El Senado, a vueltas con la regulación de las declaraciones institucionales

La irrupción de Vox en el Congreso y el Senado ha hecho que sus reservas hacia la posición mayoritaria de los demás partidos en asuntos antes no polémicos como la violencia machista o el cambio climático le hayan permitido vetar declaraciones que siempre se emitían sin discusión al recoger el sentir unánime del hemiciclo
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El Senado está buscando fórmulas para regular sus declaraciones institucionales, pronunciamientos unánimes de la Cámara sobre asuntos de interés general que habitualmente se aprueban sin mayor problema pero que en los últimos tiempos se han convertido en un terreno más de batalla política entre los grupos.

La irrupción de Vox en el Congreso y el Senado ha hecho que sus reservas hacia la posición mayoritaria de los demás partidos en asuntos antes no polémicos como la violencia machista o el cambio climático le hayan permitido vetar declaraciones que siempre se emitían sin discusión al recoger el sentir unánime del hemiciclo.

Esta misma semana, en la Cámara Alta, Ciudadanos planteó un pronunciamiento del pleno sobre el Día Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que no pudo salir adelante, según ha denunciado su senador Tomás Marcos, por la negativa de ERC y JxCAT a incluir la palabra "nacional" en el enunciado.

El caso es que estas declaraciones no están reguladas en los reglamentos de ninguna de las dos Cámaras, y se consideran fruto de una costumbre parlamentaria muy asentada a lo largo de la democracia para asuntos que no suscitan discrepancia política.

Un hábito marcado por la imprescindible unanimidad, y no solo de los grupos, sino de todas y cada una de las fuerzas políticas que componen el arco parlamentario, lo que supone que, por ejemplo, dentro del Grupo Mixto es preciso la aquiescencia de todos los partidos que lo integran para que pueda prosperar la iniciativa.

En el Senado Vox solo tiene tres escaños, pero la fuerza que le da su capacidad de bloqueo a las declaraciones sobre violencia de género impulsó al grupo de la Izquierda Confederal a plantear formalmente la necesidad de buscar una salida.

Lo hizo en la Junta de Portavoces del pasado 25 de febrero, en vísperas de la celebración del Día de la Mujer, cuando propuso explorar un sistema alternativo a la unanimidad que permitiera eludir ese veto de Vox, pero que también tiene cualquier otro partido con representación en el Senado.

La presidenta Pilar Llop decidió entonces encargar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara como base para buscar esa fórmula, el cual ya ha sido entregado a los grupos parlamentarios a fin de que ahora puedan presentar sus propuestas.

Hasta entonces, y mientras ponen negro sobre blanco sus ideas, la solución podría pasar por desgajar las declaraciones unánimes del pleno de otros pronunciamientos que pudiera hacer la Junta de Portavoces y, en su caso, la propia Presidencia de la Cámara.

El informe hace constar que estas declaraciones sin base jurídica en el Reglamento tienen una naturaleza similar a las de las mociones, pero sin ser susceptibles de enmienda o debate, y recuerda que tras sus presentación con la firma de todos los portavoces se aprueban en el pleno por asentimiento y sin votación.

Este régimen es similar al del Congreso, aunque diferente al de los parlamentos autonómicos, diez de los cuales las regulan en sus respectivos reglamentos, dos lo hacen con otras normas y cinco carecen de normativa al respecto.

La casuística es muy variada, y así las asambleas de Murcia, Aragón, Extremadura y Madrid prevén la aprobación en pleno incluso por mayoría simple, mientras que en el caso de Canarias se exige además el asentimiento, es decir, sin posibilidad de discrepancia.

Los Parlamentos de Euskadi, Cataluña, Asturias, La Rioja y Navarra facultan declaraciones de la Junta de Portavoces, aunque con requisitos diferentes que van desde la unanimidad a la mayoría simple o sin recoger condiciones específicas.

En el Parlamento de Andalucía estos pronunciamientos son aprobados por la Mesa y leídos en el pleno, y en las Cortes de Castilla y León parten de la Presidencia, de acuerdo con los portavoces, siendo necesaria la unanimidad de la Mesa.

Fuera de España, en los parlamentos de Bélgica e Italia no hay supuestos semejantes, mientras que en Francia se prevén resoluciones sin enmiendas que pueden ser vetadas por el Gobierno y Portugal recoge declaraciones políticas verbales de grupos o diputados.

En Alemania, la Cámara Baja (Bundestag) regula propuestas de resolución que han de ser votadas, y la Cámara Alta (Bundesrat) establece su aprobación por mayoría absoluta.

Con este amplio catálogo de posibilidades delante corresponde ahora a los grupos del Senado plantear las suyas y, sobre todo, ponerse de acuerdo para aprobarlas.

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