El TSJC mantiene el 14F y el Govern catalán cuestiona la legitimidad de los comicios

Estima la petición de un recurso y "no anticipa el posicionamiento sobre el fondo"
El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés y la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, durante la declaración institucional de aplazamiento de las elecciones
photo_camera El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés y la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, durante la declaración institucional de aplazamiento de las elecciones - Archivo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado suspender cautelarmente el decreto del Govern del pasado viernes que aplazaba las elecciones catalanas al 30 de mayo, con lo que de momento mantiene en vigor la convocatoria del 14F, y el Govern ya cuestiona la "legitimidad" de esta fecha.

No se trata de una decisión definitiva, ya que el TSJC aún tiene que resolver sobre el fondo de los recursos presentados contra el decreto de aplazamiento electoral, pero esta medida cautelar ya ha obligado a reactivar todos los preparativos para que se pueda votar, si así lo acaba avalando el tribunal, el próximo 14 de febrero.

En concreto, el TSJC ha aceptado la medidas cautelarísimas solicitadas por un particular que ayer impugnó el decreto del Govern que acordaba suspender el 14F al agravarse la pandemia y fijaba una nueva convocatoria electoral para el 30 de mayo.

Tras conocer la decisión del TSJC, el Govern ha reactivado todos los procedimientos para preparar las elecciones del 14F, aunque ha alertado de los "riesgos" sanitarios que implica celebrarlas en esa fecha y presentará alegaciones antes del jueves a las 10:00 horas.

Fuentes del Govern confían en que el TSJC, cuando entre a examinar "el fondo" de la cuestión con los informes que aporte el Govern, no verá nada "contrario a derecho", porque el País Vasco y Galicia ya aplazaron sus comicios y, además, el decreto de convocatoria del 14F ya preveía una posible suspensión del 14F debido a la pandemia.

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha subrayado que el Govern "no comparte" la decisión del TSJC, porque el aplazamiento respondía a criterios "sanitarios y epidemiológicos" que continúan "vigentes".

Aún más contundente es un informe de la dirección general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales que cuestiona la "legitimidad" del resultado que pueda derivarse de las elecciones si se celebran el próximo 14 de febrero en un contexto de "grave impacto" de la pandemia sobre las "garantías democráticas".

El documento lo firma el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, Ismael Peña López, que depende de la conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia que pilota Bernat Solé, de ERC.

El informe argumenta que si se mantuviese el 14F no habría "suficientes oportunidades para la deliberación y la creación de una opinión formada" y las candidaturas "no tendrían suficientes oportunidades para presentar sus programas y candidatos".

En consecuencia, concluye, "el resultado de las elecciones que pueda implantarse podría no tener suficientes fundamentos para ser legítimo".

Por otra parte, el gabinete jurídico de la Generalitat emitió la semana pasada un informe sobre un posible aplazamiento electoral, en el que se alega que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, dispone de la "competencia para dejar sin efecto las elecciones" convocadas automáticamente para el 14 de febrero.

La reacción del independentismo a la decisión cautelar del TSJC ha sido unánimemente crítica, hasta el punto de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado en un tuit que detrás de la suspensión cautelar del decreto de aplazamiento hay "un nuevo 155 encubierto" y "jueces y régimen del 78" están dando "un golpe a la democracia".

La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha afirmado que en Cataluña no hay "normalidad electoral" ni "normalidad democrática", mientras que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha denunciado la "judicialización de la política" y ha responsabilizado de ello al PSC y a la Moncloa.

En cambio, el Gobierno del Estado ha subrayado que acata la decisión del TSJC y cree que dicha decisión es "coincidente" con el diagnóstico que hizo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que los socialistas no recurrirán el aplazamiento de las elecciones porque la cuestión, que insisten en que plantea "dudas" legales, ya está en manos de los tribunales.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido que en las elecciones catalanas se sigan los pasos "que recomiendan los expertos" para "cuidar la salud".

El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha dicho que es "evidentísimo" que las elecciones no pueden realizarse el 14F y ha pedido al Govern que subsane el decreto.

La candidata de En Comú Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach, ha lamentado que el Govern "no sepa hacer decretos", mientras que, según la CUP, la decisión del TSJC "pone en riesgo la salud pública y la democracia".

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