Publicada la modificación del reglamento de las Cortes para el control del gasto
La modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha que restringe el uso de los fondos de los grupos parlamentarios a actividades vinculadas exclusivamente a la política regional ha quedado oficialmente publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), culminando así su tramitación parlamentaria y dando entrada en vigor a una reforma con un marcado contenido político y de control institucional.
La publicación da validez definitiva a la modificación del artículo 29.7 del Reglamento de la Cámara autonómica, un cambio impulsado por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobado en pleno el pasado 11 de diciembre con el voto favorable del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de Vox.
Según el texto publicado en el DOCM, los grupos parlamentarios deberán requerir a los partidos políticos a los que estén vinculados, mediante el correspondiente convenio de colaboración, la justificación documental del destino dado a los fondos que, en su caso, hayan sido transferidos. Dichos recursos deberán destinarse de manera exclusiva a la realización de actividades vinculadas a la actividad política regional y al funcionamiento interno de los grupos parlamentarios o de los partidos asociados, siempre dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
La reforma supone un endurecimiento explícito de los mecanismos de control del gasto y persigue evitar que fondos procedentes de la Cámara autonómica se utilicen para financiar estructuras, estrategias o actividades de carácter estatal ajenas al trabajo parlamentario regional. Con ello, la Mesa de las Cortes y la Intervención disponen de un marco normativo más preciso para verificar la trazabilidad del gasto y exigir una relación directa y demostrable entre los fondos públicos y la actividad política autonómica.
Una reforma de alcance político
Aunque el cambio normativo afecta formalmente a un único apartado del Reglamento, el debate parlamentario que precedió a su aprobación evidenció su alcance político. Durante la defensa de la propuesta, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy subrayó que la iniciativa respondía tanto a una necesidad técnica como a un compromiso ético con la transparencia y la rendición de cuentas.
Godoy explicó que la reforma nace tras constatar, en los procesos de revisión de la justificación anual de gastos, que fondos procedentes de Castilla-La Mancha habían sido destinados a actividades de ámbito nacional sin relación con la realidad política regional. A su juicio, la función de los grupos parlamentarios es estrictamente autonómica, por lo que “cada euro debe estar al servicio de la actividad política regional”.
El diputado socialista defendió que la modificación blinda el uso correcto de los fondos y evita que puedan emplearse para financiar campañas nacionales, estructuras orgánicas estatales o dinámicas políticas ajenas a los intereses de la comunidad autónoma. Insistió, además, en que la reforma refuerza el principio de transparencia, al obligar a que todo gasto quede integrado en la contabilidad específica presentada ante la Mesa de las Cortes, con documentación verificable y trazabilidad completa.
En su intervención, Godoy vinculó el control del gasto con la autonomía política regional, advirtiendo de que la dependencia financiera de estructuras estatales puede derivar también en una dependencia política que perjudique a Castilla-La Mancha. Recordó, en este contexto, informes de la Intervención que apuntaban a un uso de fondos autonómicos por parte de Vox para su estructura nacional, aunque recalcó que la reforma no se dirigía contra un partido concreto. Definió finalmente la modificación como “humilde por su tamaño, pero grande por su significado”.
Debate y posiciones enfrentadas
El debate parlamentario estuvo marcado por la confrontación política. Vox rechazó frontalmente la reforma. Su diputado Luis Blázquez sostuvo que el cambio normativo no persigue mejorar la transparencia, sino “proteger a los partidos del sistema” y penalizar a quienes no comparten su modelo. Defendió que los controles existentes ya eran suficientes y cuestionó la legitimidad de las objeciones actuales, recordando que las cuentas de su grupo habían sido aprobadas con anterioridad. Calificó la reforma de “ilegal”, “jurídicamente peligrosa” y “una chapuza normativa”, y denunció la inadmisión de sus enmiendas en la Mesa.
El Partido Popular, por su parte, optó por la abstención, aunque también expresó duras críticas. Su portavoz, Santiago Serrano, reprochó al PSOE la falta de coherencia y denunció que la modificación no se hubiera planteado durante las negociaciones para una reforma global del Reglamento. A su juicio, el texto invade competencias del Tribunal de Cuentas, vulnera el principio de seguridad jurídica y afecta a materias reservadas a ley orgánica, por lo que debería haberse tramitado por otro cauce. No obstante, el PP se desmarcó de Vox y justificó su abstención como un gesto de “legalidad, estabilidad y respeto institucional”.
La votación final del 11 de diciembre se saldó con 17 votos a favor del PSOE, la abstención del PP y los cuatro votos en contra de Vox, tras una tramitación acelerada por el procedimiento de lectura única.
Con su publicación en el DOCM, la reforma entra plenamente en vigor y fija un nuevo marco normativo que refuerza el control sobre el uso de los fondos parlamentarios, limitando su destino de forma expresa al ámbito político y territorial de Castilla-La Mancha.