La Audiencia de Navarra ha concedido a los miembros de La Manada la libertad provisional bajo fianza al considerar que su arraigo, insolvencia económica y falta de antecedentes similares reducen el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, una decisión no compartida por la Fiscalía y las acusaciones populares, que van a recurrir.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado la presentación del recurso de súplica ante la Sección Segunda, al igual que el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra que han mostrado su rechazo a la puesta en libertad de los condenados, tres de los cuales se encuentran en la cárcel de Pamplona y dos en la de Alcalá Meco.
Tras la notificación del auto esta mañana a las partes, después de que ayer se trasladara a los cinco condenados, lo que ha generado "preocupación" entre las acusaciones que se enteraron por los medios de comunicación, se espera que queden en libertad en las próximas horas, una vez que depositen la fianza de 6.000 euros impuesta, algo que ya ha hecho la familia del guardia civil Manuel Guerrero, según ha confirmado el despacho de su abogado.
La resolución, que cuenta con el voto discrepante del presidente de la sala, Francisco Cobo, descarta el riesgo de cometer un nuevo delito en la "repercusión" que ha tenido el caso y en la "presión" desatada que "han alimentado un rechazo social que permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo".
Así, tras la condena a 9 años de cárcel que para los cinco procesados dictó esta misma sala el 26 de abril por abuso sexual continuado a una joven madrileña en la madrugada del 7 de julio de 2016, ahora acuerda su puesta en libertad provisional con fianza de 6.000 euros y una serie de medidas cautelares.
Entre otras fija la obligación de los condenados de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia y la prohibición de acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.
Ordena también la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la designación de un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en esos domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.
De esta manera entiende la Audiencia de Navarra que se "garantiza la tranquilidad y sosiego" de la víctima al tiempo que se respeta la jurisprudencia constitucional sobre la preeminencia que debe otorgarse al derecho de libertad de las personas "tras la pertinente ponderación de los intereses en juego".
Y al respecto añade que los 9 años de condena que pesan sobre ellos representan "una más que notable reducción de las penas solicitadas por las acusaciones" en el juicio, por lo que no ve legitimado el "automatismo" de prorrogar la prisión, a lo que suma que en caso de duda hay "dos reglas de oro: los principios favor libertatis y el in dubio pro reo".
La resolución reduce además los riesgos de fuga y reiteración delictiva por el "arraigo familiar y social" de los acusados, "la pérdida de su anonimato", los 500 kilómetros que separan los domicilios de los procesados y el de la víctima, y la falta de antecedentes penales por hechos similares.
El auto cuenta con un voto particular discrepante emitido por el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, José Francisco Cobo, quien aboga por la prórroga de la prisión provisional incondicional hasta la mitad de la pena impuesta, 4 años y 6 meses, al tener en cuenta la "gravedad" de los hechos probados y considerar que las medidas adoptadas "no conjuran" el riesgo de fuga y pueden resultar "ineficaces" respecto a la protección de la víctima.
"Es indiscutible la gravedad de delito, expresada en el contenido de la pena impuesta", y la afectación a bienes jurídicos especialmente relevantes como lo es en este caso la libertad e indemnidad sexual", subraya.
Por ello, concluye, la estabilidad domiciliaria de los procesados, su disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida, su integración en su contexto familiar y convivencial extenso, no permiten "conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia y las medidas a tal efecto propuestas".
No es esta la primera vez que en este caso discrepan los miembros del tribunal, ya que también la sentencia que condenó a La Manada a 9 años de cárcel contó con el voto particular de Ricardo González, quien pidió la libertad de los acusados al no apreciar en los hechos sino "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo".
REACCIONES AL AUTO DE LA AUDIENCIA DE NAVARRA
Por otra parte, y tras conocerse el auto, el Gobierno, dirigentes políticos y representantes de los partidos y de los sindicatos han coincidido en manifestar su sorpresa e indignación por la libertad provisional para los integrantes de La Manada y han pedido mayor formación sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha dicho que el Gobierno se hace eco de la alarma social y de la preocupación de las mujeres, a las que "va a proteger", y ha señalado que "los hechos probados son gravísimos".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha explicado que el Ejecutivo está estudiando "cómo hacer" que los servicios jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales, aunque en el caso de la joven de La Manada ya no es posible.
Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha defendido que "todos los operadores jurídicos necesitan formación en violencia de género y violencia sexual" y ha considerado que es una "mala noticia política y jurídica".
Las reacciones del PP han venido de parte de las dos candidatas a la presidencia del partido. Así, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha dicho que "como mujer" se siente "profundamente decepcionada y muy frustrada" y ha considerado que es el momento de abordar la reforma del Código Penal.
La otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que no se puede dar el mensaje de que un delito "tan grave" como el que han cometido los delincuentes de La Manada "sale barato".
De "mala noticia" ha calificado la resolución el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha asegurado que queda de manifiesto que "el Derecho no funciona".
También responsables políticos autonómicos han reaccionada a la puesta en libertad de los miembros de La Manada como el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha abogado por la reforma del Código Penal para que este tipo de agresiones sean interpretadas como violación y no como abuso.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que "mentiría" si dijera que no está "sorprendido", aunque ha incidido en la independencia del poder Judicial y en el acatamiento de las sentencias.
"Cuando el tiempo de los jueces no es entendido por el de la calle, tenemos un problema", ha advertido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en tanto que el de Asturias, Javier Fernández, ha expresado su solidaridad con la víctima y con todas las mujeres que también lo son.
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado tener "la misma estupefacción e indignación" que la ciudadanía y ha constatado una "falta preocupante" de formación en perspectiva de género.
"Indignación" e "incomprensión absoluta" ante la decisión judicial ha mostrado la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz, en tanto que la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha considerado que el Código Penal requiere una reforma "con tranquilidad pero sin pausa".
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a las instituciones a "revisar lo que se tenga que revisar" en la legislación vigente para evitar "mensajes de impunidad" ante una "violación múltiple".
Por su lado, portavoces de asociaciones profesionales de jueces y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías han pedido respeto para los jueces que han decretado la libertad de los integrantes de La Manada en un auto ajustado a la legalidad y "razonado" y han subrayado el nivel de formación de los jueces en perspectiva de género.
Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que "no hay ninguna explicación jurídica" para la decisión sobre La Manada.
A juicio de CC.OO., solo puede entenderse "como un claro desafío al sentido común de la democracia", a la vez que ha alertado de que "asistimos a una nueva vuelta de tuerca que golpea con más fuerza que nunca la dignidad de las mujeres".
Un petición abierta en Change.org para que los cinco miembros de La Manada sigan en prisión preventiva mientras el Tribunal Supremo resuelve recurso ha logrado casi 600.000 de firmas en menos de 24 horas.
La decisión judicial ha motivado también la convocatoria de concentraciones en numerosas ciudades españolas como Madrid, donde las organizaciones feministas han llamado a movilizarse frente al Ministerio de Justicia.
