El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio año de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos, una sentencia a la que Torra responderá pidiendo el Parlament que lo ratifique.
En su sentencia, la primera condena a un presidente de la Generalitat en activo, el TSJC considera que Torra incurrió en un delito de desobediencia por negarse de forma "recalcitrante" a obedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de edificios públicos en período preelectoral, cuestión de la que además, según la sala, hizo "alarde público".
La condena a año y medio de inhabilitación para cargo público local, autonómico, estatal y europeo -a lo que se suma una multa de 30.000 euros y el pago de las costas del juicio con la excepción de las de la acusación popular de Vox- no implicará el cese inmediato de Torra como presidente de la Generalitat, dado que aún no es firme.
De hecho, el presidente catalán ha anunciado ya que recurrirá la sentencia ante el Supremo -tribunal que suele tardar unos 9 meses en resolver las apelaciones por condenas de desobediencia-, y mientras tanto no podría presentarse a unas eventuales elecciones, porque se lo impide un artículo de la Ley Orgánica de Régimen Especial General (LOREG).
En los próximos meses, es probable que el presidente catalán tenga que hacer frente a otro proceso judicial por desobediencia, después de que la sala contenciosa del TSJC presentara una nueva denuncia contra él por desoír su requerimiento para que retirara del Palau de la Generalitat la pancarta de apoyo a los presos -que se descolgó, ya fuera de plazo-, para garantizar la neutralidad del edificio siempre, no solo en período electoral.
Tras conocerse la sentencia, Torra ha comparecido en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat y, en una declaración institucional sin admitir preguntas, ha censurado la condena por considerarla una "puerta abierta a la desmesura, el autoritarismo y contra la libertad de expresión".
Por ese motivo, ha anunciado que pedirá a los grupos del Parlament que lo ratifiquen en el cargo para que sea la cámara catalana la que lo "reafirme en su dignidad democrática" y deje claro "dónde reside la soberanía del pueblo de Cataluña".
Además del recurso al Supremo, Torra -que ha comparecido arropado por sus consellers-, ha explicado que su defensa llevará su caso a instancias europeas, precisamente el día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado.
La condena a Torra ha suscitado las críticas unánimes del soberanismo: el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que lo relevaría en el cargo si la inhabilitación fuera firme, ha considerado "absolutamente injusta" la sentencia y ha afirmado que el Govern está "a su lado".
Por su parte, el vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, ha considerado que es "una sentencia de represalia" y una muestra "de la deriva antieuropea de la justicia española".
También, desde las filas independentistas, la CUP ha denunciado la "deriva autoritaria" del sistema judicial y la "persecución de la disidencia política", al tiempo que la Asamblea Nacional Catalana ha afirmado en un comunicado que el fallo es "un ejemplo del uso de la judicatura para reprimir políticamente a las instituciones catalanas".
Por el contrario, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha pedido la dimisión de Torra y la convocatoria de elecciones.
Por su parte, a alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha opinado que la inhabilitación de Torra es una muestra del "error de judicializar la política" y "un fracaso" que "nos aleja de la solución", mientras que la presidenta de los comunes en la cámara catalana, Jéssica Albiach, ha calificado la sentencia de "mala noticia" por un hecho como el de los lazos que ve "simbólico".
