El Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar como proyecto de ley el decreto presentado por el Gobierno para adoptar medidas complementarias en agricultura, ciencia y otras materias de tipo económico, con vistas a paliar los efectos del COVID-19.
Un total de 344 diputados han votado a favor y cinco se han abstenido en la votación para tramitar esa norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que da a los grupos parlamentarios un plazo más abreviado del normal para poder aportar enmiendas al texto.
Previamente, la convalidación del decreto ha salido adelante con 289 votos favorables y 60 abstenciones.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este miércoles el paquete de medidas acordadas el pasado 26 de mayo por el Consejo de Ministros, que ha calificado de "imprescindibles" para afrontar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales.
Planas ha llamado a aprobarlo para "impulsar la reactivación de la economía y dar garantías de que el conjunto de normas sean complementadas de forma adecuada", permitiendo los "mejores resultados colectivos" en la nueva fase que se abre.
Entre las medidas, figuran la prórroga durante tres meses, hasta el 30 de septiembre, de la flexibilización para cubrir el empleo temporal agrario y la facilitación de un permiso de trabajo de dos años, prorrogables por otros dos, a jóvenes extranjeros empleados en el campo y en situación regular.
"Ni una sola tarea agraria ha quedado por hacer por falta de trabajadores dispuestos a ello", ha destacado el ministro de Agricultura, quien ha dado por "alcanzado" el objetivo por el que se impulsó el decreto que facilitaba la contratación de mano de obra para las campañas agrícolas.
Respecto a la batería de medidas de índole económica, tributaria y de empleo, Planas ha destacado el aumento de tres a cuatro meses del periodo de aplazamiento sin intereses de impuestos para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.
Se introducen adaptaciones para la presentación de la declaración del impuesto de sociedades y se permite retrasar hasta septiembre la publicación de la lista de deudores de la Agencia Tributaria.
También se suspende la obligación de las fundaciones bancarias de realizar dotaciones al Fondo de Reserva este año y se incluyen en la legislación los contratos de arrendamientos financieros para conceder moratorias por la crisis sanitaria.
Además de modificar otras normas de pesca y de la Seguridad Social en la agricultura, el decreto amplía la cobertura al personal de los centros sanitarios que haya contraído el coronavirus para que sus prestaciones se consideren contingencia profesional derivadas de accidente de trabajo, un "mínimo reconocimiento a su labor", según Planas.
La norma autoriza la suscripción de avales en el marco del apoyo europeo para atenuar los riesgos de desempleo por la crisis y aprueba un préstamo de 16.500 millones a la Tesorería General de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de unos 14.000 millones para equilibrar el impacto derivado de la pandemia.
En telecomunicaciones, se levanta la suspensión de la portabilidad telefónica, al tiempo que se facilita un procedimiento para el abono de los impagos a las operadoras de forma flexible.
Incluye la constitución de un consorcio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía en relación a un proyecto de fusión; se modifica la ley para hacer posible los acuerdos entre el Ministerio de Interior, sindicatos de Policía y Guardia Civil sobre retribuciones; y se reconoce a los artistas en espectáculos públicos el acceso extraordinario a prestaciones por desempleo.
Durante su intervención en el pleno, la mayoría de los grupos parlamentarios ha avanzado el sentido del voto.
El diputado popular Celso Delgado se ha mostrado a favor de la tramitación como proyecto de ley, tras haber comprobado que se han "rectificado" algunas decisiones, aun sin estar de acuerdo con todo el contenido: "Todos estamos obligados a trabajar para que las negras previsiones no se cumplan".
El diputado socialista Manuel González Ramos y el de Unidas Podemos Javier Sánchez han defendido el contenido del paquete legislativo como socios de Gobierno.
Por parte de Vox, la diputada Mireia Borrás lo ha criticado por ser un "cajón de sastre", con medidas "insuficientes y contradictorias", acusando al Gobierno de generar una "enorme incertidumbre" con sus normas y facilitar el permiso laboral de jóvenes inmigrantes, "cuando no hay trabajo ni dinero" en España.
El grupo republicano ha anunciado que votaría a favor de la tramitación como proyecto de ley, y el grupo parlamentario vasco ha manifestado estar a favor de su convalidación, al margen de "pequeñas matizaciones".
Ciudadanos ha criticado algunas de las medidas incluidas en la iniciativa, sin especificar el sentido de su voto, mientras que desde los grupos parlamentarios mixto y plural ha habido división entre quienes se han mostrado a favor de la convalidación, han apoyado la tramitación o han preferido abstenerse.
