El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que el recuento de fallecidos en todas las comunidades autónomas recoge a "toda aquella persona diagnosticada positivamente y que fallece", incidiendo en el caso concreto de Castilla-La Mancha que son "conformes a esta definición y correctas"..
"La definición de casos con la que estamos trabajando es una de las más exigentes y rigurosas en Europa. Toda aquella persona diagnosticada postivamente y fallece se computa como fallecido por coronavirus", ha reivindicado en rueda de prensa.
El ministro ha revelado que ha hablado con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, quien le ha constatado que las cifras de muertos en esta comunidad autónoma son "conformes a esta definición y son correctas". "Es un tema muy serio. No nos engañamos a nosotros mismos. Las comunidades autónomas proporcionan datos conforme a esta definición de caso", ha afirmado rotundamente Illa.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha informaba este lunes de que en la comunidad autónoma había un total de 965 fallecidos en la región con confirmación de estar contagiados por el coronavirus, si bien añadía a su propia estadística extraída de las licencias de enterramiento emitidas por los registros civiles de la región otros 956 casos que catalogaba como sospechosos. Esto podría suponer que el número de fallecidos que se recoge en las estadísticas oficiales está infradimensionado.
PP Y VOX PIDEN EXPLICACIONES
Por su parte, el PP y Vox han cuestionado la veracidad de las cifras de fallecidos por coronavirus que está dando a conocer el Gobierno y han pedido explicaciones en el Congreso por el modo en el que está contabilizando los datos de víctimas mortales del virus.
El PP concluye que el incremento de fallecidos respecto a las cifras que eran habituales en el mes de marzo ha sido especialmente acusado en determinadas provincias de Castilla-La Mancha, pero también en Castilla y León, arrojando en ambos casos cifras muy superiores a las registrada en la Comunidad de Madrid.
Por eso, tanto los 'populares' como Vox sospechan que el número de fallecidos por coronavirus que se recoge en las actualizaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad no concuerda con la cifra real de muertos provocados por la pandemia.
En este contexto, el PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, en la que insta al Gobierno a realizar una auditoría de la cifra de fallecidos por coronavirus en España, proporcionando con datos por provincias, con una periodicidad semanal y desglosados por rango de edad, desde el pasado 1 de marzo.
En concreto, plantean que se ofrezca, de cada provincia cifra total de fallecimientos, incluyendo todos los datos procedentes del Registro Civil y de las licencias de enterramiento; la cifra esperada de fallecimientos según la estadística MoMo (el sistema de monitorización de los excesos de la mortalidad diaria por todas sus causas); la cifra de fallecidos por Covid-19 y registrados como tales en la contabilidad que realiza el Ministerio de Sanidad, y de la fallecidos con síntomas compatibles con la COVID-19 pero que no se han podido contabilizar como víctimas de la enfermedad.
LA VERDAD, PRIMERA MEDIDA HIGIÉNICA
El Grupo Popular recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud, solo se pueden contabilizar como positivos aquellos casos de coronavirus respaldados por una confirmación de laboratorio. Pero, como "el Gobierno de Sánchez aún no ha sido capaz de proporcionar las herramientas necesarias para que se lleven a cabo los tests en todos los casos requeridos", muchas defunciones causadas por el virus no se están contabilizando correctamente.
"El PP considera que la verdad debe ser la primera medida higiénica contra el coronavirus. Contar con datos fiables y de calidad contrastada no es solo una ineludible exigencia democrática, es también un requisito imprescindible para el diseño de una eficaz estrategia de salida del confinamiento", argumentan en su iniciativa.
Por su parte, Vox ha analizado pormenorizadamente los datos de Castilla-La Mancha y ha concluido que "la distorsión de datos publicados por el Gobierno durante el estado de alarma ocultan entre un tercio y la mitad de los fallecidos" en esta comunidad y "potencialmente toda España", lo que, remarcan "supera cualquier potencial margen de error".
18.800 MUERTOS PARA EL 14 DE ABRIL
"La extrapolación de los datos oficiales de fallecimientos, realizados por nuestros peritos, y a fecha 14 de abril podrían llevarnos a una cifra aproximada de 18.800 fallecidos en toda España a esa fecha por COVID-19. Pero si aplicamos a estos datos a una mera secuencia matemática, y aplicamos la misma distorsión ya confirmada en las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, y los datos ciertos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para las cifras nacionales, podríamos estar hablando de una cifra aproximada de 24.000 fallecidos en toda España para el 14 de abril, al acumularse a la extrapolación de datos oficiales la ocultación de datos en su máximo previsible", explican desde Vox.
Por ello, el portavoz de Sanidad, Juan Luis Steegmann, y los también diputados Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Juan Luis Steegmann y Manuel Mariscal han registrado una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso para saber cuántos fallecidos ha dejado de contabilizar el Gobierno en Castilla-La Mancha y en resto de España por no recoger las estadísticas provenientes de otras fuentes oficiales.
También quieren saber si se ha ocultado "conscientemente" el número real de fallecidos directamente por coronavirus, si se ha retrasado la difusión de los datos que ya constan en los registros de fallecimientos de semanas anteriores y por qué se ha actuado así.
"¿SABE SUMAR EL GOBIERNO?"
"Si la extrapolación matemática, dado el ritmo actual, a una semana vista de las cifras oficiales llevaría a una cifra de fallecidos "oficiales", de 18.800, y esto llevaría a una cifra potencial de 24.000 fallecidos para el 14 de abril: ¿Va a seguir ocultando el Gobierno el potencial fallecimiento de cerca de más de 5.000 personas para el 14 de abril?", reza otra de sus preguntas.
Asimismo, los diputados de Vox se interesan por si el Gobierno maneja alguna estadística sobre los fallecidos por otras causas tratables, "pero que no han podido ser atendidos ante el colapso sanitario" y si considera que todas las instituciones con datos disponibles deberían seguir el ejemplo de "transparencia" del que ha hecho gala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
"¿Sabe sumar el Gobierno? ¿Sabe sumar su comité de expertos? ¿O bien ocultan las sumas que sí han hecho al conjunto de la ciudadanía? ¿Va a pedir el Gobierno perdón por ocultar información a los españoles? ¿Va a asumir y depurar responsabilidades de quienes han realizado tamaño engaño a los españoles?", concluye la batería de preguntas registrada por los de Santiago Abascal.
ESTUDIO DE INMUNIDAD
En otro orden de asuntos, el ministro de Sanidad ha avanzado que el estudio que estimará la inmunización de la población española frente al Covid-19 comenzará "la semana que viene, lo antes posible", analizando a una muestra de 60.000 personas en dos oleadas, ambas de 30.000 personas.
Illa ha detallado que este estudio de seroprevalencia "ya está encargado" y va a ser liderado por la directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti. El Instituto Nacional de Estadística (INE) colaborará con la selección de la muestra aleatoria de ciudadanos que van a ser testados.
El estudio tendrá un periodo de ejecución de tres semanas y se va a realizar con test rápidos. "Le damos mucha importancia, nos va a permitir ver el grado de expansión del virus en la sociedad española", ha comentado Illa.
Sobre el tamaño de la muestra, ha indicado que "se ha dimensionado conforme al criterio de los técnicos". "Piensan que es una muestra suficiente para dar una primera informaicón con respecto a la expansión del virus. Cumple con los requisitos que los técnicos han diseñado", ha añadido.
Este estudio se enmarca dentro de la siguiente fase en la lucha contra el coronavirus, conocida como "desescalada o transición", una vez se está controlando el aumento de casos y muertes en muchas comunidades autónomas. Estos test serológicos se aplicarán a la población general para saber si ya ha pasado la enfermedad y comprobar qué porcentaje de españoles ya es inmune, con el objetivo de que ayude a ir relajando las restrictivas medidas de distanciamiento social.
Según un estudio del Imperial College de Londres (Reino Unido), en España podría haber alrededor de siete millones de inmunizados, de acuerdo con sus estimaciones.
QUE NO SE RELAJE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
Por otra parte, el ministro de Sanidad ha pedido a los ciudadanos españoles que no relajen el cumplimiento de las restrictivas medidas de movimiento y distanciamiento social impuestas por el estado de alarma frente al Covid-19, a pesar de que los datos de número de contagiados y muertos diarios se están reduciendo en los últimos días.
"Es verdad que los datos confirman el objetivo de ralentización, es verdad que el Gobierno está empezando a evaluar distintos escenarios de transición, pero no quisiéramos que estas dos noticias llevaran a un relajamiento. Estamos todavía en una fase de hacer descender la curva. Esto sigue exigiendo un cumplimiento riguroso de las medidas decretadas por el Gobierno. Mínimo quedan quince días de exigencia", ha recordado Illa durante la rueda de prensa.
En este sentido, ha comentado que la situación del coronavirus en España es todavía "dura y exigente". El ministro ha insistido en que el Gobierno está contemplando "todas las opciones" y "no ha decidido nada" sobre las medidas que se pondrán en marcha en la fase de transición. "Lo único que podemos confirmar son los criterios: máxima prudencia; basados siempre en evidencia científica, que no proporcionan certeza absoluta pero sí información valiosa; máximo respeto a los derechos y libertades; y anticiparnos lo más posible a futuros escenarios", ha indicado.
El ministro ha reiterado que las medidas del Gobierno sobre confinamiento están funcionando. "El incremento de casos hoy es del 4 por ciento, ayer del 3 por ciento, y hace una semana del 11 por ciento. La comparación semanal es una reducción de siete puntos. Esto confirma que estamos en la fase de ralentización. Pensamos que las cifras vienen confirmando este objetivo", ha apuntado.
Illa ha afirmado, como lo ha hecho en anteriores intervenciones, que el Ministerio está revisando la orden que fija el retorno de profesionales sanitarios que han estado en aislamiento por coronavirus a los siete días a su puesto de trabajo. "Es una guía de actuación en revisión permanente. Se ha adoptado una primera propuesta en base a criterios internacionales. Se está revisando para proporcionar la máxima garantía de protección al personal sanitario", ha detallado Illa, quien ha hecho un "reconocimiento" a los profesionales sanitarios, y en concreto a los enfermeros, con motivo del Día Mundial de la Salud.
Ha informado de que este lunes se celebró por videoconferencia uan reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en la que hizo, junto con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, una "valoración" de la situación en España del Covid-19.
"La coincidencia generalizada era la constatación de la disminución de presión en urgencias y UCI en la inmensa mayoría de CCAA, siempre tomando esto con mucha precaución", ha señalado Illa, quien ha avanzado que se realizarán dos reuniones semanales del CISNS, y que la próxima será "muy probablemente" este jueves.
Ha informado igualmente de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Santiarios (AEMPS) ha autorizado dos nuevas investigaciones clínicas para el desarrollo de equipos de ventilación mecánica asistida, y hay "en estudio" otros estudios que también podrían ser aprobados.
Por último, Illa ha anunciado que el Ministerio está "estudiando y analizando" emitir una orden sobre buenas prácticas en publicidad sanitaria. "Es necesaria una máxima transparencia informativa. Estamos en un momento muy delicado, en una situación sin precedentes. Vamos a estudiar si es necesario, con criterios deontológicos", ha valorado.
De la misma forma, el ministro ha insistido en que desde el Gobierno "siempre" se ha colaborado "de forma estrecha" con las comunidades autónomas en la compra de suministro médico de seguridad. "Hay una colaboración total para ayudar a las CCAA, complementando su acción de compra y ayudando a que sus suministros lleguen lo antes posible", ha agregado.
