El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se ha mostrado convencido este viernes, en Soria, de que la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de la región "va a abrir camino en el resto de España".
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del inicio de la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural (Presura) que se celebra en Soria, donde ha destacado que la Ley regional incorpora "novedades importantes" desde el punto de vista fiscal y de la garantía de los servicios públicos esenciales en los pueblos afectados por la despoblación, ha informado la Vicepresidencia regional en nota de prensa.
A preguntas de los medios de comunicación, Martínez Guijarro ha explicado que las características de la nueva norma de Castilla-La Mancha van a hacer que "otras comunidades autónomas y el propio Gobierno de España tomen nota e implementen estas medidas".
En este sentido, ha recordado que se trata de una ley "pionera", por ser la primera norma de lucha contra la despoblación en todo el país, y que se ha gestado en el diálogo con los diferentes agentes sociales, por lo que ha sido "muy participada y absolutamente consensuada en lo social".
En este punto, ha recalcado que el consenso en este tipo de normativas es "imprescindible" porque las políticas frente a la despoblación son "de medio y largo plazo".
Además, ha apuntado que la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha permite la deducción del 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas afectadas por la despoblación y la deducción del 15 por ciento para adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual para los que vivan o quieran vivir en estos territorios.
A todo ello, ha dicho que hay que añadir su "transversalidad", ya que afecta a la práctica totalidad de las competencias que tiene la comunidad autónoma.
También ha nombrado otras medidas incluidas en la norma como el "blindaje" de los servicios públicos como la sanidad, educación, servicios sociales y transporte; la habilitación de ayudas de hasta el 40 por ciento adicional para la instalación de empresas en zonas afectadas por la pérdida demográfica y un informe de impacto demográfico que se exigirá para toda la planificación de nuevos servicios públicos.
Por otro lado, Martínez Guijarro ha informado de que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de la mitad de los proyectos públicos que conforman el Plan 'Castilla-La Mancha Avanza' -que engloba la estrategia para la recuperación y la transformación de la región y está compuesta por un total de 134 proyectos que suman casi 5.600 millones de euros- a la lucha contra la despoblación.
Ha concretado que uno de los diez vectores estratégicos del Plan está orientado a profundizar en la cohesión y vertebración del territorio para afrontar el reto de la despoblación y contempla proyectos específicos con una inversión pública superior a los 500 millones de euros.
Además, el vicepresidente regional se ha mostrado a favor de un Pacto de Estado contra la Despoblación porque, a su modo de ver, "sería importante para hablar bien del medio rural y poner el acento en las oportunidades que tienen los pueblos".
