Garzón defiende el derecho de los consumidores a saber el origen de la carne

El ministro de Consumo acepta la invitación de UPA a visitar explotaciones ganaderas con distintos modelos de producción
Alberto Garzón defiende el derecho de los consumidores a saber el origen de la carne
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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido este jueves el derecho de los consumidores a conocer "con la mayor precisión posible" de dónde procede la carne que están consumiendo.

Tras la polémica desatada por sus declaraciones sobre las macrogranjas, Garzón se ha reunido con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y se ha comprometido a estudiar las propuestas de esta organización agraria relacionadas con el etiquetado de los productos cárnicos.

"Los consumidores tienen derecho a saber con la mayor precisión posible de dónde proceden los productos que están consumiendo", ha afirmado en un comunicado el titular de Consumo.

En concreto, ha destacado la importancia de que la ciudadanía cuente con las herramientas necesarias para saber diferenciar qué productos proceden de las macrogranjas y cuáles no.

En la reunión, que ha calificado de "fructífera y productiva", el ministro ha compartido reflexiones sobre los problemas del mundo rural y, en particular, del sector ganadero.

Ha vuelto a defender la ganadería extensiva y familiar, que "genera puestos de trabajo y produce arraigo en la población", frente al modelo de las macrogranjas, "explotaciones que es necesario frenar y limitar para proteger el planeta, el mundo rural y la ganadería".

Garzón también ha reivindicado "todas las reformas" realizadas por el Gobierno para proteger a los pequeños productores como, por ejemplo, el real decreto de flexibilización del paquete higiénico-sanitario que busca facilitar la comercialización de sus productos.

"La ganadería social y familiar representa a gran parte del sector y tiene que ser defendida frente a amenazas como las macrogranjas", ha insistido el ministro.

Además, ha criticado el "enorme coste social, ecológico y económico" de este último modelo, "en línea con los mandatos de la Comisión Europea y con la evidencia científica".

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