Illa niega que supiera la gravedad de la pandemia como sugiere en su informe la Guardia Civil

Por otra parte, el ministro de Sanidad asume la responsabilidad de las cifras del coronavirus
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso
photo_camera El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado este jueves que el 8M tuviera "evidencia científica" de la gravedad del coronavirus como para prohibir los actos de ese día, mientras que un nuevo informe de la Guardia Civil sugiere que el Gobierno era consciente de ello e insinúa que ha ocultado datos a la jueza que lleva el caso.

Este jueves han amainado un poco las críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil que ha presentado ya dos informes a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.

En el conocido este jueves, que subsana algunos errores del primero, la Guardia Civil ha puesto el foco en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) al insinuar que esta institución, dirigida por el doctor Fernando Simón, no ha aportado toda la información de que dispone, de manera que "podrían faltar documentos" claves para la investigación. 

Uno de los apartados del informe, que consta de 200 páginas, hace constar la sospecha de los investigadores de que el CCAES no ha aportado toda la información que dispone sobre la pandemia con anterioridad al 8M, como así lo requirió la Policía Judicial en un oficio dirigido a Simón el 16 de abril. 

Añade que "a pesar de solicitar en el oficio que participen todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 fueran efectuadas, de la documentación aportada se deduce que podrían faltar documentos en relación con dicha información". 

Por otro lado, el informe recoge las declaraciones a la Guardia Civil de varios testigos, sobre todo de trabajadores y directivos del área de Salud y de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, cuyo titular, José Manuel Franco, declara ante la juez el próximo miércoles como imputado acusado de autorizar las manifestaciones del 8M.

De las manifestaciones de los testigos, la Guardia Civil deduce que la Delegación era ya consciente a mediados de febrero de la gravedad de la COVID-19 y, de hecho, elaboró protocolos de protección ante el virus para sus trabajadores.

Pero Illa, en su comparecencia ya habitual de los jueves en el Congreso, ha defendido lo que se hizo el día 8 de marzo, porque en aquel momento "no había la evidencia científica", "al menos yo no la tenía -ha dicho- para decir que había que prohibir eso". 

"Con el 8 de marzo, yo creo que vamos un paso más allá ¿no? Porque miremos el conjunto de actos que se celebraron en Madrid, incluso después del 8 de marzo, que hubo un concierto el día 11. Entonces, vamos a ver, ¿eh?", ha respondido Illa al diputado de Vox Juan Luis Steegmann al ser preguntado sobre la autorización para la manifestación del Día de la Mujer. 

Mientras, en el ámbito judicial, un juzgado de Madrid ha rechazado por segunda vez admitir una querella contra Fernando Simón, después de que la jueza Rodríguez-Medel haya indicado también en dos ocasiones que la causa que instruye no se dirige contra él.

Aunque menos, las criticas al titular de Interior por parte de la oposición han vuelto a salpicar este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terrol, ha acusado de ser "la X del 'caso Marlaska', en referencia al caso de los GAL. 

En su opinión, lo ocurrido es "una injerencia como ninguna otra había ocurrido desde Luis Roldán en la Guardia Civil" y ha considerado que el "Viva el 8M" que ayer Pedro Sánchez dijo en el Congreso "puede perseguirle el resto de su carrera política" ya que es "toda una declaración del Ejecutivo sobre el poder judicial".

Pero desde el Gobierno siguen cerrando filas con Marlaska. Esta vez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho estar "totalmente de acuerdo" con su actuación en relación al cese del coronel, que ha justificado en "una pérdida de confianza", y ha criticado que la derecha use una "estrategia de acoso y derribo" para "embarrar" debates importantes.

CIFRAS DEL CORONAVIRUS

En otro orden, el ministro de Sanidad no ha querido "entrar en reproches" ni "echar balones fuera" en la comisión del Congreso en la que explica cada semana la evolución del coronavirus, y por eso ha asumido la responsabilidad de los datos estadísticos de la pandemia.

Desde hace unos días, las cifras diarias de la epidemia de coronavirus levantan un gran desconcierto por el contraste que existe entre las que da el Ministerio y las que facilitan las comunidades autónomas. Además, ha coincidido que este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha corregido las cifras de muertes por covid en España equiparándolas a las oficiales del Gobierno, tras haberlas elevado a casi 30.000.

Illa ha incidido en que los datos con los que trabaja su departamento son los que le proporcionan "con mucho esfuerzo" las comunidades autónomas: "Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo".

"Puede haber, y seguro que hay, algún error -ha proseguido-, pero no me parece justo", ha enfatizado el ministro sobre los ataques de Vox y el PP por los desajustes de las cifras.

Pero, ¿a qué se deben estas discrepancias? El pasado 11 de mayo, tal y como les ha recordado Illa a los diputados, entró en vigor la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de covid-19, con la que ha cambiado el sistema con el que Sanidad venía recopilando y trasladando los datos de las comunidades para adaptarlo a la evolución epidemiológica.

Y se ha cambiado porque, según Sanidad, ahora tenemos unos niveles bajos de incidencia y lo que interesa es la detección precoz de los casos para poder actuar y controlar muy rápido la transmisión.

Esa es la razón por la que se ha modificado el sistema de vigilancia, según ha dicho, y es este sistema el que está permitiendo detectar brotes locales y controlarlos de forma temprana.

Las comunidades introducen los datos, individualizados, a través de la herramienta de vigilancia SiViEs, que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III; y son esos los que usa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), del Ministerio de Sanidad, para mostrar la evolución a través de las actualizaciones diarias.

No obstante, según ha precisado el responsable del CCAES, Fernando Simón, las series van a permanecer congeladas y solo van a modificarse cuando se produzca un fallecimiento el día anterior; y así va a ser hasta que todas las comunidades consigan actualizar sus series, algo que confía que sea "cuestión de días".

Además, este jueves la OMS, que durante varios días ha reportado unas 2.700 muertes más por coronavirus en España que las informadas por el Ministerio de Sanidad, ha corregido sus cifras para equipararlas con las nacionales: 27.940 en la actualidad.

El Ministerio de Sanidad había salido al paso horas antes y había replicado que las cifras "oficiales" sobre la pandemia son las facilitadas por las comunidades al CCAES, que hasta ayer contabilizaban 27.128 muertos. 

El asunto de los datos ha estado presente durante toda la comisión, pero también se han sacado otros asuntos no tan broncos, como el premio Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios o la reserva estratégica a nivel nacional de productos críticos que incluirá desde mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2 y FPP3 y otros equipos de protección hasta pruebas diagnósticas y medicamentos.

Una reserva, que anunció la semana pasada y de la que este jueves ha dado más detalles: dará cobertura a una estimación de necesidades que se ha calculado en base a los consumos semanales declarados por las comunidades autónomas, es decir, en base a la situación vivida en esta pandemia.

Con estos parámetros, debería contar con las cantidades necesarias para poder cubrir un período mínimo de entre seis semanas y dos meses.

A estas cifras hay que sumar otras, efecto también de esta pandemia: el servicio telefónico de atención psicológica que puso en marcha Sanidad a finales del mes de marzo, conjuntamente con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, que ha atendido a 13.000 personas que han presentado malestar o estrés por la covid-19.

Del total de llamadas, un 70 % han correspondido a población en general, un 21 % a familiares y un 9 % a sanitarios, aunque proporcionalmente para estos dos últimos grupos ha habido mayor demanda, posiblemente porque se trata de los dos grupos más afectados psicológicamente por la situación creada por la pandemia.

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