El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la posibilidad de adoptar nuevas medidas anticrisis o prolongar las ya aprobadas por el Consejo de Ministros si la evolución de la guerra en Ucrania lo hiciera necesario, un compromiso en busca de lograr la unidad en torno a su plan.
El mensaje de la unidad necesaria para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra ha estado presente de forma reiterada en su intervención ante el pleno del Congreso para analizar ese plan, las últimas cumbres de la UE y la OTAN y el cambio de posición sobre el Sáhara.
Arropado por casi todos sus ministros, el jefe del Ejecutivo ha pedido el apoyo de los grupos a esas medidas "por el bien de España y el bien de Europa" tras instarles a entender la gravedad del momento.
Un escenario "inédito" que ha advertido que está abierto "a múltiples posibilidades, tanto positivas como extraordinariamente negativas" y ante al que ha pedido abandonar "debates menores y rencillas estériles".
Si la guerra en Ucrania se alargara y tuviera otro tipo de consecuencias, ha asegurado que el Gobierno "no dudará en actuar de nuevo", y en ese sentido fuentes del Ejecutivo no cierran la puerta a extender en el tiempo las decisiones del real decreto aprobado y que están previstas hasta el 30 de junio.
El propio presidente del Gobierno ha asumido que ningún plan de emergencia puede considerarse definitivo y ha dicho que el aprobado es "abierto y dinámico", argumento que ha repetido ante las intervenciones de diversos portavoces que han cuestionado que sólo dure tres meses.
Tras escuchar a todos ellos, Sánchez ha confiado en que la unidad sea posible excepto por parte de quienes "ni siquiera cogen el teléfono", en referencia a Vox.
Al plan anticrisis ha dicho que contribuye de manera determinante la "excepción ibérica" acordada en el último Consejo Europeo para que España y Portugal puedan tener instrumentos particulares con el fin de rebajar el precio de la factura eléctrica.
Sánchez ha aprovechado para reiterar la solidaridad de España con Ucrania frente a "la guerra de Putin", y en ese contexto ha considerado "impostergable" aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB aunque ha precisado que no será un incremento súbito, sino progresivo en los próximos años.
Frente al llamamiento a la unidad, la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, ha reprochado a Sánchez que lo haga cuando no puede garantizarla ni en su propio Gobierno.
Además, ha considerado insuficiente el plan, que ha dicho que es un "batiburrillo" de medidas, y ha censurado que no incluya las prometidas rebajas fiscales.
Por eso, frente a la pregunta de Sánchez de qué más tiene que ocurrir en España para que haya una respuesta unitaria, Gamarra le ha planteado "qué más tiene que ocurrir para que cumpla su palabra".
Sánchez ha desacreditado en su réplica la bajada de impuestos que reclama el PP "para todo" porque cree que sería "suicida" mermar el Estado del bienestar.
Además, ha reprobado unas declaraciones del próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al subrayar que el Gobierno "no se forra" con los impuestos, y las ha aprovechado para arremeter contra la corrupción en ese partido al precisar que algunos "se han forrado, y mucho, a base de sobresueldos y comisiones ilegales".
Gamarra ha lamentado también la "miopía" del Gobierno ante una "hiperinflación" que ascendió al 9,8% en marzo y ha concluido que Sánchez está al frente "del peor Gobierno en el peor momento posible".
Pese a esas críticas, el PP no ha anunciado su voto en contra del decreto cuando se debata en el Congreso, y por ello Sánchez ha confiado en que acaben apoyándolo.
Fuentes de Moncloa aspiran a que en la reunión que mantendrá Sánchez con Feijóo tras ser elegido líder de los populares, pueda conseguir ese respaldo.
Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido más duro contra el presidente del Gobierno y le ha llegado a calificar de "autócrata", término que Sánchez ha pedido que fuera retirado del acta de la sesión.
Para Abascal, "la sumisión al fanatismo climático" es la causa de "la crisis energética y la hiperinflación".
La unidad entre los socios del Gobierno sobre el plan anticrisis la puso de manifiesto el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, pese a que echó en falta una subida de impuestos a grandes fortunas.
Su intervención ha levantado las protestas del PP al augurar que si este partido apoyara el plan, sería un voto táctico "para intentar seguir construyendo que Feijóo, aunque tenga amigos narcotraficantes, es un ser muy moderado".
"Hay fotos, hay fotos", ha comentado Echenique ante el alboroto que sus palabras han provocado en la bancada popular.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido uno de los parlamentarios que ha cuestionado limitar las medidas al 30 de junio, y ha coincidido con Echenique en defender "impuestos de los ricos"
Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, ha advertido de que las medidas son "tiritas" para momentos coyunturales que luego habrá que pagar, y Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha dado su apoyo aunque ha pedido una reforma fiscal para evitar futuros recortes.
Los integrantes del Grupo Plural (PDeCat, JxCat, Más País, Compromis y BNG) se han mostrado cautos con el plan anticrisis ya que, aunque no se han opuesto, sólo el primero de ellos ha dado su apoyo explícito; Ciudadanos ha lamentado que el "miedo" de Sánchez a Unidas Podemos paralice toda su gestión, y desde el Grupo Mixto se han exigido más explicaciones al Gobierno sobre sus medidas.
NO HAY "GIRO" CON EL SÁHARA
Por otra parte, el presidente del Gobierno ha defendido este miércoles que, pese a la crítica unánime de los grupos parlamentarios en el Congreso, la postura de España sobre el Sáhara no supone “un giro ni un volantazo” sino tan solo “un paso más” en una postura que ya mantenía España y que ha permitido reiniciar las relaciones con Marruecos.
En este debate de más de ocho horas de duración sobre el Consejo Europeo, la crisis económica y el Sáhara, Sánchez ha argumentado que su apoyo a la propuesta de autodeterminación para el Sáhara presentada por Marruecos en 2007 ya fue saludada por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, se adapta a la legalidad internacional y servirá para resolver un conflicto de casi 50 años de manera “mutuamente aceptable” para las partes.
Según el presidente, el apoyo a la propuesta de autonomía para el Sáhara está dentro del marco de la ONU y de las resoluciones del Consejo de Seguridad, sitúa a España en la misma posición que Francia, Alemania y Estados Unidos, y deberá ser adoptada de mutuo acuerdo por las partes.
Ante el delegado del Frente Polisario en España, Abdula Arabi, y la delegada de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y Delegada del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid, Jadiyetu el Mokhtar, quienes seguían el debate desde la tribuna de invitados, Sánchez ha subrayado que, en la posición española “no hay desinterés, ni desatención al pueblo saharaui; lo que hay es determinación para resolver un problema enquistado sin perspectiva de solución”.
Tras las explicaciones de Sánchez, uno tras otro, los portavoces parlamentarios de todos los grupos han criticado la nueva posición española y la defensa que de ella ha hecho el presidente.
Así, le han reprochado que tomara la decisión de cambiar una postura “de Estado” sin consultar al Gobierno ni al Parlamento y sin advertir a Argelia, y le han criticado haber “cedido al chantaje” de Marruecos sin que se conozca qué beneficios obtiene España a cambio.
Así, la carta que Sánchez envió al rey de Marruecos definiendo la nueva posición española es “una chapuza”, según la responsable del PP, Cuca Gamarra, y ha sido escrita de forma «irresponsable, arbitraria y clandestina», en opinión del presidente de Vox, Santiago Abascal.
Mientras otros países europeos están buscando proveedores de energía fiables, "usted ha debilitado la relación con Argelia ¿Le parece un despropósito? Lo es", ha subrayado la portavoz popular.
Abascal también ha reprochado que Sánchez haya decidido el cambio por "su cuenta y riesgo", como un autócrata, sin contar ni con su partido ni con el Congreso: "La carta es un puñetero insulto a este parlamento". El adjetivo ha molestado a Sánchez, quien ha pedido que lo retirara, algo a lo que Abascal se ha negado.
La oposición también ha criticado al presidente que decida personalmente un cambio semejante de política y luego busque el apoyo de la cámara argumentando que se trata de una política de Estado, un argumento al que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha replicado que el Congreso “no es un dispensador de avales donde venir a pedir apoyos para decisiones ya adoptadas en 24 horas y que dan un giro absoluto a una postura internacional de España que lleva sin cambios 50 años”.
Si no cambia nada respecto al Sáhara, como sostiene Sánchez, "¿por qué lo celebra Marruecos y se enfada Argelia?, y si es una jugada histórica, ¿por qué le hemos tenido que traer a rastras todos los grupos (a este debate)?", ha planteado Bal.
Sobre la afirmación de Sánchez de que España no hace sino alinearse con “socios tan importantes como Francia y Alemania”, ha replicado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que España "no es Francia" porque el país galo "siempre estuvo al lado de Marruecos" mientras que España como potencia excolonizadora debería apoyar al pueblo saharaui, un tema que también es "memoria democrática e histórica", ha dicho.
"Tendrían que haber hablado con representantes saharauis para que tuvieran fuerza, para que pudieran encontrar una solución» al conflicto, «pero ustedes simplemente por intereses coyunturales se han alineado con Marruecos", ha puntualizado.
También se han sumado a los reproches los partidos canarios, en especial por la cesión ante Marruecos que supone.
Así, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha advertido de que "tener buena relación con Marruecos es fundamental, pero ceder a los chantajes es una muestra de debilidad, porque quien cede una vez cede siempre", mientras que Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, ha expresado la inquietud que causa al archipiélago la idea de tener un Marruecos engrandecido frente a sus costas.
