La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García, ha señalado este martes que la situación de todos los vecinos del edificio de Gicaman en Guadalajara desalojado el 11 de enero está solucionada desde ayer, así como ha avanzado que el informe del edificio estará listo "en unas semanas".
Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento de las Cortes regionales, la consejera ha asegurado que los técnicos de la empresa Cemosa (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra) están trabajando hoy mismo en el edificio de la calle Laguna Colmada en la elaboración del informe que tienen previsto tener terminado "en unas semanas".
El informe de diagnóstico, ha explicado, establecerá el proyecto técnico de rehabilitación que deba llevarse a cabo y determinará las causas que han originado las deficiencias "si existen y cuáles son".
Por otro lado, desde el punto de vista social, García ha indicado que "ayer se solucionó el problema de todos los vecinos" de la promoción de viviendas, ya que faltaban dos personas por decidir entre las tres opciones que se le habían ofrecido a los vecinos.
Así, ha confirmado que son 26 los inquilinos que han optado por ser reubicados en otras viviendas de Gicaman, de modo que el contrato sigue en vigor y el recibo que se les gira es el correspondiente a la vivienda de la que han sido desalojados mientras que es Gicaman quien asume el nuevo alquiler.
Otras siete personas han decidido rescindir el contrato de mutuo acuerdo y recibir una indemnización en este sentido, mientras que otras diez familias se han acogido a la ayuda económica de emergencia (3.000 euros), y su contrato ha quedado suspendido hasta que vuelvan a su domicilio y, por tanto, no se gira ninguna renta por parte de Gicaman.
En este punto, la titular de Fomento ha hecho hincapié en que "no se han cobrado nunca dos recibos por parte de la Junta y Gicaman", y ha precisado que el último recibo que se giró fue el 4 de enero, antes del desalojo que se llevó a cabo el 11 de enero, y ahora solo se cobra el alquiler correspondiente a su contrato a aquellos inquilinos que han sido reubicados.
Con respecto a la denuncia de uno de los vecinos que aseguraba que había recibido dos recibos, García ha aclarado que esa persona se acogió a la ayuda económica de emergencia y que decidió hacer un alquiler particular privado, que es del que puede tener recibo.
A este respecto, ha recordado que de los vecinos desalojados, había tres casos de situación irregular, y una de estas personas desapareció el día del desalojo mientras que las otras dos situaciones irregulares han sido tramitadas a través de Bienestar Social.
Por otra parte, la consejera de Fomento ha destacado la "transparencia" del Gobierno regional a lo largo de todo el proceso en relación a la información -ha ofrecido 14 ruedas de prensa sobre este asunto-, y ha recalcado el trabajo de los técnicos de Fomento, Bienestar Social, Gicaman y ACCEM; así como la colaboración de los técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara.
Además, ha afirmado que algunos de los datos que maneja el Partido Popular son "erróneos", y al respecto, ha dicho que no han sido 300 las personas desalojadas, sino que, tal y como recoge el informe de la Policía Local del Ayuntamiento de Guadalajara, eran 108.
Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada regional de Podemos María Díaz ha apuntado que "una grieta no aparece de la noche a la mañana", por lo que ha preguntado si existía algún tipo de reclamación anterior al desalojo y si ha sido contestada, sobre todo para tenerlo en cuenta "cuando corresponda depurar responsabilidades", ha advertido.
La diputada del Grupo Socialista Rosario García ha resaltado la actuación "impecable" del Gobierno regional en este asunto, y ha pedido al PP que "no cree una alarma innecesaria para intentar arañar un puñado de votos" con un tema como este que, a su juicio, requiere ser "sutil".
En su intervención, la parlamentaria 'popular' Ana Guarinos ha señalado que el desalojo lo hizo en un primer momento el Ayuntamiento de Guadalajara por razones de seguridad, y ha criticado que el Gobierno regional "llega tarde" a ofrecer información, en concreto dos meses y medio después del desalojo.
Para Guarinos, ha habido "opacidad y oscurantismo" por parte de la Consejería de Fomento, y en este sentido se ha quejado de que no se ha ofrecido información en relación con estas viviendas, y de que a pesar de haber pasado ya dos meses no exista todavía un informe y un proyecto de rehabilitación.
