lunes 25.05.2020

El PP pide en un juzgado que no se destruyan los vídeos de Barajas sobre Ábalos y Delcy Rodríguez

El PP recuerda la "responsabilidad penal" que puede acarrear borrar las imágenes de Delcy Rodríguez en Barajas
El presidente del PP, Pablo Casado, durante la entrevista en EsRadio
El presidente del PP, Pablo Casado, durante la entrevista en EsRadio

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que su partido ha acudido a un juzgado de guardia para solicitar "amparo" y evitar que "se destruyan las pruebas de las grabaciones" con las imágenes del aeropuerto de Madrid-Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Además, ha señalado que el Grupo Popular ha registrado la comparecencia del director general de Aena.

"Hemos ido a un juzgado de guardia para pedir amparo porque creo que lo que está pasando en relación con Venezuela es un cambio de posición tremendamente injusto con la heroica oposición venezolana, pero sobre todo creo que es algo vergonzoso para España", ha afirmado, para recalcar que el "régimen dictatorial" ha torturado, asesinado y echado al exilio a millones de personas que se morían de hambre.

En una entrevista en Esradio, Casado ha afirmado que "a dos días de que pudieran ser destruidas esas cintas", su partido ha acudido a un juzgado de guardia para que "no se destruyan las pruebas de la terminal 4" de Barajas en relación con esa reunión y ha recordado que el PP ya presentó una denuncia contra Ábalos en la Fiscalía pero "ni siquiera les han contestado". Además, ha indicado que su partido presentó un acta notarial en relación con este caso y ha criticado que Aena "tampoco haya dicho nada" en dos semanas.

Casado, que ha llegado a hablar de "delcygate" al referirse a esta reunión del titular de Transportes con la número dos de Nicolás Maduro, ha asegurado que durante la reunión que mantuvo este lunes en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez le pidió que reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

Asimismo, el presidente del PP ha dicho que "hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevaban divisas". "Como soy respetuoso lo pongo en condicional", ha manifestado, para añadir que también se tendría que explicar "a qué respondían los fondos" del embajador en Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero.

Eso sí, ha dicho que la "buena noticia" en este asunto "es que los gerifaltes empiezan a sacar oro y divisas porque van a acabar cayendo". Además, ha señalado que también se va a saber los "vínculos de Podemos con el régimen chavista, así como de Zapatero y el PSOE con el régimen de Maduro".

"SÁNCHEZ USA A ÁBALOS DE ESCUDO"

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado que "al margen de si Delcy se tomó un café solo o cortado" o si "pisó o no la pista", hay una "certeza absoluta" de que Ábalos "ha mentido a toda España" y, por lo tanto, "ha quedado tocado en su credibilidad". Por eso, ha dicho que su partido está actuando para que se conozca "toda la verdad" sobre este asunto.

García Egea --tras acudir a un desayuno organizado por el Fórum Europa-- ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el Gobierno de la mentira" y ha añadido que si no tuvieran "nada que esconder" sería el propio Ejecutivo y Aena los que aportarían esas imágenes. A su entender, si no lo hacen es porque "tienen algo que esconder". "Si no las han hecho públicas es porque el señor Ábalos ha mentido y sigue mintiendo", ha abundado.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que ha dicho que su partido ha emprendido una "ofensiva parlamentaria" y "legal" para llegar "hasta el final" de este caso y "todos los españoles sepan lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas". "Queremos ver esas grabaciones y los españoles se merecen que esas grabaciones salgan a la luz y hasta que eso no ocurra, vamos a hacer todo lo posible desde el PP en defensa del interés general", ha apostillado.

Montesinos ha señalado que el PP ha pedido que Ábalos dimita en varias ocasiones porque "los españoles no merecen un Gobierno que mienta", al tiempo que ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también debe dar "muchas explicaciones" sobre lo ocurrido en Barajas. "Está usando al ministro Ábalos de escudo", ha enfatizado.

RECUERDA LA "RESPONSABILIDAD PENAL"

El Partido Popular recuerda la "responsabilidad penal" que puede acarrear el borrado de las imágenes de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, donde se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar que la mandataria no podía aterrizar debido a las sanciones de la UE que pesan sobre ella por "graves violaciones de los derechos humanos".

Así lo ha expuesto el partido de Pablo Casado en la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que solicitan que el juez requiera a AENA, de manera "urgente" las cintas de su circuito de videovigilancia que se grabaron el pasado 20 de enero con la llegada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

En el texto, mencionan un burofax enviado a AENA el pasado 6 de enero, en el que se requería al gestor de los aeropuertos que se apercibiera al responsable de tratamiento de datos de Barajas de las responsabilidades, incluso penales, en las que puede incurrir en el caso de ordenar el borrado de las mencionadas cintas.

En ese burofax se reclamó también que las imágenes se pusieran a disposición de la Fiscalía, señalando que ésta "ya investiga los hechos denunciados".

No obstante, en otro punto de la denuncia se incluye una queja contra la Fiscalía General del Estado, donde el PP presentó una denuncia contra Ábalos por prevaricación el pasado 31 de enero, "sin que hasta la fecha haya tenido noticias de las actuaciones que haya llevado a cabo esa Fiscalía para su esclarecimiento".

SUSPENDER EL PLAZO DE UN MES PARA CONSERVAR LAS IMÁGENES

La petición que realizan ahora los populares en el Juzgado de Guardia para que no se destruyan las cintas tiene como fin "suspender" el plazo de cancelación de datos previsto en un mes desde su captación, como prevé el artículo 6 de la Instrucción 1/2006, dictada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en relación al tratamiento de datos personales confines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

El citado plazo se debe suspender en el caso de que haya una investigación judicial o policial de los hechos presuntamente delictivos que se hayan podido registrar en imágenes.

Y para evitar que las cintas sean destruidas transcurrido el mes de plazo que marca la ley para conservarlas, el PP se ha dirigido al juez de guardia con el fin de que incoe las correspondientes diligencias previas y con "carácter inmediato" y como "medida cautelar urgente" solicite a AENA las imágenes obtenidas aquel día y, en todo caso, requiera formalmente para evitar la destrucción o supresión de las mismas.

En la denuncia, el PP hace el relato de los hechos en base a las declaraciones del propio ministro de Transportes y de las informaciones periodísticas publicadas desde el 20 de enero. Relatan así la prohibición que tenía Delcy Rodríguez de viajar al territorio de la Unión Europea e incluso de realizar tránsito o escalas en cualquier aeropuerto de la UE.

Los 'populares' señalan que a estos efectos "territorio nacional" no se identifica con el delimitado por los accesos documentales aeroportuarios, sino que incluye todo el aeropuerto, incluso las áreas de tránsito, según la doctrina del Tribunal Constitucional, "no existiendo, por tanto, áreas exentas de soberanía o ajenas a ella".

OMISIÓN DELIBERADA DE TRÁMITES PARA OCULTAR EL INCUMPLIMIENTO

Ponen también de manifiesto que el Gobierno tenía conocimiento de la llegada de la vicepresidenta venezolana porque había sido informado por la embajada de España en Caracas, así como la "omisión deliberada" de los trámites que deben pasar las misiones diplomáticas en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el fin de "ocultar el incumplimiento" de las sanciones comunitarias.

Estos consisten según la denuncia, en permitirles el acceso a la zona de control de pasaportes por una vía reservada para el ingreso de ciudadanos comunitarios, independientemente de su nacionalidad.

En el texto se relata el reconocimiento de Ábalos de no haber impedido que la aeronave en la que viajaba Delcy Rodríguez aterrizara en Madrid, así como la reunión mantenida con ella por parte del ministro de Transportes de "una hora y media" y en la que éste habría intentado disuadir a la mandataria venezolana de que bajara del avión.

Denuncian de nuevo ante el Juzgado --después de haberlo hecho ante la Fiscalía-- que el ministro de Transportes permitió a Rodríguez desplazarse a una sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció hasta que abandonó España con destino a Doha en la mañana del lunes 20 de enero.

Y añaden que el propio Ábalos ha reconocido que evitó que la policía practicara la deportación, así como el hecho de que no hay constancia de que Delcy Rodríguez pasara ningún control de fronteras donde debía haberse sellado su pasaporte y validado sus documentos al objeto de dejar constancia de su presencia en territorio nacional.

Y ello, señalan, a pesar de haberse trasladado desde el avión a una sala VIP, donde estuvo custodiada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero a los que no se les permitió proceder a la detención o expulsión de la vicepresidenta de Venezuela.

HECHOS QUE PUEDEN SER PREVARICACIÓN

Unos hechos que, de acreditarse, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación por parte de las autoridades españolas implicadas en el asunto, según recuerda el PP en esta denuncia, en la que se recogen los hechos ya denunciados con anterioridad en la Fiscalía General del Estado.

Se trataría de una prevaricación "por omisión" por haber permitido el tránsito de la aeronave en la que viajaba Delcy Rodríguez a pesar de la prohibición comunitaria y por haber permitido que transitara por territorio nacional si adoptar las medidas a las que obligan las disposiciones europeas y por no haber pasado por el control de fronteras.

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