La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, han coincidido este viernes en reclamar a Pedro Sánchez que se asuman responsabilidades por las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas, para poder reconstruir "confianzas".
Así lo han planteado en una jornada en la que los abogados de los independentistas que han denunciado espionaje han anunciado que se querellarán contra NSO Group, empresa propietaria del programa de ciberespionaje Pegasus.
Después de que ayer jueves ERC, hasta ahora principal socio del Gobierno en esta legislatura, escenificara su distanciamiento al votar en contra del decreto de medidas anticrisis por la guerra en Ucrania salvado gracias al sí de EH Bildu, Belarra ha reclamado tomar nuevas decisiones en relación con las denuncias de espionaje, para recuperar la confianza "de los socios en el Gobierno".
En su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Belarra ha exigido que se asuman responsabilidades políticas porque "ya es una cuestión de higiene democrática", aunque sin señalar directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya dimisión ha pedido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
"No se puede esperar más", ha recalcado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha indicado: "Es nuestra obligación como demócratas defender la democracia de las cloacas y de los poderes que operan al margen de la legalidad o extralimitándose en sus funciones".
También la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha instado al Gobierno a "moverse" para reconstruir las confianzas con el independentismo, después de que el Ejecutivo haya quedado "muy tocado y muy debilitado".
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Vilalta ha advertido de que, aunque ayer el Gobierno "salvó el decreto" de medidas anticrisis, aún "quedan muchísimas votaciones" en esta legislatura, por lo que ha emplazado al Ejecutivo a "asumir las responsabilidades" que se deriven de las denuncias de espionaje e "investigar hasta el fondo".
Según Vilalta, "ahora mismo las confianzas están absolutamente rotas", por lo que "hacen falta reacciones" por parte de Sánchez, que debería haber anunciado el "cese inmediato" de Robles.
En cambio, según la portavoz de PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, "ERC tendría que ser madura" y priorizar el interés general en cuestiones que afectan al bienestar de los ciudadanos.
Mientras tanto, la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido a ERC de que "el independentismo no puede sostener" al Gobierno.
Desde Innsbruck (Austria), el expresidente catalán Carles Puigdemont ha lamentado que la Unión Europea sea tan "valiente" ante el presidente de Hungría, Viktor Orban, o ante el "régimen" polaco pero guarde silencio cuando España "espía a disidentes políticos".
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido "tranquilidad" y ha dicho que el Gobierno y sus organismos son "absolutamente transparentes" y "cumplen estrictamente la ley".
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado que cuando unas escuchas se realizan con el aval de un magistrado del Supremo son "perfectamente legales", aunque desconoce si lo eran en los supuestos casos de espionaje a independentistas porque son actuaciones secretas.
En paralelo, el Aula Magna de la Universidad de Barcelona ha acogido el acto "Catalangate, nos están espiando", que ha reunido a Andreu Van den Eynde, Gonzalo Boye, Benet Salellas y Antoni Abat i Ninet, los abogados que representan a las entidades y partidos que han denunciado haber sido víctimas de espionaje.
Las abogados han anunciado que se querellarán contra NSO Group, la empresa propietaria de Pegasus, y exigirán que la justicia española investigue qué agencias gubernamentales pueden estar detrás del caso.
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una declaración institucional en la que exige al Gobierno que "se asuman las responsabilidades a todos los niveles pertinentes".
La declaración, promovida por ERC y los comunes de Ada Colau, se ha aprobado con la mayoría que suman Barcelona en Comú, Esquerra y Junts (27 de 41 concejales), y el rechazo del resto de grupos, incluido el PSC.
