El funcionamiento del Congreso y el Senado se rige por sus respectivos reglamentos, dos leyes que albergan curiosas diferencias, una de las cuales ha quedado patente esta misma semana por la distinta consideración que dan a la posibilidad de retirar del diario de sesiones palabras pronunciadas en el pleno.
El jueves, en la sesión plenaria de la Cámara Baja, la diputada de la CUP Mireia Vehí aludió a una campaña contra la Monarquía sobre los Borbones "ladrones" y el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis, decidió suprimir su comentario del diario de sesiones tras negarse ella a retirarlo.
Es imposible hacer algo así en el Senado, tal y como se vio el pleno celebrado el martes, solo dos días antes, cuando la presidenta de la institución, Pilar Llop, rechazó por falta de cobertura reglamentaria una petición del portavoz del grupo popular, Javier Maroto, para suprimir unas palabras, según él "bochornosas", dirigidas contra el PP por la senadora de En Comú Podem Sara Vilà.
Tras recordar al afroamericano George Floyd, cuya muerte a manos de un policía ha desencadenado una ola de protestas y disturbios raciales en EEUU desconocida en décadas, la senadora catalana apuntó que era importante que "tanto Vox como el PP tomen nota de que la gente nunca más a volver a bajar la cabeza contra el fascismo y ante el racismo", un recado que provocó malestar en la filas del PP.
Tanto fue así que en cuanto tuvo oportunidad Javier Maroto invocó ante la presidenta el artículo 101.1 del Reglamento para instarle a que llamara al orden a la senadora "que ha tenido el atrevimiento de decir, utilizando la palabra fascismo, que el PP no condena lo sucedido" en EEUU con el afroamericano muerto.
"Es del todo intolerable y le pido o bien que haga cumplir el artículo de llamar al orden o bien que retire del acta de sesiones esas palabras bochornosas", concluyó, entre aplausos de los suyos.
Si embargo, la presidenta le hizo notar que "no hay posibilidad de retirar del acta, según el Reglamento del Senado, ninguna de las manifestaciones que se viertan", a lo que Maroto le señaló: "¡Pues llámela al orden!", pero Pilar Llop entendió que no procedía.
Y es que el Senado no tiene previsión similar a la del artículo 104.3 del Congreso, según el cual si un diputado usara "palabras" o "conceptos ofensivos" al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de "cualquiera otra persona o entidad", el presidente le requerirá a retirar "las ofensas proferidas" y "ordenará que no consten en el Diario de Sesiones".
Es un precepto cuya invocación no es infrecuente en el Congreso cada vez que algún orador sube el tono de más o se pasa de la raya.
Aunque la petición del ofendido no siempre es atendida, en todas las legislaturas ha habido casos en que la Presidencia, muchas veces "motu proprio", decide suprimir alguna expresión inconveniente.
Sin ir más lejos, el 27 de mayo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ordenó quitar el reproche lanzado en el pleno por la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al que dijo que "es el hijo de un terrorista" por la militancia de su padre en el FRAP.
Pero el hecho de que en el Senado no se puedan eliminar expresiones de sus actas no significa que la Presidencia no pueda amonestar a quien profiera algún tipo de comentario ofensivo.
Así lo establece el artículo cuya aplicación pidió Javier Maroto, según el cual los senadores serán llamados al orden "cuando profirieren palabras ofensivas al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad", redacción similar al del Congreso pero sin añadir la facultad de modificar el diario de sesiones.
En este caso Pilar Llop consideró que no había motivos para llamar al orden a la senadora Vilà, episodio que habría pasado desapercibido si no fuera porque después, aprovechando las quejas de Maroto, Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid, lo utilizó para atacar de nuevo al PP, lo que generó una bronca que culminó con el abandono del hemiciclo por parte del grupo popular.
En todo caso, la cuestión de las palabras pronunciadas que se quitan o se dejan en el diario de sesiones del Congreso hace tiempo que quedó en un plano más simbólico que real, porque aquellas cuya retirada ordena la Presidencia al final aparecen, aunque "a medias".
Desde hace varias legislaturas, en vez de ser suprimidas por completo, las frases polémicas se publican entre corchetes y en letra cursiva.
Una llamada a pie de página explica en estos casos que se trata de "palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 104 del Reglamento de la Cámara", así que pese a lo que literalmente dice este artículo, en definitiva, en el diario de sesiones están... aunque no estén.
