Reconocidas 22 zonas afectadas por emergencia de incendios en Castilla-La Mancha

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para 22 zonas de Castilla-La Mancha y centenares de otras 15 comunidades autónomas, tras un verano devastado por incendios forestales. La medida, conocida popularmente como declaración de “zona catastrófica”, permitirá a los damnificados acceder a ayudas directas y subvenciones para reparar los daños ocasionados en viviendas, explotaciones agrícolas, infraestructuras y negocios.

En Castilla-La Mancha, los incendios han golpeado con especial dureza a las provincias de Toledo y Ciudad Real, además de Albacete y Guadalajara, con focos de gran intensidad que han obligado a desalojos y a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El Ejecutivo subraya que la decisión abre la vía para que familias, empresas y ayuntamientos afectados “puedan recuperar cierta normalidad cuanto antes”.

Municipios de Castilla-La Mancha incluidos

Los municipios afectados en la región, según la nota oficial, son:

• Toledo: Talavera, Los Navalucillos (dos incendios distintos en julio y agosto), Gamonal, Calera y Chozas (dos incendios), Méntrida, Maqueda, La Torre de Esteban Hambrán, Cazalegas, Navalmoralejo, Las Ventas de Retamosa.

• Ciudad Real: Luciana, Piedrabuena, Alcolea de Calatrava, Almodóvar del Campo, Brazatortas (tres incendios en julio y agosto), Calzada de Calatrava.

• Albacete: Salobre.

• Guadalajara: La Huerce.

En total, 22 zonas de Castilla-La Mancha con al menos 18 incendios graves reconocidos han quedado bajo la protección de esta declaración.

Castilla-La Mancha, en primera línea del fuego

Los incendios han arrasado miles de hectáreas de terreno forestal y agrícola en la comunidad, con especial impacto en la comarca de los Montes de Toledo y el Campo de Calatrava. En Brazatortas y Almodóvar del Campo (Ciudad Real) y en Los Navalucillos y Navalmoralejo (Toledo) se produjeron los episodios más destructivos, que obligaron a evacuar a centenares de vecinos y pusieron en riesgo áreas naturales de alto valor ecológico.

El Gobierno regional, en coordinación con el Estado, prepara ya informes de daños para canalizar las ayudas que se habilitarán a partir de esta declaración. Agricultores y ganaderos se cuentan entre los sectores más afectados, junto a pequeñas empresas y municipios que han perdido infraestructuras clave.

Una campaña con más incendios pero menos superficie quemada

Pese a la dureza del verano, el balance general de la campaña en Castilla-La Mancha ofrece un matiz positivo respecto a 2024. El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, informó este lunes de que, desde el inicio del periodo de alto riesgo, se han registrado 837 incendios forestales en la región, un 30% más que en el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, el número de hectáreas calcinadas asciende a unas 3.000, menos de la mitad que en 2024. Según explicó, ello se debe a que casi el 90% de los incidentes se resolvieron en fase de conato, es decir, con menos de una hectárea afectada.

Guijarro agradeció el trabajo del dispositivo regional contra incendios, que opera durante todo el año y en el que trabajan 2.000 profesionales dedicados a la prevención, gestión forestal y extinción. La Junta ha invertido 186 millones de euros en tareas de prevención, y los bomberos forestales de Castilla-La Mancha han colaborado también en otras comunidades, como Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana, aportando maquinaria pesada, helicópteros y brigadas.

“El fuego no entiende de fronteras ni de límites administrativos”, subrayó, recordando que Castilla-La Mancha se mantiene en riesgo alto y que “cualquier tarde esta estadística se puede ir al traste”.

Un verano devastador en toda España

La magnitud de la catástrofe trasciende a Castilla-La Mancha. Según el Ministerio del Interior, desde el 24 de junio se han registrado 114 incendios forestales graves en 16 comunidades autónomas. Solo el País Vasco se ha librado de estos episodios. Además, se contabilizan siete episodios de lluvias torrenciales e inundaciones en Aragón, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Cataluña.

Las tres oleadas de incendios marcaron el desarrollo del verano:

• Finales de junio: primeros focos en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia.

• Julio: la segunda oleada se intensificó con grandes incendios en Tarragona, que dejaron un muerto y seis heridos, y se extendió después a Cádiz, Ciudad Real, Toledo, Valencia, Ávila, Madrid, Badajoz y Valladolid.

• Agosto: la tercera y más destructiva oleada comenzó el día 8 en Ávila y Ciudad Real, y se propagó a León, Navarra, Ourense y Zamora. El 11 de agosto, nueve incendios simultáneos de máxima gravedad forzaron la activación de la Fase 1 de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias.

El balance nacional asciende a ocho fallecidos, numerosos heridos y miles de hectáreas calcinadas, además de graves daños materiales en infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas y viviendas.

Recursos desplegados y ayudas aprobadas

Grande-Marlaska destacó que los efectivos de extinción han trabajado “hasta la extenuación” durante semanas, incluyendo bomberos forestales, UME, Guardia Civil, Policía Nacional, agentes medioambientales, policías locales y voluntarios.

El acuerdo del Consejo de Ministros contempla un amplio paquete de medidas:

• Ayudas directas a particulares por daños en viviendas y enseres.

• Compensaciones a corporaciones locales y empresas.

• Subvenciones a producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.

• Beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social.

• Exenciones de tasas en gestiones de tráfico y expedición de documentos oficiales.

Otros ministerios podrán además declarar actuaciones especiales y agilizar obras de emergencia para la reparación de infraestructuras dañadas.

Debate político: plan del PP y pacto climático

La catástrofe ha coincidido con el inicio del curso político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó un plan con 50 medidas contra los incendios, entre ellas la creación de un registro de pirómanos con control mediante pulseras telemáticas. Grande-Marlaska cuestionó la propuesta, asegurando que “los pirómanos no son los principales responsables de los incendios” y calificándola de “solución con poco fuste”.

El Gobierno se mostró dispuesto a estudiar cualquier propuesta, pero insistió en que el debate debe canalizarse dentro del Pacto de Estado por la Emergencia Climática, impulsado por el presidente Pedro Sánchez. La portavoz, Pilar Alegría, defendió que en esta situación “los ciudadanos no esperan refriegas políticas, sino unidad para salvar vidas, proteger el patrimonio y preparar la reconstrucción”.

Alegría señaló también que el negacionismo climático de Vox ha influido en parte del discurso del PP, advirtiendo de que este es un debate que debe afrontarse con rigor científico y responsabilidad política.

Reconocimiento y llamada a la unidad

El ministro del Interior trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas y reconoció el esfuerzo de los profesionales y voluntarios que han combatido los fuegos durante semanas: “Llegan al agotamiento, a la extenuación, pero siguen ahí hasta el final”. El Ejecutivo insiste en que mantendrá el apoyo a todas las comunidades afectadas y en que el principio de solidaridad interterritorial guiará la reconstrucción.

Según la comunicación del Gobierno, por lo que se refiere a episodios de fuertes lluvias declaradas como afectadas por una emergencia de protección civil son:

(*) La Generalitat de Cataluña comunicó al CENEM la activación de la Situación Operativa 2 para toda la comunidad en estos episodios, por lo que no consta la provincia concreta de afectación.