El procés en el año 2019: la sentencia encendió la calle sin unir al independentismo

Las protestas postsentencia ponían así el colofón a un año en el que la actualidad política no ha permanecido ajena a las vicisitudes del juicio en el Supremo
Miles de personas se concentran contra la sentencia del 'procés' bajo el lema 'Libertad'
photo_camera El procés en el año 2019: la sentencia encendió la calle sin unir al independentismo

Las condenas de nueve a trece años de cárcel que el Supremo impuso en octubre a los líderes del "procés" desataron las iras del independentismo que, junto a masivas protestas pacíficas, encendió las calles con disturbios inéditos en un movimiento caracterizado hasta entonces por su extremo civismo.

Las protestas postsentencia ponían así el colofón a un año en el que la actualidad política no ha permanecido ajena a las vicisitudes del juicio en el Supremo, sin que las elevadas condenas sirvieran para ensamblar al independentismo en una respuesta institucional consensuada y en una nueva hoja de ruta. 

EL JUICIO 

En cuatro meses y 52 sesiones transcurrió en el Tribunal Supremo el juicio contra los 11 líderes independentistas, sin duda el más mediático de la historia de España y que casi a diario desbordó la sala de vistas para acabar condicionando la actualidad política sobre Cataluña.

Atravesado por cuatro elecciones -generales, europeas, municipales y en algún caso también autonómicas-, el juicio ha estado marcado por los alegatos políticos de acusados, testigos y hasta abogados, a menudo con la vista puesta en las urnas, y ha obligado a la sala a pronunciarse repetidamente sobre las candidaturas de las que formaban parte los políticos presos.

Durante la vista, cinco de los acusados han sido elegidos diputados -y suspendidos tras haber sido autorizados a acudir a la constitución de Las Cortes- y un sexto (Joaquim Forn) concejal, mientras los dos abogados de Vox, acusación popular en la causa, se hacían con un escaño en el Congreso. 

La vista, televisada al completo y que logró colarse en la sala de estar de muchos hogares españoles, vivió momentos álgidos como el alegato paficista de un Junqueras que pareció tirar la toalla de la defensa jurídica, la revelación de los planes del mayor Trapero para detener a Carles Puigdemont tras la DUI o la proclama final de Jordi Cuixart, que disparó las alarmas entre algunas defensas con su "ho tornarem a fer" (lo volveremos a hacer). 

Al mismo tiempo, el juicio desnudaba las flaquezas del "procés", que tanto testigos como algunos acusados redujeron a un intento de poner al Gobierno contra las cuerdas para forzar una negociación, y traía a la memoria los escraches y cargas policiales de octubre de 2017, durante dos días consagrados íntegramente a la reproducción de vídeos del 20S o del 1-O.

LAS CONDENAS

El 14 de octubre, la víspera de que se cumplieran los dos años de prisión de los "Jordis", habló el Supremo: no fue rebelión, como mantenía la Fiscalía, sino la sedición que la Abogacía del Estado puso sobre la mesa a última hora y ya con Pedro Sánchez en Moncloa. 

En concurso con el delito de malversación, la sentencia disparó la condena de los líderes independentistas a penas de hasta dos dígitos de cárcel -que alejan el horizonte de los permisos y el régimen abierto para los reclusos-, lo que enfureció al independentismo sin contentar tampoco a los sectores más beligerantes con el "procés".

En una sentencia unánime, el TS optó por condenas ligeramente más altas que las que planteaba la Abogacía del Estado -la más elevada, de trece años de prisión para Oriol Junqueras- al tiempo que condenaba solo por desobediencia, un delito castigado con penas de inhabilitación, a los tres exconsellers que ya estaban en libertad.

La sentencia asumió la tesis de la Fiscalía de que el 1-O y el 20S hubo episodios de violencia, pero descartó que esta fuera instrumental para lograr la independencia.

Es más, para el Supremo, los acusados nunca pusieron en riesgo el orden constitucional con su referéndum, pero en su afán de movilizar a la sociedad catalana para forzar una negociación con el Gobierno engañaron a "ilusionados ciudadanos" hasta aprobar una DUI "simbólica e ineficaz". Una "ensoñación", en palabras del tribunal.

La condena ha vuelto a poner en el punto de mira a Carles Puigdemont, al reactivarse las órdenes europeas e internacionales para detenerlo, y ha dado inicio al proceso de clasificación penitenciaria de los políticos presos, que pronto podrían lograr salidas y permisos, en plena negociación por la investidura de Pedro Sánchez. 

LA REACCIÓN EN LA CALLE

El mismo lunes 14 de octubre, a las pocas horas de conocerse la sentencia, el independentismo inició una fase de movilizaciones de una contundencia hasta entonces inédita, promovidas inicialmente por la plataforma Tsunami Democràtic -que provocó ese día el colapso en los accesos al aeropuerto de El Prat- y después por los CDR.

Los llamamientos de los CDR a la "revuelta popular" fueron correspondidos por centenares de jóvenes que protagonizaron en los días posteriores disturbios callejeros y violentos choques con los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional en Barcelona y otras ciudades catalanas.

Los incidentes pusieron contra las cuerdas al conseller de Interior, Miquel Buch, que censuró de inmediato a los violentos que había detrás de las protestas, a diferencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien tardó dos días en condenar unos disturbios que atribuyó a "grupos de infiltrados y provocadores".

Cuatro días después de hacerse pública la sentencia, las protestas alcanzaron su cénit, con una huelga general y una manifestación en Barcelona que congregó, según la Guardia Urbana, a más de medio millón de personas, muchas de ellas procedentes de las "Marchas por la libertad", organizadas por la ANC y Òmnium Cultural y que en los días previos habían partido de diferentes puntos de Cataluña.

SIN RESPUESTA INSTITUCIONAL

La reacción en la calle contrastaba con la falta de respuesta institucional a la sentencia, debido a las discrepancias estratégicas de las fuerzas independentistas.

Finalmente, el 26 de noviembre, un mes y doce días después de conocerse las condenas, el Parlament aprobó, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una polémica resolución suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional (TC) por las referencias al derecho a la autodeterminación y a la reprobación a la monarquía, alusiones que fueron recuperadas por la vía de las enmiendas.

Al margen de las referencias puntuales a la autodeterminación en textos parlamentarios, el Govern de JxCat y ERC, presidido por Quim Torra, no tiene una hoja de ruta acordada sobre cómo ejercerla.

De hecho, el propio president se quedó solo cuando, tras la sentencia, planteó como apuesta personal ejercer el derecho a la autodeterminación "en esta legislatura", un planteamiento que cogió por sorpresa al grupo de JxCat y a ERC, que mostró sus recelos ante la idea de poner plazos a una nueva votación.

UN 2020 INCIERTO

Sin el apoyo de una CUP muy crítica con JxCat y ERC porque no se dan pasos efectivos hacia la "república catalana", el Govern negocia con los comunes la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2020, que darían oxígeno a la legislatura.

Las negociaciones están encarriladas -ya hay un preacuerdo sobre fiscalidad- y el Govern confía en cerrar un acuerdo antes de fin de año.

Pero, aunque haya presupuestos, la legislatura catalana puede verse alterada por dos factores que dependen de los tribunales: la posible inhabilitación de Torra y la hipotética extradición de Carles Puigdemont.

El 18 de noviembre, en el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Torra reconoció que desobedeció la orden de la Junta Electoral de retirar lazos amarillos de edificios públicos, unos hechos por los que la Fiscalía pide una pena de un año y ocho meses de inhabilitación.

Si hay recurso al Tribunal Supremo, la eventual inhabilitación de Torra podría tardar aún unos meses en ser efectiva, pero en caso de que se confirme podría precipitar un adelanto electoral si JxCat y ERC no invisten a un nuevo president.

Justamente para este 16 de diciembre está previsto que se celebre en Bruselas la vista sobre la euroorden contra el expresidente Carles Puigdemont, cuya hipotética extradición a España también podría desembocar en unas elecciones anticipadas en Cataluña en las que, según defienden fuentes de su formación, él podría ser de nuevo el cabeza de lista de JxCat a la Generalitat.

Puigdemont seguirá también con mucha atención la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de diciembre sobre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que pide poder ejercer como eurodiputado con la inmunidad que eso conllevaría, una inmunidad que igualmente reclama el expresident, que tampoco ha podido recoger su acta de europarlamentario. 

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