miércoles 4/8/21

El Gobierno concede indultos parciales y condicionados por "utilidad pública"

- Sánchez: No pedimos que los indultados cambien sus ideas, pero sí que respeten la ley.

- El Gobierno está convencido de que los condenados por el prócés no lo volverán a hacer.

- La oposición de derechas ha redoblado sus ataques a Sánchez por consumar los indultos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la declaración institucional que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado los indultos a los condenados por el 'procés'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la declaración institucional que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado los indultos a los condenados por el 'procés'

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes unos indultos parciales, reversibles y condicionados para los nueve líderes independentistas del procés con penas de prisión, una medida con la que el Gobierno pretende "pasar página" y buscar la convivencia, aunque admite que no son garantía para una solución.

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara el lunes en Barcelona esa aprobación, el Gabinete ha acordado la medida de gracia con la convicción de que los indultados no volverán a cometer los mismos hechos por los que les condenaron y de que es "muy difícil" que el Tribunal Supremo pueda estimar algún recurso contra ellos y anularlos.

Sánchez ha ofrecido una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en la que ha insistido en los argumentos expuestos en su intervención en Barcelona y ha explicado que los indultos son parciales, ya que se conmutarán las penas de prisión, pero continuarán las de inhabilitación.

Es decir, que los beneficiados por la medida no podrán ejercer cargos públicos mientras la dure la pena.

Además, los indultos están condicionados a que no cometan un delito grave en un periodo de entre tres a seis años en función de cada caso o, de lo contrario, esta medida de gracia quedaría sin efecto.

Sánchez ha insistido en el argumento de la "utilidad pública" para tomar una decisión que espera que abra una etapa de diálogo y se acabe el enfrentamiento.

"Hay camino", ha proclamado antes de mostrar su convencimiento de que, de acuerdo con el espíritu de concordia de la Constitución, es lo mejor para Cataluña y para España y demuestra la grandeza de la democracia española.

La misma que ha pedido que demuestren quienes no son favorables al indulto.

No espera que los dirigentes independentistas renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad y con respeto a los derechos de todos, y admite las dificultades que hay por delante.

Un mensaje que ha repetido poco después la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya que ha reconocido que "de ninguna manera está garantizado el éxito de que el conflicto catalán pueda llevarse a buen puerto en un plazo breve de tiempo".

Se ha manifestado segura de que al mantenerse la pena de inhabilitación y al ser los indultos reversibles, no se volverán a repetir los hechos del 1 de octubre de 2017.

"Este Gobierno no va a convocar un referéndum en Cataluña para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral de independencia", ha garantizado para pedir acto seguido a las fuerzas soberanistas "dosis de realidad y pragmatismo".

Dada la seguridad de que no se van a repetir los hechos, fuentes del Ejecutivo restan importancia a la falta de arrepentimiento.

Estas fuentes consideran que la prisión de los condenados por el procés era "el principal escollo" para el diálogo, "un callejón sin salida", y los indultos quitan argumentos a los independentistas.

Que hubiera líderes políticos en prisión en una democracia occidental, añaden, es algo también muy excepcional, y en Europa y en el resto del mundo creen que no se entendía que hubiera penas tan elevadas.

Interpreta igualmente el Gobierno que los indultos están suficientemente motivados y argumentados tras un procedimiento que se ha seguido de "manera escrupulosa" y, por ello, no prevé que prosperen en el Tribunal Supremo los recursos que se puedan presentar.

El Ejecutivo no expone razones de justicia o de equidad, sólo de utilidad pública, pero está convencido de que son suficientes para justificar las medidas de gracia.

Tampoco ven futuro a unas posibles medidas cautelarísimas para revertir los indultos dado que ese tipo de decisiones se toman sólo en casos en los que los daños que se puedan provocar sean "irreversibles", algo que no ocurre en este caso.

Asimismo, tienen claro que no se trata de un "autoindulto", como sugirió en su informe el Tribunal Supremo por tratarse de personas que representan a partidos que apoyan al Ejecutivo, ya que el Gobierno interpreta de forma restrictiva esa prevención y cree que afecta tan sólo a los miembros del Consejo de Ministros.

Montero ha confiado que tras la decisión de este martes, pueda haber avances en diversos foros y citas pendientes, la primera de ellas una reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"No creo que tarde mucho. Será cuestión de agendas", ha precisado la ministra dando por hecha la cercanía de esa entrevista.

Después de ella, pero sin ninguna fecha prefijada, es cuando se retomará la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán con la esperanza de avanzar en propuestas viables dentro del marco legal en torno al autogobierno de Cataluña.

LA DERECHA REDOBLA SUS ATAQUES

Por otra parte, los partidos de la derecha y ultraderecha han redoblado sus ataques contra el Gobierno por consumar este martes la aprobación de los indultos parciales a los nueve condenados por el 1-O, insistiendo en abrir la vía judicial para impedirlo con el argumento de que es una decisión ilegal.

Mientras tanto, los socios del Gobierno, tanto de coalición como de investidura y otros partidos independentistas al margen de los catalanes, han aplaudido esta medida de gracia, que consideran un camino para avanzar en la solución del conflicto de Cataluña.

Tanto PP como Vox y Ciudadanos han repetido sus críticas contra el Gobierno de los últimos días, aunque han incidido sobre todo en explicar los recursos que van a plantear. Así, el presidente del PP, Pablo Casado, ha confirmado que va a solicitar "la legitimación" para presentar un recurso ante el Supremo por considerar que es "parte afectada".

Ha recordado, en este sentido, el informe de la Guardia Civil que situaba a representantes de su partido, entre ellos él mismo, como objetivo de los CDR (Comité de Defensa de la República), lo que cree que le posibilita recurrir estos indultos, ya que no basta hacerlo como mero defensor de la legalidad.

Casado ha asegurado también sentirse engañado por Sánchez, acusándole de "desarmar al Estado" solo con la idea de permanecer en el poder dos años más.

También desde el PP, su portavoz y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pronosticado que los indultos son "el prólogo de una nueva insurrección" y la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha negado que su partido se haya enfrentado a los empresarios, aunque ha subrayado que se mantienen firmes y que sólo tienen como "accionistas" a los españoles.

Vox ha aprovechado para apelar al PP a que active una moción de censura contra el Gobierno al considerar que hay motivos "más que justificados" para promoverla ante el golpe de Estado "sin pistolas" que va a perpetrar con los indultos del procès, ha señalado la portavoz parlamentaria, Macarena Olona.

También esta formación va a impugnar los indultos ante el Tribunal Supremo y además se va a querellar contra todos los ministros que la han firmado.

Al Supremo también acudirá la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, porque, según ella, "una cosa es una decisión discrecional" de un Gobierno y otra "una decisión arbitraria" y "con la única utilidad de que Sánchez alargue su estancia en Moncloa".

En el otro extremo, Unidas Podemos ha valorado el paso que se ha dado con los indultos, aunque han advertido de que "apenas" son el inicio para resolver la crisis catalana, ha apuntado la diputada Aina Vidal, que se ha mostrado favorable a discutir una ley de amnistía, aunque eso tendrá que abordarse en una mesa de diálogo.

Otras formaciones que apoyan la excarcelación de los presos del procés, como EH Bildu, creen también que el paso de los indultos es insuficiente y ha apostado por una ley de amnistía y la puesta en libertad de todos los presos, como ayer se aprobó según una resolución del Consejo de Europa, ha recordado el diputado Oskar Matute.

"Son absolutamente necesarios. No es que vayan a solucionar los problemas pero sin los indultos es absolutamente imposible solucionar los problemas", ha recalcado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Opinión parecida a la del diputado de Compromís Joan Baldoví, quien además ha pedido al líder del PP "que se aparte" del diálogo que pretende emprender el Gobierno con Cataluña, mientras que el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha calificado de "valiente y acertada" la medida, que marca un camino de diálogo para dar una salida política a este conflicto.

Desde el BNG, Néstor Rego, también ha coincidido en que los indultos no dejan de ser "un gesto claramente insuficiente" ya que "lo que corresponde es la amnistía" y ha incidido en que "de ninguna forma poner urnas, y ejercer un derecho democrático, puede ser considerado un delito.

Y por parte del Gobierno, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha defendido que los indultos lo que buscan es la concordia, al contrario que el PP, que "siembra discordias", recordando que fue con un gobierno del PP con el que se celebró "una consulta ilegal, un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia".

Para la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, con estos indultos "la imagen de España sale fortalecida", tal como -ha señalado- reflejan diversos medios de comunicación internacionales.

Entre los presidentes autonómicos socialistas, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha vuelto a manifestar su desaprobación a la medida y ha cuestionado su utilidad por entender que los objetivos son inviables salvo "que se hagan a costa de los derechos del resto de los españoles", al contrario que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para quien los indultos son "un medio" para conseguir una patria común y un proyecto compartido en el que quepan todos los españoles.

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