El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido a los grupos de la oposición de que "no haríamos nada bien al jugar" con asuntos como el de la cifra de fallecidos por el coronavirus, tras las acusaciones al Gobierno de un posible desfase en la misma.
Lo ha hecho este miércoles durante su tercera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en la que ha contestado a las críticas de algunos grupos parlamentarios que han cuestionado las cifras de fallecidos que está ofreciendo el Gobierno.
Y lo ha hecho recordándoles el modelo de recuento que se sigue en España y que se ajusta, según ha recalcado, a los protocolos europeos, que a su vez se rigen por las directrices de la OMS: la persona que da un diagnóstico positivo de coronavirus y fallece es computada como fallecido por coronavirus.
"Eso es lo que hace el Gobierno de España y en este tema vamos a ser todos muy serios, por favor", ha incidido el ministro, después de que la diputada Concepción Gamarra, del PP, acusara al Ejecutivo de estar confirmando solo los casos de pacientes a los que se les ha practicado el test.
Gamarra ha pedido a Illa que corrija ese criterio y que se establezca un sistema que permita contemplar los que no han podido ser diagnosticados, pero cuya muerte se estima que se debe al virus.
También se lo ha reprochado el diputado de Vox Juan Luis Steegmann, que ha denunciado que la cifra de fallecidos podría ser un 75 % mayor a la que muestran los datos oficiales, y Sergio Sayas, de UPN, quien ha calificado de "alarmante" el número de muertos, y más "el que muchas comunidades autónomas digan que no son reales": en Navarra -ha comentado- pueden ser un 143 % más.
Pero al Gobierno no le han mencionado sólo en el Congreso la posibilidad de que sean más los fallecidos. Desde Valencia, la consellera de Sanidad de la Generalitat, Ana Barceló, ha reconocido que la cifra podría ser más alta de que la que oficialmente se ofrece cada día, ya que, de las personas que han muerto en sus casas y no se les ha hecho el test, el Registro Civil no informa a Salud Pública hasta tres meses después.
Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que carece de datos para afirmar si alguna comunidad está "ocultando" estos datos, pero ha advertido que ha habido "algún desajuste entre los registros sanitarios y el Registro Civil", por lo que ha ahondado en la necesidad de "casar los datos para que cuadren" y para conocer "la verdad, con toda la crudeza".
El sistema habilitado por el Ministerio de Justicia para que los registros civiles le trasladen la información sobre las licencias de enterramiento que se están dispensando se ha colapsado y se buscan nuevas fórmulas para que aquellos remitan la información.
Fuentes del ministerio han confirmado a Efe los problemas surgidos después de que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública abriera una cuenta de correo para que todos los registros del país le remitieran los datos, claves para conocer la incidencia de la COVID-19.
Las estadísticas del Ministerio de Sanidad, según han alertado administraciones como la madrileña, incluyen solo las defunciones de los casos positivos y dejan fuera los muertos en residencias y domicilios a los que no se les ha realizado la prueba.
De hecho, Justicia pedía a los registros civiles que especificaran junto a las cifras si la muerte había tenido lugar en un hospital, en una residencia o en la vivienda habitual.
Este miércoles era la fecha tope para que las comunidades informaran sobre los fallecimientos en residencias de ancianos. Cataluña ha contabilizado la muerte de 1.123 ancianos en centros de esta comunidad desde el 15 de marzo a causa del coronavirus, una cifra que supone más del 10 % del total que perdieron la vida en estos centros durante el pasado año (10.979).
El 53,2 % de estas residencias en Cataluña tienen personas contagiadas o con sintomatología compatible con la enfermedad. Actualmente en ellas, entre públicas y privadas, hay 1.906 personas que tienen diagnóstico de coronavirus.
En Madrid, del 8 de marzo al 8 de abril han fallecido 4.750 mayores en residencias por el virus en la región. De ellas 3.479 han mostrado algún tipo de sintomatología, y 781 han sido confirmados como portadores del coronavirus.
En Andalucía, el Gobierno ha dado cuenta de 177 fallecidos en residencias por este motivo desde el inicio de la crisis y ha anunciado que hará test rápidos a todos los mayores alojados en estos centros "en el menor tiempo posible" para que la pandemia no se extienda.
