Aunque la recuperación económica y una salida equitativa de la crisis del covid siguen centrando los esfuerzos legislativos tras más de dos años de pandemia, las leyes para avanzar en derechos civiles y sociales han ganado peso y están también a la espera del aval del Congreso en este nuevo curso.
El Gobierno se ha fijado la meta de aprobar antes de que finalice este año 144 normas, un objetivo que se pone en marcha desde este mismo lunes, con la reanudación de la actividad parlamentaria tras el paréntesis vacacional.
La nueva ley de vivienda y la reforma laboral son dos de las iniciativas sobre la mesa y en las que más están chocando los dos socios de gobierno. La regulación de los alquileres es una exigencia de Podemos que debe incluir la ley de vivienda como también reclaman la derogación de la reforma laboral o al menos sus aspectos más lesivos, invocando en ambos casos el acuerdo de gobierno.
Podemos confía en que estas iniciativas, que se arrastran del periodo anterior, estén "negro sobre blanco" antes de sentarse a negociar "en condiciones" los Presupuestos de 2022, la ley más importante y que Pedro Sánchez da por hecho que saldrá adelante.
Los presupuestos, que llegarán a la Cámara en octubre, junto con la inyección de los fondos europeos, tienen la finalidad de superar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus y para sacarlos adelante con el mayor consenso posible, el Ejecutivo empezará a tantear a los grupos parlamentarios con reuniones formales durante la semana del 20 de septiembre.
Otra reforma que genera mucha controversia, en este caso con el PP, es la de las pensiones, si bien el proyecto de ley de reforma que aprobó el Consejo de Ministros en agosto cuenta con el apoyo del diálogo social, de sindicatos y empresarios.
Según este proyecto, la revalorización de las pensiones se volverá a vincular a la inflación, tras ser suspendido en 2013, y se deroga el factor de sostenibilidad, establece incentivos para demorar la edad de jubilación y limita el acceso a la jubilación forzosa en los convenios colectivos, entre otros aspectos.
En materia de derechos, están pendientes la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación (más conocida como ley Zerolo), que ya ha sido tomada en consideración, y la ley para la igualdad efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI.
Esta ley, que en fue en su momento enfrentó a los dos partidos del gobierno, fue aprobada con el respaldo de algunas organizaciones que ve un paso "histórico" en el reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación de género, pero también con el rechazo de otras por dejar fuera a las personas migrantes y las no binarias (las que no se perciben totalmente como masculinas o femeninas).
Otra de las iniciativas de calado que esperan el visto bueno del Congreso es la ley contra las violencias sexuales (conocida como "sí es sí"), que tiene sus antecedentes en la violación grupal de La Manada, y por la que las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido.
Todo acto sexual sin consentimiento expreso será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.
La ley de Memoria Democrática es otra de las legislaciones clave para este Gobierno y una de las que más le enfrentan ideológicamente con la oposición. Pretende sustituir la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero y equiparar la normativa española a la de otros países europeos que también sufrieron dictaduras como Alemania.
Incluye medidas encaminadas al reconocimiento de las víctimas y la localización de los desaparecidos, así como la "resignificación" del Valle de los Caídos, la disolución de asociaciones y fundaciones franquistas y la prohibición de la exaltación de la dictadura.
La reforma de la ley mordaza está pendiente del fin del plazo de enmiendas mientras que ha sido ya convalidada la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión y derogar los delitos dirigidos contra la Corona, las ofensas o ultrajes a España y sus comunidades y a los sentimientos religiosos.
También la Cámara ha tomado en consideración la proposición de ley del PNV para privar al Tribunal Constitucional de la potestad de sancionar a cargos públicos y continúa también el proceso de tramitación de la de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye la investigación de las causas criminales a los fiscales, actualmente competencia de los jueces.
Dos proyectos destacan además ámbito educativo, una es la ley de Formación Profesional, que abre pasarelas con estudios universitarios y persigue reducir la tasa de paro juvenil (un 35 %) y facilitar empleos dignos a este sector de la población.
Y luego está la nueva reforma universitaria que busca reducir la contratación temporal de docentes, rebajándola del actual 40 % permitido al 20 %, y subir el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55 %.
