La Asociación de Municipios Ribereños ha denunciado "el sinsentido" de que haya desaladoras sin usar en el Levante "por motivos económicos" cuando se han de devolver "90 millones de euros de ayudas a la Unión Europea (UE) por no utilizarlas". En este sentido, han apuntado que hay cuatro plantas desalinizadoras "sin producción" en la Comunidad Valenciana, otra en Almería y otra en Murcia que funciona a "medio gas".
Una situación que se produce "en plena crisis de sequía y con los políticos pidiendo nuevos trasvases", ha reprochado la asociación en una nota de prensa en la que ha recordado que la construcción de estas infraestructuras costaron "200 millones de euros" y que están paradas porque "su agua cuesta más que la del trasvase Tajo-Segura".
"Por no ponerlas en marcha, el Gobierno de España tiene que devolver a la UE 35 millones de euros por las plantas de Oropesa y Moncófar y otros 55 millones de euros por la de Torrevieja; 90 millones de euros en total, a costa de todos los españoles, por culpa de la desidia del Gobierno, de Camps y de Valcárcel, con los que se podría haber subvencionado la misma cantidad de agua que ha sido trasvasada desde 2015", ha lamentado el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.
Mientras, ha continuado Torrecilla, la sequía sigue "causando estragos y continúa el dislate desde la Comunidad Valenciana, donde su presidente, Ximo Puig, sigue pidiendo trasvases a sabiendas de que sería completamente ilegal, a tenor de la extrema situación de los embalses de cabecera del Tajo".
"ASUMIR LA REALIDAD"
"Tal es el despropósito, que hasta uno de los representantes del infausto Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo- Segura (Scrats), Ángel Urbina, ha tenido que llamarles la atención y pedir, entre otras cosas, que asuman la realidad y se tomen medidas para que, por ejemplo, 160 hectómetros cúbicos de agua depurada que salen de la depuradora de Rincón de León, en Alicante, no terminen anualmente en el mar por no haber concluido la construcción del colector", ha recriminado el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños.
En este sentido, ha considerado que antes de seguir "pidiendo más y más agua, convendría que en el Levante hiciesen sus deberes y pusiesen las desaladoras en marcha" para, de esta manera, "aprovechar esas 17.000 balsas de agua que tienen".
"Según los propios regantes tradicionales de la Región de Murcia, aquellos ajenos al Scrats a los que además el sindicato debe cerca de 200 hectómetros cúbicos por cesiones adjudicadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), existen entre 75.000 y 100.000 hectáreas de regadío ilegal en su comunidad; una barbaridad que explicaría por qué no cuadran los números y nunca es suficiente".
