La portavoz de Agricultura del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lola Merino, ha denunciado que el empeño del Gobierno regional de modificar la ley de caza y paralizar la redacción del reglamento genera un grave perjuicio al sector al carecer "de base jurídica sólida y de inestabilidad legislativa".
Así se ha pronunciado Merino, en nota pública, tras la reunión que ha mantenido con representantes de la Mesa de la Caza regional, que integran la Federación regional de Caza, Aproca, Atica CLM, Ática Guadalajara, Asiccaza, Asaja y la Federación regional de Galgueros, a la que ha asistido el portavoz popular, Francisco Cañizares, y tras la mantenida también esta misma mañana con anterior con el consejero, Francisco Martínez.
"No es razonable que García-Page proponga una nueva ley en el 2016, cuando el Gobierno de Cospedal la aprobó en 2015 con el consenso y la participación del sector cinegético", ha criticado.
Aquí, ha recordado que la primera ley de caza de Castilla-La Mancha data de 1993 y que tras 23 años era lógico que las organizaciones de cazadores más importantes de la región pidieran su actualización al Gobierno de Cospedal.
Precisamente, ha añadido que la ley de caza de Cospedal se hizo a petición de los cazadores "y en consenso con ellos", y la que ahora presenta el Gobierno regional es "a petición de los grupos ecologistas y contrarios a la caza, y sin consenso con los que practican la actividad cinegética".
Según Merino, los cambios propuestos por el Ejecutivo regional "obedecen realmente a los compromisos políticos de García-Page con los ecologistas de Podemos, que les dieron el poder a cambio de defender sus intereses, olvidándose de los cazadores".
Precisamente por esto, Merino ha criticado que esta reforma no se hace a petición de los miles de cazadores a los que afecta, sino de un colectivo ecologista a quien "no es que no le guste algunos artículos de esta ley, sino que no le gusta la caza".
Con respecto a la petición del consejero para que el PP se sume a la aprobación de la ley de caza, Merino ha afirmado que "eso no puede ocurrir" porque "el presente borrador no es una defensa de la caza y de la actividad cinegética".
A su juicio, "la dificulta aumentando los controles y burocracia administrativa, aumenta y agrava las sanciones, deja desprotegido al sector agrario frente a los daños que determinadas especies pueden causar en las explotaciones y dificulta el control de predadores".
La diputada regional ha concluido que "en lo que más afecta la legislación" que maneja el Ejecutivo regional "es en que ignora la relevancia e importancia que social y económicamente tiene la actividad cinegética en nuestra región y sobre todo en las zonas rurales más desfavorecidas".
