La petición de la Fiscalía de Madrid de archivar la investigación contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo ha dado este lunes un respiro al Ejecutivo, que se encuentra inmerso en terminar de perfilar el decreto sobre la "nueva normalidad".
En esta jornada en la que ya más de la mitad de los españoles están en fase 3 de la desescalada y muchas comunidades autónomas ven ampliadas sus competencias y deben tomar decisiones sobre los siguientes pasos a dar, el Gobierno está haciendo importantes cambios sobre el borrador de la norma que regulará la salida de la alarma.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Efe que serán muchas las modificaciones con respecto al borrador que se conoció el pasado viernes, porque se están incluyendo aportaciones de las comunidades autónomas. Moncloa, además, negocia ya con los partidos el apoyo al decreto que mañana aprueba el Consejo de Ministros.
Este lunes la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a la jueza que archive la investigación que tiene abierta contra José Manuel Franco, por la autorización de la manifestación del 8M.
El Ministerio Público hace un recorrido por los diferentes informes y recomendaciones publicados antes del 8 de marzo y concluye que "pretender" que el delegado del Gobierno conocía que si hubiera tomado otra decisión habría evitado contagios exponenciales o salvado miles de vidas es "prácticamente inverosímil".
Una tesis que coincide con la defensa que ha hecho el Gobierno en todo momento sobre la celebración del 8M frente a las acusaciones de la derecha.
"En política no vale todo", ha dicho tras conocer la decisión del fiscal la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha vuelto a reprochar a quienes han pretendido "culpar a una manifestación feminista del contagio" masivo del coronavirus.
Montero ha señalado que espera que la Justicia "haga su trabajo" y ha insistido en criticar a quienes intentan "demonizar al movimieno feminista" asociándolo directamente con la propagación de la pandemia.
El Gobierno ha recibido esta noticia en una jornada en la que trabaja a contrarreloj para cerrar el texto del decreto que regulará la "nueva normalidad" que mañana tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros.
Según las fuentes consultadas, son muchos los cambios que va a sufrir el borrador con el que se había trabajado, dadas las aportaciones de comunidades autónomas que se han decidido incluir.
Además habrá posiblemente aportaciones de partidos con los que el Gobierno ya negocia la convalidación de este decreto en el Congreso.
Ciudadanos decidirá si apoya el decreto cuando el Gobierno responda a sus demandas de incluir en esta norma "mejoras" relacionadas con la protección de la salud y para "potenciar la prudencia", relacionadas entre otras cosas con el uso de las mascarillas, según ha apuntado el portavoz adjunto de este partido en el Congreso, Edmundo Bal.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también ha confirmado las conversaciones "bastante avanzadas" de su partido con el Gobierno sobre el decreto que se aprueba mañana, y que dejará la gestión de la nueva normalidad, "en su mayor parte", en manos de las comunidades.
Ha recordado además que el propio Sánchez dijo que "las comunidades autónomas deciden entrar en la nueva normalidad desaparecen los obstáculos para la movilidad, les corresponde a ellas decidir".
El PP ha advertido este lunes de que el Gobierno no contará con su "silencio cómplice" en esta nueva etapa. Así lo ha subrayado el líder de los populares, Pablo Casado, para quien lo que pretende el Ejecutivo es imponer su "vieja anormalidad", con su programa de Gobierno y sus alianzas y su apuesta por la "crispación".
Casado ha instado a su partido a no "desaprovechar" el "capital" que ha dejado esta crisis y ha instado a convertir ese sufrimiento en la "tierra fértil" de un nuevo tiempo.
Vox, por su parte, ha señalado que España está "al borde del colapso económico" mientras el Gobierno sigue "enredado en cuestiones ideológicas" y ha iniciado una campaña en redes sociales para animar al consumo de productos nacionales.
No espera el Gobierno, en cualquier caso, que la derecha apoye el decreto que tiene previsto aprobar mañana junto a otra norma importante prometida por la coalición de PSOE y Podemos: la Ley de Protección Intergral de la Infancia y la Adolescencia.
