El PCAS-TC reclama que 2023 sea el año del fin del trasvase Tajo-Segura

Se plantea recurrir a las administraciones de la Unión Europea denunciando esta infraestructura como contraria a las directivas que regulan las políticas de Gestión del Medio Ambiente y del Agua del espacio común europeo
Miles de personas se han manifestado contra el trasvase Tajo-Segura en Guadalajara y han pedido su fin - Fotografía: EFE/NACHO IZQUIERDO
photo_camera Imagen de archivo de una concentración contra el trasvase Tajo-Segura

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) reclama que 2023 sea el año que vea el final del injusto Trasvase Tajo-Segura, al tiempo que insistirán en que el proyecto de Real Decreto que regula el Plan de Cuenca del Tajo, actualmente en estudio en el Consejo de Estado, y que afecta al Trasvase Tajo-Segura incluya la paralización total y definitiva de esta polémica infraestructura hidráulica que supone un expolio ambiental, social y económico de recursos hídricos esenciales para la Cuenca Hidrológica del Tajo y especialmente para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pero también para la Comunidad de Madrid.

La formación castellanista recuerda que en las últimas décadas se han reducido drásticamente las precipitaciones en la cuenca alta del Tajo, y que las previsiones para el futuro inmediato, marcado por sequías y eventos asociados al Cambio Climático inciden en reducciones cada vez mayores del caudal del Tajo. Todo ello, unido al incremento de las demandas de agua potable en el conjunto de las localidades de la Cuenca del Tajo, a la definición de caudales ecológicos cada vez más realistas (no olvidemos que gracias a sentencias judiciales instadas por los movimientos pro-Tajo, no a cambios políticos propiciados por ningún partido de gobierno), a la necesaria dilución de los contaminantes que llegan a la red hidrográfica del Tajo a pesar de los sistemas de depuración de aguas residuales existentes, a la necesidad de impulsar políticas de recarga artificial de acuíferos, para hacer más resilientes las reservas hídricas en Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el PCAS-TC recoge las crecientes y legítimas reclamaciones de mayores dotaciones de agua por parte de Portugal, de acuerdo con los convenios internacionales de gestión conjunta de las cuencas hidrográficas transfronterizas, ya que el injusto transvase ha convertido al Tajo y su red de afluentes en un espacio sin excedentes hídricos, no de forma coyuntural, sino de forma definitiva.

PCAS-TC reclama al Ministerio de Transición Ecológica que rectifique la fecha de 2025 como límite para salvaguardar los trasvases de agua del Tajo a las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía, y se implante desde este mismo año la finalización de un proceso de expolio hídrico que, lejos de suponer una mejor gestión del agua en Levante, incrementa año a año las demandas hídricas para usos consuntivos, turísticos y regadíos, a costa del empobrecimiento de las comarcas rurales despobladas de Guadalajara, Cuenca, Cáceres y Toledo, y que ha supuesto transferencias de más de 12.000 hm3 de agua en sus más de 40 años de funcionamiento, sin compensaciones justas o siquiera razonables a las poblaciones cedentes del agua.

Para la formación comunera, las necesidades hídricas en las provincias beneficiarias de Trasvase Tajo-Segura deben centrarse en imponer unos precios realistas al agua, tal y como establece desde hace más de 20 años la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, al aprovechamiento integral de las estaciones desaladoras construidas o en proyecto, a la sustitución de los cultivos más exigentes en agua por otros mejor adaptados a menores consumos, a la prohibición de proyectos turísticos despilfarradores de agua como los campos de golf y a la implantación de políticas de ahorro y reutilización de agua en lugar de expoliar los escasos recursos de la cuenca hidrográfica más poblada de la península Ibérica, con cerca de 12 millones de habitantes entre España y Portugal.

Del mismo modo, tras décadas de expolio los receptores del agua poco o nada han hecho por reducir su dependencia, sino que incluso han aumentado la demanda para satisfacer sectores como el agrícola o el turismo, sobradamente sobre explotados y con un impacto terrible sobre aquellos ecosistemas. Ejemplos claro de ello son el ecocidio del Mar Menor o la masificación insoportable del litoral costero con macroproyectos turísticos.

Los castellanistas también rechazan la inversión millonaria realizada de manera ilógica por el Gobierno para ser usada en la denominada 'Tubería Manchega' y que no viene sino a perpetuar los mismos errores del Transvase Tajo-Segura, pero en esta ocasión con una variante hacia la Cuenca del Guadiana y que afecta al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, cuyas lagunas están secas por el uso excesivo del acuífero 23, los incontables pozos ilegales y la implantación de cultivos de regadío insostenibles en estos territorios del Sur de Castilla. Los números trasvases "de urgencia" que se han efectuado a las Tablas desde el Trasvase del Tajo en los últimos años han demostrado que los problemas de la cuenca del Guadiana vienen por la sobreexplotación de los acuíferos, y que los trasvases son sólo parches y regalos de agua a los mismos causantes del desastre ambiental que estamos viviendo en el Mar Menor. Sin una política clara de regulación de los acuíferos y de cierre de pozos ilegales, el Tajo no puede ser siempre el salvador del resto de cuencas hidrográficas mientras se maltrata su caudal y se castiga a los ribereños con trasvases y más trasvases, aunque se disfrace su nombre de "tubería".

PCAS-TC rechaza las manifestaciones de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia de seguir manteniendo, de forma acientífica y populista el trasvase Tajo-Segura en el Plan Hidrológico del Tajo porque, como cada vez está más reconocido por la comunidad científica y la Unión Europea, la cuenca del Tajo hace ya muchos años que no evidencia excedentes significativos. Así mismo, la formación castellanista, en caso de que el Gobierno Central no paralice el trasvase Tajo-Segura este año 2023, se plantea recurrir a las administraciones de la Unión Europea denunciando esta infraestructura como contraria a las directivas que regulan las políticas de Gestión del Medio Ambiente y del Agua del espacio común europeo.

En definitiva, el PCAS-TC pide sentido común. La agricultura y el turismo deben ser sostenibles por sus propios medios y recursos en cada territorio en función de sus cuencas y su capacidad hídrica. Cualquier otra postura impone un insoportable expolio hídrico al Tajo y a sus habitantes.

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