La idea lanzada recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acordar un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, ha reabierto la discusión sobre la importancia que la ciudadanía da a los textos estatutarios y a sus reformas. ¿Clamor social o debate inexistente?.
La verdad es que hay opiniones para todos los gustos y también hay momentos en los que tanto la clase política como la sociedad están más receptivos sobre este tema.
Ese es el caso actual de Canarias, por ejemplo, que está a punto de tener un Estatuto remozado, con un amplísimo consenso político y social, mientras que en Cataluña no parece haber hoy por hoy demasiado interés en reformar el suyo.
De hecho, la mayoría independentista de JxCat, ERC y la CUP considera que la reforma estatutaria es una "pantalla superada" y tienen como horizonte hacer efectiva la "república catalana", mientras que ni Cs ni PP se plantean en estos momentos una modificación estatutaria, que en cambio sí sugiere, casi en solitario, el PSC.
Una propuesta a la que se sumó a mediados de julio el presidente del Gobierno, quien desde la tribuna del Congreso abrió la puerta a la posibilidad de reformar el Estatut vigente, recortado en 2010 por el Tribunal Constitucional, y someterlo a votación.
La última modificación fue aprobada en referéndum en 2006, pero una sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 acabó recortando su contenido, lo que llevó a las fuerzas soberanistas a poner en marcha un proceso hacia la independencia argumentando que ya no era posible una "tercera vía" para un mejor encaje de la realidad catalana en España.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado en 1981, después de que la comunidad consiguiera la autonomía plena tras la celebración de un referéndum, ha sido reformado en una ocasión, en concreto en marzo de 2007, y contó con un mayoritario respaldo tanto en el Parlamento autonómico como en el Congreso de los Diputados.
Desde su aprobación en 1979, el Estatuto de Autonomía de Euskadi, no ha sido cambiado nunca, aunque el Parlamento vasco acaba de aprobar un documento de bases para uno nuevo, que un grupo de expertos deberá convertir ahora en texto articulado.
Los grupos de la Cámara vasca están sin embargo muy divididos sobre su contenido, ya que el documento sólo ha sido respaldado por PNV y EH Bildu -y por Elkarrekin Podemos en su apartado social-, mientras que PSE y PP lo han rechazado en su integridad.
Otro que tampoco ha sufrido variaciones es el gallego, cuya elaboración provocó fuertes tensiones políticas hasta que finalmente se firmó en septiembre de 1980 el conocido como "Pacto del Hostal".
Inalterado permanece asimismo el Estatuto de Castilla-La Mancha, que acaba de cumplir 36 años de vigencia y que han intentado reforzar, sin éxito, varios presidentes autonómicos.
Uno de los más reformados, hasta en tres ocasiones, en cambio, es el Estatuto aragonés, que vio la luz en 1982, a través de la denominada "vía lenta", prevista en el artículo 143 de la Constitución, en lugar del artículo 151, que fue el que sirvió para aprobar los de País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía.
Pero el que se lleva la palma en cuanto a cambios es el Estatuto de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el 1 de marzo de 1983 y que ya ha cambiado hasta en cinco ocasiones, las más importantes en 1998, 2002 y 2010, y actualmente se tramita un proyecto para incorporar medidas de regeneración democrática, como eliminar el aforamiento, limitar los mandatos y reducir el número de diputados.
Con ese mismo objetivo preparan Murcia y Cantabria sendas reformas, después de las aprobadas por leyes orgánicas.
Mediante la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), conocida como Amejoramiento del Fuero, aprobada en 1982, se regula el Estatuto de Navarra, cuya modificación requiere de un acuerdo entre la Comunidad y el Estado, lo que se ha realizado en dos ocasiones.
En Castilla y León, la norma básica autonómica, aprobada en 1983, ha sido reformada en tres ocasiones -1994,1999 y 2007-, pero la última recibió un sonado revés del Tribunal Constitucional a su pretensión de gestionar de forma directa la cuenca del río Duero, después de una denuncia por invasión de competencias de Extremadura.
Tras dos intentos fallidos y después de una larga negociación, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado en 1982, fue reformado en 2006.
La norma básica del Principado se reformó por tercera y última vez en 1998 con los votos de PSOE y del PP que, en 2018, bloqueó a última hora una nueva modificación pactada con los socialistas que definía Asturias como comunidad histórica, modificaba el sistema de elección del presidente, pero que no incluía la oficialidad del asturiano.
El Estatuto de Autonomía actualmente en vigor en Extremadura -que data de 1983- fue aprobado en el 2011, tras el apoyo en su tramitación por parte del PP y PSOE en la que fue su cuarta modificación, después de los retoques puntuales de 1991, 1994 y 1999.
