La Asociación de Familias (AFA) de la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), afectada por una sentencia del TSJC que le obliga a impartir un 25 % de clases en castellano, ha pedido este jueves a partidos y entidades que no conviertan este colegio "en escenario de enfrentamientos políticos, debates identitarios y disputas lingüísticas".
En un comunicado publicado en castellano y catalán, la asociación de familias, que se muestra contraria a la sentencia del TSJC, expresa su "malestar" porque el colegio se haya convertido "en escenario de enfrentamientos políticos, debates identitarios y disputas lingüísticas que no nos corresponde asumir ni al centro, ni a las familias, ni mucho menos a nuestros hijos e hijas".
"Nos sentimos utilizadas, difamadas y tristes porque se está generando un relato falso que no se corresponde con el ambiente cohesionado que se respira en nuestra escuela", aseguran.
Las familias exigen "responsabilidad política a todos los partidos, especialmente a aquellos representantes políticos que estos días han hecho declaraciones incendiarias y falsas sobre nuestra escuela".
También piden a los medios de comunicación "que no contribuyan a difundir un relato falso que amenaza con romper el clima de buena convivencia que siempre ha existido en el centro", y desmienten "rotundamente" que haya "un movimiento de acoso, aislamiento y ataque hacia cualquier niño, niña o familia".
"La nuestra es una escuela diversa y plural que nunca ha permitido, ni mucho menos promovido, actitudes discriminatorias de ningún tipo. Como representantes de las familias, rechazamos firmemente cualquier muestra de intolerancia o falta de respeto", añade el comunicado de la asociación.
La AFA defiende "el derecho de todas las familias a involucrarse en el proyecto educativo de la escuela" y recuerda que el Consejo Escolar aprobó en 2019 el proyecto lingüístico de la escuela "con el consenso de familias, equipo docente y equipo directivo, entre otros".
"Desgraciadamente, a menudo son pocas las familias que se implican activamente en estos procesos participativos. En ese sentido, cabe resaltar que ninguna familia nos ha trasladado jamás -ni al AFA, ni al Consejo Escolar- la necesidad de revisar el proyecto lingüístico aprobado por la comunidad educativa del centro", lamentan.
Por ese motivo, se quejan de que "este debate no se haya llevado a cabo mediante los canales disponibles y que se haya impuesto por orden judicial".
"Como AFA no podemos ser equidistantes con una sentencia que pone en peligro el proyecto educativo y lingüístico acordado democráticamente y que menosprecia los órganos de participación de nuestro centro educativo", señalan.
"Es responsabilidad de la AFA -añaden- proteger también los intereses y los derechos de las familias que defienden el modelo educativo y lingüístico que teníamos hasta ahora, así como poner en valor las decisiones tomadas de forma colectiva en los espacios dispuestos para hacer oír nuestra voz".
La AFA reafirma su compromiso de que "cualquier debate que afecte a nuestra escuela se lleve a cabo de forma dialogada, participativa, democrática y siempre desde el respeto y la tolerancia", y asegura que siempre defenderá "el proyecto educativo que se haya elaborado y aprobado de forma democrática y participativa, pero lo haremos, como hemos hecho siempre, desde el debate constructivo y nunca desde el ataque".
"Es por todo ello por lo que pedimos a todos los partidos, movimientos, colectivos y entidades que actúen con nuestra escuela, nuestras familias y nuestros hijos e hijas con el mismo respeto", concluye el comunicado de la AFA.
