Expertos piden consenso entre Estado y comunidades sobre los fondos europeos

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que aprueben cambios legislativos para agilizar los fondos
Expertos piden consenso entre Estado y comunidades sobre los fondos europeos
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El Informe de las Comunidades Autónomas del Observatorio de Derecho Público IDP, presentado este jueves en el Senado, aboga por una mayor colaboración entre Estado y gobiernos territoriales en la gestión de los fondos europeos y afirma que "en pocos otros asuntos es más manifiesta la necesidad de un consenso".

Realizado por más de treinta de profesores de Derecho Público de las distintas comunidades autónomas, el informe, que este año cumple su edición número 32, plantea en su "Valoración general del Estado autonómico en 2021" la necesidad de alcanzar en este ámbito "una dirección política de Estado y compromisos estables fundados en la transparencia, la calidad y la objetividad".

Añade que las decisiones sobre el destino de los fondos de la UE "suponen un serio desafío para todo el Estado y no pueden tomarse sin tener en cuenta las competencias de las comunidades autónomas, que ya han empezado a realizar cambios organizativos para la gestión de estos asuntos".

Los autores de este trabajo consideran que los fondos europeos presentan un diseño "excesivamente centralizador y de marcado carácter vertical", pero que, aún así, las comunidades tienen una "importante capacidad" para orientar hacia sus propios objetivos sus decisiones de ejecución de los proyectos.

De esta forma, entienden que, "a pesar de la clara intromisión en el legítimo ejercicio constitucional de competencias por un exceso centralizador", es posible que cada comunidad desarrolle un modelo propio de gestión de los fondos.

En una ponencia específica sobre estos recursos que la UE pone a disposición de los Estados miembros, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno señala que "la capacidad autonómica para, aun desde la mera gestión, articular un modelo propio de sus políticas públicas, es de gran relevancia y clave para una mayor eficacia".

Los fondos europeos, dice Gimeno, "nos ponen en la encrucijada para validar el liderazgo institucional público y del modelo de gestión del poder descentralizado en España; no podemos equivocarnos ni dar un paso atrás".

Además, indica que la gestión de los fondos europeos, junto a la experiencia de la crisis sanitaria, suponen "la oportunidad para impulsar una transición no ruidosa hacia una nueva gobernanza pública en un modelo descentralizado y de respeto del legítimo ejercicio de las competencias propias".

En esa nueva gobernanza plantea cambiar el modelo de gestión pública actual por otro "que piense en inversión y no en gasto" y apueste por "el adecuado cumplimiento de los fines públicos", superando lo que denomina "la presión política de hacer más por menos y a corto plazo".

Debería servir también, señala, para extender "una nueva cultura de la colaboración a nivel público-público y público-privada" basada en la idea de proyectos y en el control "a posteriori" de los objetivos, siempre de forma "ajustada a las características de cada comunidad autónoma".

En la apertura de la jornada, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que aprueben "las reformas legislativas que sean necesarias" para agilizar sus procedimientos de cara a la gestión de los fondos europeos.

El ministro ha recordado que el Gobierno aprobó a finales de 2020 un real decreto ley para agilizar los "cuellos de botella" en la tramitación de los fondos, de los que ya se han asignado 11.200 millones de euros a las autonomías.

Siguiendo ese ejemplo, ha planteado a las comunidades que "vayan aprobando normas similares para agilizar la implementación de los fondos europeos" en sus territorios.

Bolaños ha afirmado que los fondos europeos Next Generation "son la clave de la recuperación y del crecimiento económico que está teniendo ya nuestro país y que va a seguir teniendo" a pesar de las sucesivas "incertidumbres", la última de ellas la invasión rusa de Ucrania.

Por otra parte, el informe, dirigido por David Moya, profesor agregado de la Universidad de Barcelona, y Javier García Roca, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, se fija, entre otros aspectos, en el recurrente uso de los decretos leyes, que en su opinión "ha seguido siendo demasiado frecuente".

Subraya que los gobiernos autonómicos, igual que el central, los usan a menudo para regular situaciones en las que "es discutible la existencia de su supuesto habilitante: la extraordinaria y urgente necesidad", lo que "altera gravemente la forma de gobierno parlamentaria y es una mala práctica que debería erradicarse".

José Tudela, director de la Fundación Manuel Giménez Abad, ha opinado que "no hay nada que justifique los decretos ley en las comunidades autónomas, donde en una semana se puede aprobar un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, incluso con enmiendas".

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