El Gobierno de Castilla-La Mancha comenzará el próximo mes de junio el diseño y la tramitación de una auditoría general en residencias de mayores, que va a servir de base a un modelo residencial “avanzado” y que se va a encargar a un grupo de expertos para hacer una valoración “exhaustiva” de los indicadores relacionados con la calidad en la gestión de los centros residenciales.
Así lo ha avanzado este jueves la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en una rueda de prensa telemática previa a su comparecencia en Comisión en las Cortes regionales para dar cuenta de la gestión de la pandemia que se ha realizado desde este departamento.
Sánchez ha explicado que esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica y Social de Castilla-La Mancha, las cuales ha considerado “imprescindibles” en este momento.
La titular de Bienestar Social ha precisado que el grupo encargado de esta auditoría estará integrado por expertos en materia social, sanitaria, arquitectónica y económica y ha dicho que va a suponer “una oportunidad para poder desarrollar el auténtico modelo de atención centrado en la persona”, es decir, en los derechos de los mayores, sus decisiones, valores y cuidados.
De esta manera, se podrán detectar todas las “dificultades y deficiencias” que ha podido haber en los centros residenciales, “a pesar de todo el esfuerzo que han hecho”, ha remarcado.
Sánchez también ha destacado que el Gobierno regional va a poner a disposición de los profesionales, familiares y residentes un programa de intervención psicosocial “para reparar el daño emocional, las heridas y las secuelas de esta crisis”.
“Vamos a pedir la colaboración de profesionales del tercer sector, especialistas en intervenciones psicológicas y sociales, para poder atender cualquier necesidad personal y emocional que pueda tener un familiar, profesional o residente de estos centros, fundamentalmente de las residencias de mayores”, ha asegurado.
Asimismo, la consejera ha repasado las medidas de carácter urgente que se han puesto en marcha en este tiempo para adaptar los servicios, programas y centros con el fin de dar respuesta a los colectivos más vulnerables y de mitigar las consecuencias de la pandemia.
Medidas encaminadas a proteger a los profesionales y usuarios de los 737 recursos residenciales que hay en Castilla-La Mancha y que, como ha especificado, se dividen en 379 centros residenciales de mayores, 155 viviendas de mayores, 131 centros residenciales de personas con discapacidad y 72 de menores y en los que trabajan más de 22.000 personas.
La titular de Bienestar Social ha resaltado que ha sido necesario el apoyo de las Administraciones Públicas y de particulares para surtir de material de protección a los empleados y usuarios de estos recursos, así como aumentar la plantilla de personal.
Ha especificado que en los centros propios de la Consejería se han realizado 548 contrataciones y que se ha creado una bolsa de trabajo social con cerca de 500 ofertas de empleo y más de 4.800 personas inscritas.
Durante el debate con los grupos parlamentarios, Sánchez también ha recordado que se ha puesto en funcionamiento un Plan de Inspección Específico de residencias de mayores, que hasta el momento ha evaluado a 103 centros, aunque ha incidido en que el objetivo es llegar al “cien por cien”.
En el área de discapacidad, ha hecho hincapié en que se han reforzado los servicios de teleasistencia, con un plan de seguimiento telefónico “intensivo” y más de 135.000 actuaciones, especialmente entre las personas que viven solas.
Igualmente, ha afirmado que no se ha dejado de prestar la ayuda a domicilio, con un protocolo coordinado entre sanidad y bienestar social que ha cubierto las necesidades básicas de los 22.086 usuarios del servicio, y ha subrayado el refuerzo de los servicios sociales de Atención Primaria con 156 dispositivos móviles para facilitar la intervención de los profesionales en los pequeños municipios.
La consejera, visiblemente emocionada al inicio de su intervención, ha indicado que es la comparecencia “más difícil y dolorosa” que iba a tener que realizar y ha agradecido a las entidades del tercer sector y a los trabajadores de todas las áreas de bienestar social su compromiso y colaboración durante la pandemia.
AYUDAS DE EMERGENCIA EXCEPCIONAL
En otro orden, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido ya más de 7.300 solicitudes de ayudas de emergencia excepcional para personas en situación de dificultad económica y social, que tienen la finalidad de cubrir necesidades básicas como consecuencia de la crisis por COVID-19.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera durante la rueda de prensa previa a la Comisión, en la que ha recordado que las ayudas de emergencia excepcional puestas en marcha por el Gobierno regional van a dar respuesta a las necesidades económicas y sociales de 13.000 familias y se prevé beneficiar con ellas a 40.000 personas.
El decreto, publicado recientemente, está dotado con 14 millones de euros y, en este momento, las solicitudes registradas alcanzan ya las 7.376, ha detallado la consejera en la Comisión, quien ha añadido: “Nos queda la tranquilidad de que están dando respuesta a necesidades vitales de muchas familias y que van a servir de transición para el ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno de España”.
La titular de Bienestar Social ha destacado la urgencia que requería la puesta en funcionamiento de este decreto para las personas que no tenían cubiertas sus necesidades básicas y, en este punto, ha incidido también en el papel que han tenido las entidades sociales que han colaborado con el Ejecutivo autonómico, a las que ha mostrado su agradecimiento.
El plazo de solicitud de estas ayudas permanecerá abierto hasta el 31 de julio.
