El supuesto espionaje al independentismo con el sistema Pegasus podría convertirse en una inesperada baza para las defensas de causas vinculadas al procés, tras revelarse que se monitorizaron reuniones de abogados y que algunos investigados tuvieron simultáneamente su móvil intervenido por la Guardia Civil.
En paralelo a las acciones legales que se preparan, en instancias judiciales de distintos países, para investigar quién estaba detrás del espionaje, varios abogados del entorno independentista estudian utilizar el informe elaborado por el laboratorio The Citizen Lab para poner en entredicho investigaciones penales sobre el procés, entre ellas la propia causa del Supremo por el 1-O.
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la infección de móviles de unos sesenta políticos independentistas, entre ellos abogados de líderes del procés, podría afectar al derecho de defensa y, además, plantear dudas sobre investigaciones en las que, con orden judicial, se ha utilizado software malicioso para acceder a móviles de imputados que ya eran espiados con Pegasus.
EL ABOGADO DE JUNQUERAS, EN UNA REUNIÓN POR SKYPE
En el móvil de Andreu Van Den Eynde, abogado del presidente de ERC Oriol Junqueras, se ha detectado una única infección por Pegasus el 14 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus, aunque el acceso a su móvil coincidió con una reunión de “skype” que mantuvo con letrados de otros líderes del procés, que de esa forma también pudieron ser espiados.
La reunión se celebró cuando la sentencia del Supremo ya era firme y su fin era poner en común la estrategia de las defensas de cara a los recursos que la Fiscalía estaba presentando contra la flexibilización del régimen penitenciario de los presos del procés, discusión que ya había llegado a manos del Tribunal Supremo.
Este episodio, que los letrados entienden como un ataque frontal a la debida reserva de sus comunicaciones, podría apuntalar los argumentos de las defensas de los líderes del procés en sus recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia por sedición que dictó el Supremo.
Máxime teniendo en cuenta que el programa Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, solo puede ser vendido a los Estados y que el grueso de los argumentos de la defensas ante Estraburgo es la supuesta parcialidad de la justicia española y los déficits democráticos del país.
No es Van den Eynde el único letrado del procés espiado con Pegasus: también lo fueron el diputado Jaume Alonso-Cuevillas -quien asumió la defensa del Govern de Puigdemont en los inicios de la causa por rebelión- y Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán huido a Bruselas al que se han detectado 18 intentos de ataque en 2020.
También en Òmnium Cultural han causado alarma varias infecciones de Pegasus a miembros de la entidad que relacionan con procesos judiciales en marcha por el procés, como el ataque a un móvil en 2018, una semana antes de que la Guardia Civil entrara en su sede en busca de documentación, y otro en vísperas del juicio del Supremo.
LOS INVESTIGADOS POR EL 1-0
Otra de las supuestas víctimas del espionaje de Pegasus -aunque no se han podido determinar en qué fechas- es el diputado de ERC Josep Maria Jové, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su presunto papel clave en la organización del 1-O y quien jugó un papel relevante en las negociaciones que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez.
El móvil de Jové fue además intervenido por orden del juez que investigó los preparativos del 1-O y se le confiscó con motivo de su detención, en la jornada de registros de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017 en diferentes sedes de la Generalitat.
Para desbloquearlo y poder acceder a su contenido, el juez autorizó a la Guardia Civil a enviar su teléfono a las oficinas que la empresa israelí Cellebrite tiene en Múnich, lo que ya entonces motivó que su abogado pidiera explicaciones sobre su traslado y su custodia. Unos circunstancias que su defensa cree que cobran más sentido una vez desvelado el ataque con Pegasus.
Algunas de las defensas de la causa, que suma más de una treintena de ex altos cargos investigados, se plantean pedir también el análisis de sus móviles para averiguar si en algún momento estuvieron infectados con Pegasus.
SOFTWARE E INTERVENCIONES PARALELAS EN EL CASO VOLHOV
El exconseller de ERC Xavier Vendrell y el excargo de CDC David Madí, miembros del “estado mayor” que organizó el 1-O e investigados en el caso Volhov, tuvieron sus móviles doblemente intervenidos: por la Guardia Civil, bajo autorización judicial, y a través del programa Pegasus.
En el caso de Madí, el juez del caso Volhov -una macrocausa de presunto desvío de fondos al abrigo del procés- autorizó a la Guardia Civil en agosto de 2020 a instalar un software malicioso en su móvil que, como Pegasus, da acceso a todo el contenido del teléfono.
La Guardia Civil no ha comunicado al juez que descubriera la presencia de un segundo software malicioso en el móvil que estaban hackeando con orden judicial y averiguar si ambos programas podían detectarse mutuamente exigiría un estudio tecnológico, según fuentes jurídicas.
En cualquier caso, si los investigadores hubieran constatado la presencia de un software ajeno en el móvil del imputado tendrían la obligación de ponerlo en conocimiento del juez, al tratarse presuntamente de una intromisión ilegal en comunicaciones privadas.
Eso sí, las mismas fuentes recuerdan que la defensa de Madí ya trató de lograr, sin éxito, la nulidad de la causa plateando ante la Audiencia la ilegalidad de la intervención telefónica del excargo de CDC, por lo que dudan que una nueva ofensiva en esa línea a raíz de las revelaciones de Pegasus resultara efectiva.
