El PP de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que paralice la aplicación de la Ley de Aguas a la luz de los últimos datos económicos y la guerra en Ucrania y que, además, alcance un "gran pacto" con los 'populares' en favor de los trabajadores autónomos, que representan la mayor parte del tejido productivo de la comunidad autónoma.
El portavoz del PP en la región, Francisco Cañizares, ha realizado estas dos propuestas en una rueda de prensa este lunes, toda vez que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la nueva Ley de Aguas, lo que conlleva su entrada en vigor en un plazo de veinte días, y ha reprochado que de los 118 artículos que tiene la norma, 76 son para "meterle la mano en el bolsillo de los ciudadanos" con "nuevos impuestos, cánones y sanciones por el uso del agua".
Cañizares ha tachado la ley de "hachazo fiscal" y tras afirmar que "no busca solucionar el problema del agua, porque no hay ni un dedal más de agua" para su uso en la región, ha considerado que "nunca hubiera sido una buena ley".
Sin embargo, ha rechazado que esta ley entre en vigor en un contexto económico con subidas de precios de la energía, los combustibles y en una situación de guerra en Ucrania y por ello ha pedido al Gobierno regional que paralice de forma inmediata su aplicación.
"García-Page no puede ir con el piloto automático, aprobando leyes que no obedecen a la realidad económica, social y productiva de esta región en estos momentos", ha advertido Cañizares al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page.
En cambio, ha apuntado que el presidente de su partido en la región, Paco Núñez, ha ofrecido al Gobierno regional "un gran pacto, un gran acuerdo" para ofrecer un "apoyo decidido" al tejido productivo de Castilla-La Mancha, que son los autónomos".
"En eso está el PP y en ofrecer a García-Page que despierte de sus sueños de recaudar más dinero y se ponga en el pellejo de los vecinos de esta tierra, que ya no pueden más", ha afirmado Cañizares, que ha incidido en que la entrada en vigor de la Ley de Aguas "no es de recibo, no es inteligente y no es responsable".
