La comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales ha aprobado este miércoles dos enmiendas parciales, del grupo popular, al proyecto de Ley de Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, con los votos a favor del PP y PSOE y en contra de Ciudadanos (Cs).
El resto de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición -23 de Cs y 9 del PP en total- no han sido incorporadas al texto del proyecto normativo y se mantienen vivas para el pleno en el que se someterá a votación el dictamen de la comisión sobre la Ley para la creación de la Cámara de Cuentas que, tras las sucesivas votaciones, ha quedado aprobado.
Las dos enmiendas del PP aprobadas son relativas al artículo 31 del proyecto de Ley sobre la pérdida de la condición de presidente de la Cámara de Cuentas, en concreto por las causas de incumplimiento grave de los deberes de su cargo e incompatibilidad sobrevenida apreciada por el pleno de las Cortes.
El texto original recoge una mayoría de tres quintos del pleno de las Cortes para aprobar el cese de la persona que ostente la Presidencia por estos dos motivos, y las enmiendas del PP plantean que sea por tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda votación, lo que para Cs es "hacerle el juego" al PSOE porque es el que tiene esa mayoría.
El presidente del grupo socialista, Fernando Mora, que será el ponente del dictamen en el pleno, ha explicado que el rechazo al resto de enmiendas se debe a que son modelos diferentes de Cámara de Cuentas; por un lado el de Cs, que a su juicio debería haber presentado una enmienda a la totalidad porque pretende un órgano "absolutamente distinto"; y por otro lado el del PP, que directamente no quiere un órgano regional que ya suprimió durante su mandato.
En el debate de las enmiendas, el portavoz del grupo parlamentario de Cs, David Muñoz, ha señalado que el planteamiento del Gobierno regional sobre la Cámara de Cuentas supone un "ataque a la democracia y a la separación de poderes" y que ha sido diseñado "de forma torticera para que nadie controle al Ejecutivo y éste se autocontrole", lo cual cree que puede traducirse como "la antesala a la tiranía".
Muñoz ha reclamado que el principio básico que debe regir el nuevo órgano es la autonomía así como la "absoluta neutralidad e independencia", al tiempo que ha abogado -tal y como recogen las enmiendas de la formación naranja- por darle un valor añadido y ampliar sus funciones para que evalúe las políticas públicas y combata los comportamientos fraudulentos, además de proteger a los denunciantes de estas actitudes irregulares.
Asimismo, ha criticado que la norma incluya que la persona que se elija para la Presidencia se pueda aprobar por mayoría absoluta y que los auditores puedan ser elegidos por libre designación, procedimiento que ha pedido desterrar del proyecto de Ley, a la vez que ha reclamado que las Cortes tengan una mayor influencia en el órgano y que el presidente se someta a control parlamentario.
Por su parte, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ha aseverado en primer lugar que el PP se opone a resucitar un órgano que en su momento suprimió porque suponía un gasto superfluo y porque ya existe el Tribunal de Cuentas a nivel nacional que puede ejercer esta labor de fiscalización.
Rodríguez ha hecho hincapié en que las enmiendas del grupo popular establecen, entre otras cosas, que la fiscalización de las entidades locales se debe excluir, que se exijan mayores requisitos en la titulación para poder presidir el órgano y en la experiencia con la que deben contar tanto esta persona como los auditores, cuyos nombramientos a dicho que no pueden ser "a dedo" y que deben producirse entre funcionarios públicos.
De su lado, el presidente del grupo socialista ha lamentado lo que ha considerado "exageraciones" por parte de los grupos de la oposición como decir que esta Ley es un "ataque a la democracia" o "la antesala a la tiranía".
Mora se ha preguntado por qué Castilla-La Mancha no puede tener una Cámara de Cuentas regional como la hay en 13 comunidades autónomas y si la oposición considera que esta región es "menos" que el resto y no tiene el mismo derecho a tenerla.
De igual modo, ha defendido que la creación de este nuevo órgano es "necesaria" y que será "austero, eficaz, eficiente, transparente" y no supondrá un aumento importante del gasto público.
