El PP ha registrado en el Congreso una iniciativa en la que pide al Gobierno que vele para que las Administraciones educativas garanticen una oferta educativa plural, incluyendo los centros concertados, y critica que en seis comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha, se está dificultando la viabilidad de los mismos.
Además de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Extremadura y Asturias son las regiones en las que, según la proposición no de ley de los populares, se están aplicando normas en contra de la educación concertada y se ha generado "incertidumbre" en familias, docentes, personal de servicio y administración y centros.
En la propuesta, firmada por Rafael Hernando, portavoz del grupo parlamentario popular, se argumenta que el derecho a la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución "se está distorsionando por algunas administraciones educativas al reducir de forma injustificada unidades concertadas" y dificultar su "viabilidad".
Así, en Castilla-La Mancha hay un acuerdo de febrero de 2016 para reducir progresivamente la financiación de los conciertos educativos.
En la Comunidad Valenciana no se han autorizado unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y se ha restringido la renovación automática de los conciertos en Bachillerato y FP, según el PP.
En Aragón, se ha pactado un plan de cierre de aulas en este tipo de centros, "como moneda de cambio" para la aprobación de los presupuestos y se baraja la posibilidad -señala el PP- del cierre de varias aulas.
En Andalucía, según ha comentado el PP en su proposición, se ha justificado el cierre de una treintena de unidades concertadas antes del inicio del proceso de escolarización con el argumento de la bajada de la natalidad.
En Extremadura, un decreto recoge que los conciertos van a estar supeditados a una programación general de las enseñanzas, que no garantiza una estabilidad en la duración de los conciertos.
Y en Asturias, según también el PP, la caída demográfica sufrida en los últimos años ha sido el indicador para fijar la relación media de alumnos por unidad que se toma como referencia esencial para la renovación de los conciertos.
Además, el PP ha recordado en su iniciativa que una reciente sentencia del Tribunal Supremo "ha vuelto a desautorizar el principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada con respecto a la enseñanza pública", por lo que ha insistido en pedir a las comunidades que persigan el objetivo de garantizar la libertad de elegir centro docente.
