La diputada del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en las Cortes regionales, Claudia Alonso, ha pedido al expresidente de Castilla-La Mancha José Bono y al titular actual del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, que "dejen de esconderse y den la cara" por el "escándalo del pelotazo urbanístico" de Seseña.
Alonso ha realizado esta petición, al hilo del juicio que acoge la Audiencia Provincial de Toledo contra el exalcalde socialista de Seseña, José Luis Martín, que se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo de capitales, por unos "hechos muy graves", ha resaltado Alonso en rueda de prensa en el parlamento regional.
"Se pide cuatro años al exalcalde de Seseña y el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha en esa época -Bono- y su portavoz -García-Page-, no han dado la cara aún ", ha condenado la parlamentaria toledana, que ha agregado que en urbanismo el Ejecutivo autonómico tenía "mucho qué decir y aprobar".
Dicho esto, ha aludido a las declaraciones de los responsables de IU por aquel entonces, el coordinador regional, Cayo Lara, y el exalcalde de Seseña Manuel Fuentes, quienes, cuando presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorruoción en 2006 defendieron que el ahora presidente regional les prometió "trato de ayuntamiento socialista si se avenían a las condiciones".
"En el tema de Seseña surgen dudas de porqué se permitió este PAU, y cuáles son las consecuencias de esos actos. Puestos a pensar, porque no podemos llegar a pensar que, a lo mejor, algunas personas que tienen ciertos problemas a la hora de aclarar sus cuestiones patrimoniales coinciden en tiempo con lo que sucedió con el tema del Quiñón", ha defendido en alusión al presidente regional.
Claudia Alonso ha aludido a Podemos para que "tenga en cuenta estas cuestiones a la hora de apoyar y de servir de muleta al partido de gobierno, al que aprueban absolutamente todo lo que presentan".
EDUCACIÓN CONCERTADA
En otro orden, la diputada regional del PP ha advertido que se está detectando un descenso de las matriculaciones en los centros educativos concertados de la región, ante la incertidumbre que está generando el Gobierno regional en relación a la financiación.
Alonso ha dicho que algunos centros están transmitiendo que están bajando las matriculaciones de alumnos en el proceso de matriculación que se está en pleno desarrollo, debido a la "incertidumbre terrible" que se ha generado.
Esta incertidumbre se generado al conocer que del pacto de investidura de PSOE y Podemos se deduce la intención del Gobierno regional de ir reduciendo progresivamente la financiación a la educación concertada.
"A día de hoy hay una evidentísima intranquilidad y un evidente malestar entre los profesores, los alumnos y los propios centros", que se está plasmando en el descenso de las matriculaciones, ha apuntado la diputada 'popular'
Según Alonso, los padres "empiezan a ver que peligra este modelo educativo en esta región" y están empezando a estar intranquilos "porque los profesores les trasmiten que se sienten bastante agraviados con el resto de profesores de Castilla-La Mancha".
Incluso algunos alumnos también les transmiten esa intranquilidad, "porque no saben que va a pasar exactamente con sus centros", ha aseverado.
A preguntas de los periodistas, Alonso ha avanzado que el grupo popular en las Cortes regionales presentará enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de la Junta para 2016 en relación a la educación concertada, aunque no ha especificado su contenido.
Alonso ha advertido que el PP no va a consentir "que haya un ataque a la libertad de elección de los padres", es importante que en Castilla-La Mancha se sigan manteniendo estos dos sistemas de manera complementaria, "tanto el público financiado al cien por cien como el público concertado".
Ha recordado que la educación concertada se financia en un 80 % con fondos públicos y ha comentado que no solo afecta a centros gestionados por confesiones religiosas sino a centros de educación especial que pueden cerrar si no reciben esta financiación.
En este sentido, Alonso ha criticado la deriva "sectaria e ideológica" de PSOE y Podemos, que están llevando a cabo una actuación política medida y orquestada primero con la educación concertada y después con la proposición no de ley (PNL) para que las autonomías no financien la asistencia religiosa en los servicios públicos.
