El PP de Castilla-La Mancha ha responsabilizado este domingo a "la precariedad laboral promovida" por el Gobierno regional de que 8.000 castellano-manchegos "se fueran a Madrid a trabajar en 2016".
En un comunicado, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha criticado que Castilla-La Mancha, sea "la región que expulsa a más trabajadores a otra comunidad autónoma, en este caso, a la Comunidad de Madrid".
Asimismo, Robisco se ha referido a las denuncias vertidas por CSIF en relación con la precariedad y la temporalidad en el empleo público, los contratos por horas y las diferencias entre sexos que, según sus datos, realiza el Gobierno regional.
Como ejemplo, ha recordado que CSIF Ciudad Real ha denunciado la situación de los auxiliares técnicos educativos, pues la Administración regional "mantiene a 600 contratados con unas condiciones muy precarias, con contratos a tiempo parcial y fijos-discontinuos, siendo despedidos en verano".
Además, el dirigente popular ha denunciado que el Gobierno regional "están ralentizando el crecimiento económico y la creación de empleo" de la región, ya que "Castilla-La Mancha crece un 30 por ciento menos y crea un 30 por ciento menos de empleo de lo que lo hace el resto de España".
Debido a esta situación, "el PP exige que la región no siga siendo el furgón de cola en relación con el crecimiento económico y la creación de empleo", algo para lo que "se necesitan políticas que den mayor impulso al tejido empresarial, como la homologación de impuestos con la Comunicad de Madrid".
Por su parte, la presidenta del PP en las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha analizado en otro comunicado el proyecto de ley de presupuestos, que previsiblemente se aprobará esta semana en el Parlamento, y ha considerado que supone "una traición a los castellanomanchegos" porque "no buscan su bienestar sino mantener y consolidar los privilegios" del presidente regional, Emiliano García-Page y Podemos.
"Los presupuestos de 2018 van a suponer un frenazo en seco para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha", ha alertado Guarinos, pues ha considerado que "al aumentar los impuestos a los castellano-manchegas y a las empresas, la actividad económica se va a ralentizar y no va a poder seguir el ritmo al alza que se prevé para la economía nacional, pese al problema de Cataluña".
También la diputada del PP en las Cortes regionales, Claudia Alonso, ha denunciado la situación de la educación pública en la región y ha rechazado que, según los datos de ejecución presupuestaria de 2017, del Plan de Garantías no se ha ejecutado "ni un solo euro" ni en becas de comedor ni en programas educativos.
La partida de becas de comedor escolar, "con una cuantía de 6.013.360 euros de la cual se han ejecutado 0 euros; y la segunda, de desarrollo de programas educativos, una partida aun más llamativa, ya que tenía un saldo inicial de 4.150.000 euros y posteriormente se ha realizado un recorte de casi un millón de euros, dejándola en 3.755.830,72 euros, para posteriormente no ejecutar ni un solo euro", ha afeado Alonso.
"Con los datos de ejecución presupuestaria se vuelve a demostrar que aquellos que decían que venían a ayudar a la gente, tan sólo buscaban ayudarse a sí mismos", ha espetado Alonso en alusión a los miembros del Gobierno regional pertenecientes a Podemos.
Por último, el viceportavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Núñez, ha criticado que el presidente regional no haya desautorizado al alcalde de El Bonillo y diputado en la Diputación de Albacete, Juan Gil, por su viaje a Venezuela "para blanquear el régimen de Maduro", ha concluido.
