La presencia de Vox en la Junta de Castilla y León no gusta a las comunidades gobernadas por la izquierda y no entusiasma a la mayoría de las lideradas por el PP, pero en principio no parece que vaya a implicar una ruptura de relaciones por parte del resto de ejecutivos autonómicos.
El presidente asturiano y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, es el único líder regional que ha avisado de que su gobierno no podrá trabajar "en proyectos comunes" con su comunidad vecina, aunque no con el Ejecutivo del popular Alfonso Fernández Mañueco en su conjunto sino con los consejeros de Vox.
Barbón, que dijo sentirse enormemente preocupado por la decisión de Mañueco de incorporar a Vox a su gabinete, dejó claro que no podrá trabajar con consejeros de Castilla y León "que defienden que no existe la violencia machista, que piden que no se suban las pensiones, que no apoyan que se suba el salario mínimo o que están en contra de la Política Agraria Común".
Ya tras la toma de posesión de Fernández Mañueco, Barbón reiteró su voluntad de "aislar" a Vox y de no "blanquear" a una formación que considera que plantea un modelo de democracia como el de Vladimir Putin en Rusia, aunque matizó que la relación institucional con el nuevo Gobierno de Castilla y León está "garantizada" al llevarse a cabo entre presidentes.
PSOE Y NACIONALISTAS, CONTRA "EL BLANQUEO DE LA EXTREMA DERECHA"
Otros gobiernos autonómicos socialistas han querido también posicionarse claramente en contra de la primera presencia de Vox en un ejecutivo regional, pero sin hablar de rupturas.
No lo ha hecho el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que el mismo día que Barbón se decantaba por no poder trabajar "en proyectos comunes", prefirió solo afirmar que "normalizar la extrema derecha en los gobiernos no es una buena noticia nunca".
Para Puig, "dejar el gobierno en manos de aquellos que no tienen en su ideario una defensa clara de los Derechos Humanos" le "preocupa", porque "sus contenidos xenofóbicos y que tienen que ver con el desprecio a la violencia de género hacen muy incompatible una convivencia sana".
Al mismo ámbito se refirió en esos días la presidenta riojana y también secretaria general del PSOE de su comunidad, Concha Andreu, al declarar que, "en la política actual, con partidos de extrema derecha, como Vox, hay un riesgo enorme de retroceder en lo que se va ganando en cuanto a derechos".
Y también la consejera de Presidencia del Gobierno socialista de Aragón, Mayte Pérez, que lamentó que "la extrema derecha está accediendo a puestos de responsabilidad en instituciones, blanqueando y ninguneando la violencia machista que existe, equiparándola a cualquier tipo de violencia".
"No vienen buenos tiempos, por lo que estamos viendo, y el ejemplo es Castilla y León y Vox", apuntó Pérez, mientras desde otra comunidad limítrofe y con presidente socialista, Extremadura, su portavoz, Juan Antonio González, calificó la presencia de esa formación en el Ejecutivo autonómico como una "involución" y una "anomalía" democráticas.
Por su parte, el portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, criticó que "el partido de Feijóo" permita al de Santiago Abascal "entrar en las instituciones".
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que gobierna con el PSOE, ha manifestado varias veces en las últimas semanas que no le gusta "una coalición de vecinos donde esté Vox", pero siempre ha dicho confiar en que las relaciones con el nuevo Ejecutivo de Castilla y León "sean normales".
Los ejecutivos autonómicos nacionalistas también han recibido con disgusto la entrada de Vox en un gobierno regional y, así, el president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, ha acusado al PP de "blanquear" a la extrema derecha, en vez de aislarla, como ocurre "en muchos otros lugares de Europa".
Igualmente, distintos representantes del PNV, como su presidente, Andoni Ortuzar, han garantizado que la formación nacionalista no va a tomar parte en ningún gobierno con el partido de Abascal: "Jamás, jamás nos verá nadie de la mano, ni cerca, de los fachas de Vox ni de quienes se arreglen con ellos", advirtió.
DISTINTOS GRADOS DE CERCANÍA EN LAS COMUNIDADES DEL PP
Cosa muy distinta, lógicamente, es la opinión en los gobiernos autonómicos del PP, aunque con distintos grados de cercanía al acuerdo de Castilla y León, desde la distancia del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que celebró la toma de posesión de Mañueco sin comentar nada de sus socios, a la afinidad de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que celebró el "gran pacto" de "socialismo-free" entre su partido y Vox.
Más cerca de López Miras que de Ayuso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, indicó que le gusta "el Gobierno" de su homólogo en Castilla y León, aunque insistió en que su objetivo es alcanzar "una mayoría suficiente para gobernar solo", en tanto que el todavía presidente gallego y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en marcar distancias aunque sin apuntarse a lo que denomina la "descalificación, la tensión y el insulto".
Así, por un lado, enfatizó que el europeísmo y el autonomismo del PP son cuestiones que "separan mucho" a los dos partidos, pero, por otro, ha evitado etiquetar a Vox como extrema derecha y, de hecho, ha preferido hasta ahora no hablar demasiado ni mirar "de reojo", ha dicho, a la formación que acaba de estrenarse en el reducido grupo de las que han formado parte de un gobierno autonómico.
