que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria" y que nadie instó a Franco a prohibir manifestaciones
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atiende a los medios a su salida de los Juzgados tras prestar declaración
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atendiendo a los medios el miércoles a su salida de los Juzgados tras prestar declaración

La jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por supuesta prevaricación administrativa por no prohibir la manifestación del 8M ante un posible riesgo de propagación del coronavirus ha decidido archivar provisionalmente la causa al no ver suficientes indicios de delito.

En un auto, la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, concluye tras la investigación practicada que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" entre el 5 y el 14 de marzo. 

En su resolución, la magistrada deja patente la "permanente y absoluta" inactividad jurídica del delegado ante la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas que, recalca, "aumentaron el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19, es decir supusieron un riesgo para la salud pública".

Pero fundamenta que José Manuel Franco "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".

También establece que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del coronavirus COVID-19".

La jueza explica que la horquilla temporal de la investigación comienza el 5 de marzo ya que el día 2 el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitió el informe al que hace referencia la denuncia que dio lugar a este procedimiento.

Recuerda que dicho informe alertaba de la gravedad de la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 en los estados miembros de la UE, "de modo que se ha dado un margen de tres días para posibilitar que el mismo fuera conocido por las autoridades españolas".

Añade que dicha horquilla termina el 14 de marzo, por ser ésta la fecha del real decreto por el que se declaraba el estado de alarma en España ante la pandemia, cuyo artículo 7 limitaba la libertad de circulación de las personas.

La jueza aclara que el archivo es provisional y deniega la petición de la Abogacía del Estado de sobreseimiento libre, debido precisamente a esa "permanente inactividad jurídica en relación con las concentraciones y manifestaciones y el COVID-19", que se tradujo en que no "no prohibió ninguna concentración ni manifestación entre el 5 y el 14 de marzo en protección del derecho fundamental a la salud".

Y agrega que "en los expedientes en los que había tomado ya conocimiento de la concentración o de la manifestación no exigió que se adoptara alguna medida de precaución para neutralizar el riesgo de contagio".

Recuerda que las resoluciones administrativas dictadas por el delegado del Gobierno sin acordar prohibiciones o precauciones dieron lugar a que se celebraran 130 concentraciones y manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo en Madrid, "algunas con un importantísimo número de manifestantes como la del 8M".

El auto relata que a partir del 11 de marzo, cuando fue declarada la pandemia, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno llamaba telefónicamente en ocasiones a convocantes de las manifestaciones para pedirles que desistieran de celebrarlas.

"De no ser por la falta de acreditación del conocimiento previo del riesgo en virtud de notificación de autoridad sanitaria competente" por parte del delegado del Gobierno sí se debería enjuiciar un posible delito de prevaricación administrativa, motivo por el que acuerda el archivo provisional de la causa y no el sobreseimiento libre.

LAS ACUSACIONES RECURRIRÁN EL ARCHIVO

Tras la decisión de la jueza, las tres asociaciones personadas como acusación en el procedimiento contra el delegado del Gobierno en Madrid han anunciado que recurrirán el archivo provisional de la causa.

La Unión de Oficiales, asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha explicado que interpondrá el correspondiente recurso contra la decisión de la jueza de Instrucción 51 de Madrid. 

Esta entidad cree que es "prematuro cerrar la investigación" porque de las pesquisas practicadas por el instituto armado se desprende que se realizaron actos multitudinarios cuando se "tenía conocimiento del riesgo que entrañaba la celebración" de los mismos.

La asociación considera, en un comunicado, que si Franco no tenía conocimiento del riesgo de las convocatorias habría que aclarar "por qué la información no llegó hasta quienes tenían que tomar la decisión".

Y es que la Unión de Oficiales "no tiene interés en culpar a una persona concreta", pero pide que se "esclarezca la verdad" porque se lo deben a miles de personas que han perdido la vida con esta enfermedad.

Asimismo, reafirma la importancia del "meticuloso" trabajo realizado por los investigadores de la Guardia Civil, ya que, pese a los múltiples intentos de ataque, servirá como instrumento para avanzar en las pesquisas, dice.

Por su parte, José Luis Escobar, abogado de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, ha afirmado que esta instrucción va a servir para continuar el procedimiento contra el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. 

Escobar considera que la causa contra Franco se ha archivado porque "no estaba informado" de la crisis sanitaria y el encargado de trasmitir esa información era Simón. "Hay muchos datos investigados por la Guardia Civil que apuntan a Simón", ha dicho. 

Otra de las acusaciones, la Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC), representada por el letrado Víctor Valladares, ha anunciado que también recurrirá el archivo del procedimiento contra el delegado del Gobierno.

Más información en vídeos 
Comentarios