El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado que antes del 8 de marzo no había "ningún elemento" para prohibir la manifestación del Día de la Mujer, ya que no tuvo constancia de la incidencia de la pandemia hasta unos días después, y siempre se cumplió la ley.
Franco ha declarado este miércoles como imputado por un delito de prevaricación, por permitir actos del 8M cuando ya había contagios de coronavirus, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que ha dirigido un interrogatorio en el que el delegado ha respondido las preguntas de todas las partes durante casi una hora y media, han informado fuentes jurídicas.
Sus argumentos han sido similares a los defendidos luego, como testigos, por tres miembros de su gabinete: el secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
"En absoluto puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento, que me llevase a prohibir el ejercido de un derecho fundamental, además cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con un derecho fundamental", ha sostenido ante la jueza, según ha relatado los periodistas a la salida de los juzgados.
Rodeado de decenas de periodistas, muchos de ellos sin guardar la distancia de seguridad para poder tomar las declaraciones aunque todos con mascarillas, Franco ha incidido en que "por su puesto no estaba acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos del 9 de marzo tuvieran relación con la manifestación del día 8, porque el coronavirus tarda en manifestarse catorce días".
"Se hizo lo que en ese momento marcaba la ley y lo que nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer", ha aseverado el delegado.
Sobre los duros informes que la Guardia Civil ha remitido al juzgado que consideraban que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación en Madrid y apuntaban que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ocultó información.
Desde el "respeto" a la Guardia Civil y a la Justicia, Franco ha reconocido no estar de acuerdo con dichos informes y se ha reservado su opinión acerca de si la juez está encabezando una "causa general" contra la gestión de la pandemia por el Gobierno, como le ha reprochado la Abogacía del Estado: "Me gusta ser cauto".
En la declaración, que ha transcurrido en tono cordial y en la que el delegado ha podido extenderse en las respuestas, según han informado fuentes jurídicas, Franco ha asegurado que no recibió nunca un correo de la sección de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación en el que se proponían consejos para evitar la propagación del coronavirus, y ha incidido en que no su puesto no tiene competencias sanitarias.
Ha reconocido que antes del 8 de marzo tuvo conocimiento de algunos avisos sobre la propagación del coronavirus publicados por la Comunidad de Madrid, pero no eran resoluciones, y nunca recibió ninguna recomendación por parte de las autoridades sanitarias competentes, según han precisado otras fuentes presentes en la declaración.
Los miembros de su gabinete también han defendido que se cumplió la ley y el responsable de Seguridad Ciudadana ha reconocido que se hicieron llamadas a algunos organizadores de concentraciones o manifestaciones para fechas posteriores al 8M para recomendarles que las desconvocaran por posibles contagios, precisando que es una práctica "frecuente" cuando se detecta algún riesgo en las convocatorias.
El letrado de Unión de Oficiales -asociación de mandos de la Guardia Civil que ostenta la dirección letrada de la causa-, Jesús Martín Vázquez, ha defendido que el delegado debe responder por el delito de prevaricación, ya que su puesto si conlleva decisiones de ámbito sanitario, y ha anunciado que pedirá una batería de diligencias "para saber la verdad".
También ha asistido a la vista la asociación de consumidores Juan de Mena, personada en la causa, pero no el letrado del denunciante, Víctor Valladares, por un problema con los documentos que debía de presentar.
Este jueves declararán ante la magistrada, como testigos, varios representantes de estos colectivos que finalmente cancelaron actos previstos para los días siguientes al 8M, además de cinco trabajadores de la Delegación.
La magistrada tomara declaración por la mañana a los jefes de servicio y sección del departamento de Seguridad Ciudadana y a dos auxiliares administrativas, además del jefe de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, quien ya declaró ante la guardia civil que la manifestación del 8-M no se debería haber celebrado.
La juez también ha citado a Javier Gómez Ochoa, de la Federación de Construcción y Servicio de CCOO; a Antonio García Edwards de Anonymus for de Voiceless Animal Save, y a Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja.
Por la tarde será el turno de los convocantes de otras siete protestas en Madrid que recibieron llamadas de la Delegación del Gobierno para conocer si iban a desarrollar sus manifestaciones. Actos que finalmente fueron cancelados por la crisis sanitaria.
