El portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Juan Carlos Campo, ha mostrado la disposición "absoluta" de su grupo a alcanzar acuerdos en cuestiones "esenciales" como lo relativo a la falta de medios de la Administración y la modernización de la Justicia aunque no ve factible concurrir en un pacto común porque las diferencias son "amplias".
En entrevista con Europa Press, Campo ha celebrado la propuesta de creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Justicia y ha asegurado que si el Ejecutivo dice con qué presupuestos va a contar, es factible priorizar "cuestiones esenciales" para las que urge solución.
"Más que un pacto estamos hablando de alcanzar acuerdos en cuestiones que ya no pueden esperar más como la falta de medios y una organización obsoleta de la Justicia. La voluntad del PSOE es absoluta y la del Gobierno la veremos; no sabemos si otros grupos están dispuestos a acercar posturas o se mantendrán en el 'postureo' político también en algo tan serio como esto", ha dicho el diputado.
A su juicio la reforma de la Justicia debe centrarse en cinco ejes prioritarios, que son la superación del partido judicial como base exclusiva de vertebración judicial, la extensión de la organización colegiada, la creación de tribunales de primer grado donde se resuelvan asuntos de menor complejidad, la conformación de tribunales de instancia y la redacción de un nuevo proceso penal.
Respecto a este último punto, el exsecretario de Estado ha afirmado que se trata de una propuesta que cuenta con el "sello" del último ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y por tanto es un aspecto ya "interiorizado" por el actual Gobierno. Ahora bien, el portavoz de Justicia socialista reconoce que es necesario diseñar un nuevo modelo de justicia penal acorde con el siglo XXI.
A su juicio es necesario acometer una reforma integral del Código Procesal Penal que unifique los procedimientos que hoy en día están dispersos en normas redactadas en los tres últimos siglos (el actual modelo procesal data de 1882) y que concluya en un sistema sencillo más eficaz y garantista.
RELEVANCIA DE LA FIGURA DEL JUEZ PENAL
En concreto propone que el juez penal sea la figura central y se acometa una "transformación de calado" para que la investigación penal esté dirigida por el Ministerio Fiscal, tal y como apunta el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ya al inicio de esta legislatura dijo que buscaría consenso con las fuerzas políticas para acometer la reforma en la que los fiscales sean los directores de la investigación.
"El principal riesgo que el sistema tradicional de instrucción conlleva es la pérdida de imparcialidad en el ejercicio de la función de garantía; por eso hoy día no basta con que quien juzgue no pueda acusar. Quien garantiza los derechos del investigado no puede dirigir la investigación", ha razonado el magistrado en referencia a la erradicación de la figura de la acusación popular.
Sin embargo el Grupo Socialista se desmarcó el pasado mes de noviembre en la votación de una propuesta presentada conjuntamente por Ciudadanos y Partido Popular en la Cámara Baja para concretar un pacto por la Justicia dado que a su juicio se trataba de un modelo pactado entre las partes y lo que buscaban era un "contrato de adhesión".
"La Cámara les dijo que el consenso es un buen método de trabajo pero no un cheque en blanco", ha defendido Campo en referencia al rechazo que obtuvo la propuesta en su votación en la Cámara Baja. Al hilo ha denunciado que la X Legislatura ha pasado a la historia "como aquella en la que se legisló contra el ciudadano" con la aprobación de la Ley de Tasas, la Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma laboral de 2012.
Sobre la modificación del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explica que el partido socialista opta por un sistema conjunto entre la carrera judicial y las Cortes, y su propuesta de mejora gira más sobre el proceso de elección de los miembros que sobre una modificación del procedimiento de designación parlamentaria, como acordaron Ciudadanos y Partido Popular, que proponen que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por los propios magistrados.
RETOS DE LA NUEVA LEGISLATURA
Lo que esperan para estos próximos cuatro años es ver "ofertas de diseño" de la Justicia por parte del ministro Catalá en lo relativo a la creación de juzgados, desarrollo de la Nueva Oficina Judicial y nuevas tecnologías, frente a la "chapuza" de Lexnet, el sistema electrónico de comunicaciones de la Administración y cuyo uso es desde el pasado 1 de enero es obligatorio para los profesionales de la Justicia.
Por ello Campo confía en que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy "sea capaz de pilotar el proceso de cambio que necesita la Justicia", con el fin de que se pongan en marcha cuerpos normativos que permitan consolidar avances y donde destaque "de manera sobresaliente" la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
Con todo, el portavoz socialista en la Comisión de Justicia expone que es prioritario desarrollar en el territorio nacional la Nueva Oficina Judicial que se sustente en los principios de agilidad, eficacia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión y potencie la figura de los letrados de la Administración (antiguos secretario judiciales).
Propone además la creación de un Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (es decir, que los sistemas informáticos se entiendan unos con otros) y la constitución de la Reforma de la Demarcación y Planta. En este último aspecto se remite a un informe que él mismo expuso en la Comisión de Justicia en noviembre de 2010 y que, a su juicio, "supuso un punto de inflexión".
El problema, dice, no se circunscribe a la dotación de medios sino a la inadecuación a los nuevos tiempos y realidades de la organización judicial. "Más no es equivalente a mejor; debemos pasar del incrementalismo a una reorganización eficiente con tres vertientes: procedimental, funcional y orgánica", ha suscrito.
INCREMENTO DE LA LITIGIOSIDAD
Esta transformación de la cultura jurídica surge por un lado de la complejidad de la sociedad, cada día más heterogénea y globalizada, y también de otros aspectos como la delincuencia y la corrupción; dos fenómenos que han "mutado" y se han convertido en más difíciles de aprehender. Por ello la litigiosidad ha aumentado hasta el punto en que los asuntos ingresados se han multiplicado cien en las dos últimas décadas.
Respecto a la presunción de inocencia de figuras públicas como políticos que se han visto implicados en casos judiciales, Campo ha asegurado que no existe un remedio único para evitar que se ponga en tela de juicio su inocencia antes de conocer el pronunciamiento del tribunal y que, evitar lo que se conoce como "la pena del telediario" es un gran reto de las sociedades democráticas.
"Con carácter previo debe distinguirse entre la responsabilidad política y la judicial. El PSOE tiene una regulación interna muy exigente y bastante definida; la apertura de juicio oral es el momento determinante para abandonar el cargo", ha subrayado el diputado socialista sobre esta cuestión que ha cobrado interés mediático a raíz de los últimos casos surgidos y que han afectado a importantes figuras políticas de diferentes partidos.
Sobre el nuevo fiscal general del Estado, Manuel Maza, Campo ha dicho que su formación espera que aleje las dudas que suscitó su nombramiento --a propuesta del Gobierno-- y atienda al mérito y capacidad a la hora de proponer fiscales para los más altos puestos en la carrera. También le pide que oiga al Consejo Fiscal, y pilote con autonomía la lucha contra la corrupción la criminalidad organizada.
