El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central en funciones a la ley de Castilla-La Mancha que reduce de 37,5 a 35 horas semanales la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta, con lo que esta medida queda en suspenso de forma cautelar.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha recibido esta mañana la confirmación de la admisión a trámite del recurso, que afecta a cerca de 70.000 empleados públicos, incluido profesorado y personal sanitario, según han desvelado a Efe fuentes de este departamento.
De este modo, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto, queda sin efecto la ley aprobada en Castilla-La Mancha que se aplica desde el 1 de enero 2016 y que también incluye la posibilidad de ampliar la edad de jubilación del personal funcionario más allá de los 65 años.
El acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso Efe, determina un plazo de quince días para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, las Cortes regionales, el Congreso de los Diputados y el Senado puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Además, establece que la suspensión de la jornada de 35 horas semanales se aplicará una vez que este acuerdo sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno central aprobó el pasado 15 de abril la presentación del recurso e invocó el artículo 161.2 de la Constitución, que conlleva la automática suspensión de los artículos impugnados.
La suspensión no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión y el Tribunal deberá levantarla o ratificarla en cinco meses si antes no ha decidido al respecto.
El Gobierno recurrió esta sentencia al entender que la normativa aprobada contraviene lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales para el año 2012, dictada con carácter básico, que establece que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual.
Según explicó el Ejecutivo, recurrió al Constitucional después de que la negociación en la comisión bilateral entre el Gobierno central y el autonómico fuera "infructuosa" y tras avalar el Consejo de Estado que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponerlo.
EL GOBIERNO DE CLM CONVOCA DE URGENCIA LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Tras la suspensión, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha convocado este miércoles de urgencia a los sindicatos de la función pública para informar del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.
El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha convocado a todos los sindicatos con representación de los 68.000 empleados públicos de la administración regional a una reunión informativa tras haber admitido a trámite el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Rajoy, ha informado la Junta en un comunicado.
Con esta convocatoria el Gobierno regional quiere que sean los representantes de los empleados públicos los primeros en ser informados de los trámites que llevará a cabo el Ejecutivo tras la admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional.
Ruiz Molina trasladará a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Intersindical y FSES que, tal como se ha comprometido el presidente regional, el Ejecutivo garantizará que todos los empleados públicos contratados a partir de la entrada en vigor de la jornada de 35 horas semanales el pasado 1 de enero seguirán trabajando en la Junta de Comunidades.
La recuperación de la jornada de 35 horas semanales es uno de los derechos que el presidente García-Page se comprometió a devolver a los empleados públicos de la región tras los recortes a sus derechos de la pasada legislatura.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha lamentado que el Gobierno en funciones de Rajoy haya materializado su amenaza contra los empleados públicos de esta región y que mientras el Ejecutivo regional intenta recuperar derechos de los funcionarios y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, haya alguna mano negra que intente poner palos en la rueda.
LOS SINDICATOS CULPAN AL PP Y HABLAN DE CONSECUENCIAS ELECTORALES
Los sindicatos de la Función Pública de Castilla-La Mancha han denunciado el "nuevo ataque" para los empleados públicos por parte del PP que supone la suspensión cautelar de la reducción de la jornada laboral de 35 horas y han avisado de que puede derivar en consecuencias electorales para este partido.
Los responsables de CCOO, UGT, Intersindical, CSIF y FSES (Anpe y Satse) han analizado en declaraciones a Efe la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central en funciones y han rechazado esta decisión y, al tiempo, han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que mantenga los puestos de trabajo creados desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la normativa.
La coordinadora del Área Pública de CCOO en Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra, ha opinado que el recurso presentado por el Ejecutivo central formaba parte de "la hoja de ruta del PP, sobre todo, de Rajoy y de Cospedal" y ha opinado que este partido "ha perdido una oportunidad para reconciliarse con los empleados públicos".
"Evidentemente, las decisiones políticas tienen su reflejo en las urnas y desde luego esperamos que la inminente cita electoral dé por finiquitado un Gobierno que ha provocado y está provocando tanto sufrimiento", ha aseverado.
Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT CLM, Carmen Campoy, ha expresado su "más profundo malestar" y ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya presentado el recurso "al final de esta legislatura".
Con ello, ha opinado que es "básico" que se mantengan los alrededor de 300 nuevos puestos de trabajo que corresponden al ámbito sanitario.
"Es un recurso que no tiene fundamento jurídico para ganarlo porque la implantación de las 35 horas está ajustada a la ley", ha aseverado el responsable de la Intersindical Gustavo Fabra.
Fabra ha explicado que prepararán un documento conjunto para "intentar explicar al Tribunal Constitucional que las medidas cautelares van a suponer un grave perjuicio para la organización en los centros de trabajo de la Junta porque están organizados en base a calendarios laborales que se han negociado durante 2015 en base a las 35 horas".
Con ello, ha opinado que lo ocurrido "deja en muy mala situación" al PP de cara a las nuevas elecciones del 26 de junio y ha avisado al PP de Castilla-La Mancha de que "si quiere venir luego a pedir el voto a los empleados públicos, que los defiendan".
Por su parte, el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa ha considerado que la suspensión de la reducción de la jornada laboral para los empleados públicos es "una noticia muy mala para todos los ciudadanos" de la región.
Ha afirmado que la rebaja de la jornada laboral era "lo único" que les había ofrecido hasta ahora el Gobierno de Emiliano García-Page y ha desvelado que le parecía "de locos que un Gobierno en funciones se atreviera a hacer esto estando unas elecciones tan próximas".
También el secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse en Castilla-La Mancha, Juan Francisco Ruiz, ha calificado de "auténtica locura" esta medida que, a su juicio, es un "ataque" contra los empleados públicos de Castilla-La Mancha y que ya esperaban.
Ruiz ha dicho que lo más urgente ahora es convocar las mesas sectoriales y que la Junta aborde con cada sector las consecuencias de una suspensión que en el caso de la sanidad "puede tener unas consecuencias bastante duras" tanto para los trabajadores como para los usuarios, porque ya están planificadas consultas, quirófanos, vacaciones y turnos en base a 35 horas semanales.
Por su parte, el presidente regional del sindicato Anpe, Ramón Izquierdo, ha dicho que quieren esperar a la Mesa de la Función Pública, convocada para mañana, para que el consejero "nos cuente los pormenores" y los "detalles" de la decisión.
Ha avanzado, no obstante, que será un "perjuicio" para los servicios públicos y ha citado, en particular, el ámbito sanitario por las consecuencias que se puede derivar.
CESM AVISA QUE NO ACEPTARÁ EL DESPIDO DE LOS MÉDICOS CONTRATADOS
De su lado, el presidente del Sindicato Médico CESM de Castilla-La Mancha, José Luis Grau, ha dicho que no aceptarán que se despida a los 135 médicos contratados en virtud de la reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales y ha precisado que no se entiende la postura del Gobierno central en funciones.
Grau ha valorado la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central en funciones.
Esta suspensión cautelar afecta, en particular, al sector sanitario, que ya había organizado servicios en función de las 35 horas semanales en vigor desde el 1 de enero de este año, había planificado el periodo estival y había contratado a 135 médicos.
"Es una animalada", ha subrayado Grau, que está pendiente de hablar, esta misma tarde, con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, que, a su vez, está "preocupadísimo" -ha admitido- por el asunto.
Ha recordado que la jornada laboral semanal ya era de 35 horas en Castilla-La Mancha, "pero nos la quitaron" y ahora había vuelto a esa situación e incluso se habían creado 135 plazas de médicos para suplir las horas de trabajo.
Respecto a estos 135 facultativos, ha avanzado que no permitirán que se les despida y ha anunciado una inminente reunión del comité ejecutivo del CESM para analizar posibles medidas a adoptar, siempre bajo la perspectiva de que "estamos totalmente con la administración autonómica", ha apuntado.
También ha sugerido que hay "dudas importantes" sobre la suspensión cautelar teniendo en cuenta que el Gobierno central está en funciones y ha señalado que es necesario conocer qué capacidad tiene el Gobierno autonómico de recurrir la citada suspensión.
"Es muy mala noticia y espero que no se cumpla y que se pueda recurrir", ha señalado Grau quien ha opinado: "me parece que pocos médicos van a votar al PP".
PSOE: "RAJOY CON BENEPLÁCITO DE COSPEDAL IMPIDE RECUPERAR DERECHOS"
Por su parte, el PSOE considera que "los 70.000 trabajadores de la Junta de Comunidades tienen que saber que ha sido el gobierno de Rajoy, con la complicidad y el beneplácito de Cospedal y de los dirigentes 'populares' de la región, quien ha dado este paso en su afán de impedir que se devuelvan los derechos sociales que se perdieron con los gobiernos del PP".
Así lo ha manifestado la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, quien ha lamentado que "al final se hayan confirmado todos los temores" y el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy contra las "horas Cospedal".
La portavoz socialista ha indicado en nota de prensa que "hoy queda también al descubierto la estrategia hipócrita de los dirigentes regionales del PP que, por un lado dicen defender a los trabajadores públicos, pero por otro no solo permiten sino que alientan que su gobierno les ataque con este recurso".
Maestre ha asegurado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, su gobierno y los socialistas de Castilla-La Mancha "van a continuar en la lucha, hasta el final, para devolver la calidad, la estabilidad y el estímulo a los empleados de la administración regional, que ahora el PP les quiere volver a quitar".
Y es que para la portavoz socialista resulta "muy llamativo" que "a lo único que se ha dedicado este gobierno en funciones de Rajoy y Cospedal" durante estos cuatro meses ha sido a presentar recursos para "impedir que presidentes de comunidades autónomas como el de Castilla-La Mancha hayan devuelto los derechos cercenados por el PP tanto a los trabajadores públicos como a los ciudadanos en general", ha concluido.
PODEMOS DEFIENDE LA LEGALIDAD Y DENUNCIA LA ACTITUD DEL PP
Podemos también ha mostrado su opinión al respecto y ha defendido que la Ley que reduce la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta es "perfectamente legal y legítima" y ha acusado al PP de actuar "con el propósito de poner palos en las ruedas" para "retrasar la recuperación de derechos que ellos mismos recortaron".
El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha analizado en declaraciones a Efe la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso y ha asegurado: "nosotros la valoración que hacemos es negativa", ha aseverado Llorente, quien ha opinado que el PP pone en evidencia su política laboral, basada en "alargar la jornada, trabajar más y cobrar menos".
Frente al PP, ha afirmado que la apuesta de Podemos es "repartir mejor el empleo, conciliar y que se retribuyan todas las horas trabajadas".
Con ello, Llorente ha criticado que el recurso lo haya presentado un Gobierno central en funciones que, "por un lado, se niega a someterse al control democrático del Gobierno y, por otro lado, está tomando decisiones bastante trascendentes, sobre todo para Castilla-La Mancha, como cerrar Elcogas, seguir aprobando licitaciones para el cementerio nuclear o aprobar nuevos trasvases".
A su juicio, la presentación de este recurso es "lamentable" y ha defendido que la ley de Castilla-La Mancha, en cuya votación se abstuvo el PP, "no entra en contradicción con ninguna norma de ámbito estatal".
De hecho, ha dicho que están "seguros de que la decisión del Tribunal Constitucional" que, de momento, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, "será favorable a la decisión de las Cortes de Castilla-La Mancha".
Por otra parte, el portavoz de Podemos ha señalado que esta "decisión irresponsable del PP no debe repercutir en la recuperación y consolidación de empleo público en Castilla-La Mancha" y ha recordado que el Gobierno regional cuenta con personarse en el proceso y formular las alegaciones que estime convenientes.
C´s CONSIDERA EL RECURSO UNA "ATROCIDAD" Y CULPA A COSPEDAL
Por último, el delegado territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Antonio López, ha calificado de "atrocidad" el recurso del Gobierno en funciones contra la Ley que reduce la jornada laboral de los empleados públicos de la región, tras cuya presentación ha situado a la expresidenta María Dolores de Cospedal.
Así se ha pronunciado López en declaraciones a Efe, quién ha dicho que tanto él personalmente, como Ciudadanos, entienden "que en ningún caso se tenía que haber presentado el recurso" y ha considerado que tras la decisión de recurrirlo está la expresidenta de la comunidad autónoma y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
"No se tendría que haber recurrido para nada la reducción de jornada laboral acordada por el Gobierno que preside Emiliano García-Page", ha manifestado López.
"Creemos que es una atrocidad, que no es beneficioso y que los derechos siguen perdiéndose", ha dicho el delegado territorial de Ciudadanos, que ha lamentado: "Aún no estando en el gobierno, la señora Cospedal sigue atacando directamente a los trabajadores", ha concluido.
