martes 19/10/21

PSOE y UP ultiman la negociación de los presupuestos entre roces y presiones

Unidas Podemos ha redoblado su presión al registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley al margen de la que negocia con el Ejecutivo, que persigue el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo con el fin de erradicar los desahucios sin alternativa habitacional
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, conversa en una imagen de archivo con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, conversa en una imagen de archivo con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

En la recta final de la negociación de los presupuestos de 2022 aumentan los roces y presiones entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de asuntos como la regulación del alquiler, que los socialistas quieren desvincular de las cuentas pero que para la formación morada es una de las principales exigencias.

Por ello, Unidas Podemos ha redoblado su presión al registrar este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley al margen de la que negocia con el Ejecutivo, que persigue el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo con el fin de erradicar los desahucios sin alternativa habitacional.

Lo ha hecho junto a otro ochos partidos del bloque parlamentario de izquierdas (Más País, Bildu, ERC, CUP, Junts, Compromís, BNG y Coalición Canaria) y más de 120 organizaciones sociales encabezadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas y Nadie Sin Hogar.

Un gesto que, sin embargo, los socialistas no entienden como una forma de presionar ni como una deslealtad por parte de su socio en el Gobierno de coalición.

"En absoluto nos sentimos presionados... todo lo que sea enriquecer el planteamiento legislativo, mejor", ha declarado a los medios el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, que asegura que las negociaciones de presupuestos dentro del Gobierno avanzan a falta de depurar "flecos".

Es el sentir común entre los socialistas, que consideran que las exigencias presentadas por Unidas Podemos forman parte de las negociaciones y de una "escenografía" orientada a marcar perfil propio y hacerse valer frente a sus votantes.

Unidas Podemos quiere cerrar las negociaciones iniciadas con el PSOE sobre la nueva ley de vivienda para hacer lo mismo con los presupuestos de 2022.

La formación morada pretende entre otros asuntos poner un límite a los precios del alquiler, una posibilidad de difícil encaje para los socialistas, que mantienen sobre la mesa la propuesta planteada por el exministro de Transportes y Agenda Urbana José Luis Ábalos de regular los precios mediante incentivos fiscales.

En el PSOE insisten además en que la vivienda es un asunto que les preocupa pero que quieren desvincular de los presupuestos que, según subrayan, es una ley distinta y más urgente.

De hecho, para la ley de vivienda el PSOE no ha planteado ningún calendario concreto pero para los presupuestos sí: confía en aprobarlos en el Consejo de Ministros en la primera mitad de octubre, barajando fechas como el día 5 de este mes.

De conseguirse, sería antes que el año pasado, cuando las cuentas se aprobaron en el Consejo de Ministros del 27 de octubre, pero fuera del plazo normativo que establece que los presupuestos tienen que llegar al Congreso de los Diputados antes de finales de septiembre.

Los miembros del Gobierno de Unidas Podemos no dudan de que los presupuestos de 2022 saldrán adelante pero prefieren tratar este asunto sin prisas, por lo que a diferencia de los socialistas no precisan plazos ni fechas.

"Va a haber presupuestos y estamos negociando. Es evidente que no hay acuerdo pero estamos trabajando (...) para que sean justos", ha comentado esta semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que recalca que los acuerdos "se cuecen a fuego lento".

Donde seguramente no haya dificultad para llegar a un acuerdo es con otro de los requisitos planteados por Unidas Podemos para aprobar las cuentas: la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas, fijando un mínimo del 15 por ciento.

Fuentes gubernamentales socialistas han señalado que lo está analizando el grupo de expertos para la reforma fiscal, que en principio sería favorable a falta de conocer los detalles, aunque lo preferible para el PSOE sería llegar a un acuerdo internacional sobre este asunto en la cumbre de Roma del G20 de octubre.

Por otro lado, fuentes parlamentarias señalan la posibilidad de que el PSOE plantee la subida del impuesto de sociedades sobre la base imponible y no sobre el resultado contable, como quiere Unidas Podemos, lo que tendría menos efecto en la fiscalidad.

La implantación de un cheque bebé universal y la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral son otros de los requisitos planteados por Unidas Podemos que están complicando la negociación presupuestaria.

Todo ello en un momento en el que los dos socios del Gobierno de coalición han tenido roces por un tema tan sensible como la edad de jubilación.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abogó en una entrevista por "un cambio cultural" que permita seguir la "tendencia clara" que hay en el resto de Europa, donde "entre los 55 y los 70 o 75 años se trabaja cada vez más", aunque luego aclaró que su propuesta de reforma del sistema de pensiones no plantea cambios en la edad de jubilación.

Sus declaraciones generaron malestar en el Gobierno, muy evidente en el caso de Unidas Podemos, hasta el punto de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió cautela con este asunto y no generar "más tensiones en un país que lo está pasando mal".

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