La Comisión de Medio Ambiente del Senado rechazó este viernes, con los votos del PP, seis propuestas de veto de los grupos de la oposición a la Ley de Evaluación Ambiental, norma que introduce en el ordenamiento jurídico el contenido del acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura.
Ahora, el texto será debatido y votado la próxima semana en el pleno de la Cámara Alta junto a las 453 enmiendas presentadas.
El acuerdo del Tajo, firmado entre el Gobierno central y las cinco comunidades autónomas afectadas, eleva la reserva mínima en la cabecera del Tajo de 240 a 400 hectómetros cúbicos en un plazo de cinco años.
La cantidad trasvasable al Segura cada año, que de media es de 350 hectómetros cúbicos, oscilará entre los 350 y 600 hectómetros cúbicos.
En la defensa de los vetos, de IU, ERC, PSOE, CIU, y Entesa, todos los grupos coincidieron en afirmar que la norma "mercantiliza y desregula" el medio ambiente.
También criticaron la urgencia de su trámite y el hecho de que no se espere a la directiva que la UE prepara sobre este tema ya que, afirmaron, obligará a cambiar en breve la nueva ley.
El PP negó que la norma suponga una involución del control ambiental y defendió la urgencia por la necesidad de reformas legales para resolver las ineficacias detectadas.
La ley incluye como novedades el control ambiental de la fractura hidráulica o "fracking" y la tipificación expresa de infracciones como el "bunkering", suministro de combustible de barco a barco en alta mar.
Asimismo, plantea que los estudios de impacto ambiental incorporen expresamente la peligrosidad sísmica.
La norma, controlará, ente otros, los impactos ambientales de extracción de hidrocarburos mediante la polémica técnica de fractura hidráulica, que consiste en extraer gas del subsuelo de las rocas mediante inyecciones de agua y productos químicos.
El texto, que regulará el análisis de viabilidad de los proyectos (ganaderos, energéticos, de construcción, etcétera) de acuerdo a sus impactos ambientales, reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media en la actualidad.
Otra novedad de la ley es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático y crea un nuevo instrumento llamado "bancos de conservación de la naturaleza" para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas que se causen a la naturaleza en la realización de obras o proyectos.
