El Día de Castila-La Mancha, el 31 de mayo, será un día de duelo oficial por las víctimas del coronavirus, por lo que no habrá grandes fastos como en ocasiones anteriores sino que el de este año será un acto sencillo y sentido de homenaje a los afectados y al personal esencial que ha estado "en primera línea" batallando contra el virus.
La consejera de Igualdad y portavoz del ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha comparecido en rueda de prensa telemática tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha explicado que al acto institucional del Día de la Región ni siquiera asistirá todo el gobierno, sino que estarán presentes una veintena de personas para cumplir con las medidas de seguridad frente al contagio del coronavirus.
Para expresar el duelo de la región, el acto empezará con un izado de banderas a media asta, "que es lo que sienten nuestros corazones que están de luto", ha dicho Fernández, quien ha explicado que asimismo se rendirá homenaje, además de a las víctimas y familiares, a personal sanitario, de limpieza, los cuerpos y fuerzas de seguridad, a quienes han llevado comida y medicinas a lugares recónditos durante el confinamiento, a los que han cuidado de las personas mayores, a los transportistas y a los agricultores, a todo el personal que ha sido imprescindible durante la pandemia.
Gracias a todas estas personas, ha resaltado Fernández, "hemos podido educar a nuestros hijos y alimentarnos", son labores que siempre son esenciales y en estos días han demostrado ser más esenciales.
CRÍTICAS DEL PP
Por otra parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado que el PP regional esté "utilizando el dolor y la tragedia" que causa la pandemia de coronavirus para desgastar al ejecutivo "como si hubiese elecciones mañana".
En su comparecencia, Fernández ha respondido a preguntas de la prensa sobre ese tema al cumplirse este martes un año de las elecciones autonómicas.
La portavoz ha señalado que el virus es "enemigo de toda la sociedad" y pensaban que podría servir para unir a los partidos y luchar de manera conjunta, sin embargo, el PP, ha dicho, pese a tener esa puerta abierta, "parece que no la va a cruzar".
El PP, ha continuado, ha optado por las "críticas, los bulos y las fake news" para restar energías al gobierno y ahora, "con la crisis que se viene encima, opta por la confrontación" que, según Fernández, es "inútil para los ciudadanos".
INFORME DEL MINISTERIO
De otro lado, ha resaltado el informe del Ministerio de Sanidad que reconoce, ha dicho, el "enorme esfuerzo" que ha hecho la región en capacidad diagnóstica de COVID-19, y valora la actuación de la Atención Hospitalaria y la Primaria en el seguimiento de los contactos de los contagiados de coronavirus, así como el sistema de detección precoz y la elevada proporción de pruebas de PCR que se realizan a las personas que van al hospital para otras patologías distintas al COVID.
También ha destacado la portavoz que muchos profesionales están eligiendo como destino para trabajar Castilla-La Mancha porque ofrece mejores salarios y condiciones laborales, dentro de la estrategia para reforzar el sistema de salud, así como que una consultora haya situado a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad autónoma que informa de manera más transparente y completa sobre el coronavirus.
Sobre el cambio del Ministerio en la contabilización de los datos de víctimas de COVID-19, que deja en Castilla-La Mancha 152 muertos menos, ha dicho que el Gobierno regional piensa que los datos que viene ofreciendo son reales y están muy trabajados y ajustados.
Fernández ha señalado que no cree que el Ministerio trate de ocultar datos, sino que busca homogeneidad entre las comunidades autónomas y con el resto de Europa.
LEY DE PATRIMONIO
En otro orden, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración en su reunión de este martesoy el anteproyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se remitirá de manera inmediata al Consejo Consultivo para su informe y posterior presentación en la Cortes regionales.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional ha explicado que esta norma surge para dar respuesta a la necesidad de una nueva ley para la gestión y administración del patrimonio que sustituya a la actual ya que, desde su promulgación, se han producido cambios significativos tanto en el ámbito normativo como en la configuración del patrimonio.
El patrimonio general de la Junta de Comunidades se regula por la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y su reglamento de desarrollo de 1986, fue aprobado en el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de manera que los 30 años que han transcurrido desde su promulgación hasta hoy hacen que se haya quedado obsoleta en relación a las circunstancias actuales y que por tanto sea necesaria esta nueva regulación.
Los objetivos que se pretenden con la nueva regulación son actualizar la normativa patrimonial al marco normativo de carácter administrativo en el que se inserta la legislación patrimonial que también ha sufrido una transformación de gran alcance al afectar a tres leyes: la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y reglamento de desarrollo de 2009; la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y las leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público 39/2015 y 40/2015.
En segundo lugar, esta nueva ley tendrá como fin acomodar el contenido de la norma a las circunstancias actuales de la gestión patrimonial, incorporando nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones reguladoras del patrimonio público.
El anteproyecto de Ley consta de 139 artículos, divididos en siete títulos, 10 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria y 4 disposiciones finales, lo que supone más del doble de artículos de los que tiene la actual normativa. Por tanto, dada la dimensión del texto respecto a la norma anterior, la mayor parte de su contenido puede considerarse novedoso.
Fernández ha dicho que con esta ley la región contará con el instrumento idóneo para llevar a cabo una gestión eficaz del patrimonio regional, que "en definitiva es el patrimonio de toda la ciudadanía castellano-manchega y que cuenta con 7.255 inmuebles o 2.262 vehículos, por poner algún ejemplo”.
