La renovación de la dirección de RTVE para elegir mediante concurso público a los miembros de su Consejo de Administración, incluido su presidente, es uno de los asuntos que quedan pendientes para la legislatura que arrancará tras las elecciones y que no caduca por la disolución de las Cortes.
El Congreso ha publicado la relación de iniciativas que, de acuerdo con la Mesa de la Cámara, han caducado con motivo de su disolución, sobre todo preguntas de diputados y proposiciones de los grupos parlamentarios, pero también aquellas que siguen vivas y se seguirán tramitando cuando se conformen las nuevas cámaras.
Además de la elección del presidente de la corporación de RTVE, paralizada desde julio de 2018 por la incapacidad de las fuerzas políticas para consensuar un candidato, quedan pendientes las memorias anuales de la entidad de los ejercicios 2016 y 2017, así como el informe sobre el contrato programa de 2017.
Hay más asuntos que se trasladan a las Cámaras que surjan de las elecciones, como las memorias e informes presentados por el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Defensor del Pueblo, los cuales tienen que pasar por la preceptiva supervisión parlamentaria.
Además queda pendiente una comunicación del Tribunal Constitucional sobre la renovación de cuatro de sus magistrados y del CGPJ, también por la expiración del mandato de sus miembros.
En materia estrictamente legislativa, el Congreso tendrá que seguir tramitando las reformas parciales de cuatro estatutos de autonomía (Murcia -que ya superó el debate de totalidad- Cantabria, Baleares y La Rioja) así como todas las proposiciones de ley que fueron remitidas al Congreso por diversos parlamentos autonómicos.
Los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas y las iniciativas legislativas populares registradas también superan la disolución parlamentaria y serán tramitadas por la nueva Cámara.
Estas iniciativas incluyen propuestas referidas a la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas, la mejora de la atención a la dependencia o la regulación de los funcionarios públicos con mayor antigüedad.
Tampoco vencen las peticiones formuladas por los ciudadanos y que gestiona la Comisión de Peticiones del Congreso.
Entre los asuntos que sí caducan debido a la convocatoria electoral la Mesa del Congreso distingue entre iniciativas que fueron calificadas y estaban en tramitación y las pendientes de ser calificadas.
Entre las primeras están todas las declaraciones de actividades de los diputados, cuya referencia se detalla una a una en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y entre las segundas, nueve declaraciones de intereses económicos de otros tantos parlamentarios.
Son las únicas registradas, ya que la mayoría no se llegaron a tramitar porque la Mesa dio a los diputados para presentarlas un plazo de tres meses que acababa el 30 de noviembre, el cual dejó finalmente sin efecto debido a la convocatoria de elecciones.
La mayoría de las iniciativas que caducan son preguntas dirigidas al Gobierno para su contestación por escrito, y también orales para su respuesta en comisión.
Se completa la relación con numerosas proposiciones de ley y no de ley firmadas por los grupos y propuestas de creación de comisiones, que sólo podrán ser reactivadas en la próxima legislatura si las recuperan y vuelven a registrar los grupos parlamentarios que se formen tras la constitución de las Cortes el próximo 3 de diciembre.
