Castilla-La Mancha se personará en los recursos al Plan Hidrológico del Tajo

El presidente de Castilla-La Mancha ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario este jueves tras el recurso de Valencia a los caudales ecológicos y ha advertido al Levante español que “nos veríamos obligados a exigir el 100 por cien de lo que han dicho los tribunales”, si persisten en los recursos para “echar atrás un acuerdo tan de sentido común y tan respetuoso” como es el Plan Hidrológico del Tajo
En la imagen el embalse de Entrepeñas, situado en la Alcarria Baja de Guadalajara, desde donde sale agua para el trasvase Tajo-Segura - EFE/Pepe Zamora, río tajo
photo_camera En la imagen el embalse de Entrepeñas, situado en la Alcarria Baja de Guadalajara, desde donde sale agua para el trasvase Tajo-Segura - Archivo/EFE/Pepe Zamora

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario para este jueves, 23 de marzo, después de que la Generalitat Valenciana haya manifestado que recurrirá los caudales ecológicos que limitan el trasvase Tajo-Segura.

"Ayer mismo la Generalitat de la Comunidad Valenciana anunció, y lo hará también Murcia, no sé si lo hará Madrid, que van a recurrir el plan sobre el trasvase Tajo-Segura", ha señalado el presidente autonómico durante la presentación de la II Jornada 'Castilla-La Mancha, tierra de futuro' en Talavera de la Reina (Toledo), añadiendo que en respuesta ha convocado "un Consejo extraordinario de Gobierno".

El presidente castellanomanchego ha adelantado que Castilla-La Mancha establecerá una posición dura ante los recursos judiciales, y ha señalado que "si en el levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan respetuoso con las sentencias del Supremo, con las directivas europeas y con el cambio climático", la Junta se verá obligada a "a exigir el 100% de lo que han establecido los tribunales".

García-Page ha señalado que, tras 15 años de conflicto por el agua y reivindicación, se han conseguido "cuatro sentencias históricas para defender que, nuestro agua también sea nuestro".

"Lo que no vamos a tolerar es que, después de haber sido generosos, encima intenten parar los pasos que acabamos de conseguir", ha añadido.

El líder del Ejecutivo castellanomanchego ha criticado la posición de la Comunidad de Madrid, afirmando que "se está planteando recurrir el plan aprobado sobre el trasvase básicamente con el argumento encubierto de que están molestos con que el Alberche crezca en regadíos".

El presidente autonómico ha calificado dicho planteamiento como "absurdo" y lo ha comparado con un hipotético rechazo a dirigir la energía eléctrica generada en Castilla-La Mancha a la Comunidad de Madrid.

Además, ha denunciado la actitud de la oposición política regional ante los conflictos en torno al Tajo-Segura, asegurando que "no solo me han insultado los regantes de Murcia, a mí me han insultado militantes del PP de aquí de esta tierra llamándome cateto por hablar del agua".

Finalmente, ha reiterado la necesidad de mantener una defensa de los caudales de agua en la región. "Hay que defender esto", ha declarado.

"NO VAMOS A PARAR EN LA DEFENSA DE NUESTRO RÍO"

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, en la rueda de prensa para detallar los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, ha sido clara al indicar que "no vamos a parar en la defensa de nuestro río y de los intereses de Castilla-La Mancha", y en este contexto se enmarca el Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará este jueves.

En este sentido ha explicado que "las reglas del trasvase Tajo-Segura siempre fueron injustas con esta tierra", unas reglas de juego que ahora "han cambiado definitivamente" como consecuencia del cambio climático, de que hay menos agua y de las dinámicas hacia la búsqueda de una mayor eficiencia y del aprovechamiento de otros recursos.

En cualquier caso, y a preguntas de los medios de comunicación, Blanca Fernández ha advertido que "si hubiera un cambio de gobierno a nivel estatal sí contemplamos un cambio de política hídrica" a tenor de que sería un acuerdo de PP con Vox, y esta última formación "niega el cambio climático, dice que el trasvase Tajo-Segura tiene que permanecer en el tiempo y el PP no se compromete nunca".

Para finalizar, y en relación "al mantra sobra agua y faltan infraestructuras que escuchamos en los últimos días", Blanca Fernández ha puesto "negro sobre blanco" al detallar que la región ha recaudado 20 millones de euros por las indemnizaciones del trasvase Tajo Segura y ha invertido 400 millones en la presente legislatura: 76 millones en depuración, 40 millones en los pueblos ribereños y más de 260 millones en regadío, "de manera que quien propone que invirtamos 20 millones en infraestructuras hídricas está proponiendo que recortemos lo que estamos haciendo, ya que invertimos 20 veces más".

"Es importante señalarlo en un día como hoy en el que fuerzas políticas como PP y Vox hace mucha demagogia como si los recursos del río Tajo fueran infinitos y dieran respuesta a todos los problemas de agua que tiene el Levante, y no es así".

RECURSOS DE VALENCIA, MURCIA Y ANDALUCÍA

Este miércoles la Generalitat Valenciana ha presentado el recurso anunciado ante el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Tajo que reduce el trasvase Tajo-Segura. En su escrito reclaman la suspensión cautelar de los caudales ecológicos, tal y como están recogidos en el decreto del plan, al considerar que es "una decisión arbitraria que no se fundamente en criterios técnicos".

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha explicado los argumentos jurídicos en los que se basa el recurso contencioso-administrativo y ha manifestado "la unión ante una misma causa, la defensa del Trasvase Tajo-Segura, así como el trabajo conjunto entre los regantes y la Generalitat en la defensa de la agricultura y el agua".

El recurso cuestiona "aquellos aspectos que se consideran lesivos en el decreto del Gobierno que regula las nuevas disposiciones que afectan al trasvase Tajo-Segura". En concreto, se dirige contra la nueva disposición adicional novena que afecta al futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo.

Tras la reunión, Javier Berenguer, presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante, margen izquierda de río Segura, ha ejercido de portavoz. "Estamos unidos en la misma causa, seguir trabajando juntos con la Generalitat Valenciana para que no se aumenten los caudales ecológicos", ha indicado.

El Consell entiende que es necesario que el alto tribunal acuerde la suspensión cautelar de esos caudales ecológicos, en los términos establecidos por el citado decreto, "por tratarse de una decisión arbitraria que no se fundamente en criterios técnicos"

Por su parte, el presidente de Murcia Fernando López Miras, ha avanzado que su Gobierno aprobará este jueves en Consejo de Gobierno la autorización para recurrir también ante el Supremo el Plan de Tajo que, que según él, "se ha aprobado de forma sectaria e ideológica"

De su lado, el Gobierno andaluz también ha dado su visto bueno al recurso que presentará ante el Tribunal Supremo para que el Estado "dé marcha atrás" en el aumento del caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo, ya que considera que el "recorte" del trasvase al Segura es "un disparate" que llevará "a la ruina" a los agricultores.

La Junta de Andalucía denuncia que la medida no cuenta con informes técnicos ni jurídicos que la respalden y que se ha tomado "de forma unilateral" por parte Gobierno, modificando el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua, donde se consensuó un aumento hasta los 6 m³/seg.

Andalucía se suma así a las medidas judiciales de los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia en contra de "una decisión injustificada del Estado que conlleva un gran perjuicio para el Levante español en general y para el almeriense en particular".

Ha manifestado que la Junta no va a permitir el "atropello" y que serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse.

La Junta de Andalucía considera la decisión del Gobierno central pone en riesgo la supervivencia de 23.000 hectáreas de cultivo y los aportes que diversos municipios del levante de Almería reciben del trasvase Tajo-Segura para abastecer a alrededor de 150.000 personas.

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