ENTREVISTA

Podemos presentará 'bastantes' enmiendas al presupuesto de CLM y en todas las áreas

De otro lado, el líder de Podemos en Castilla-La Mancha propondrá que se debata en el Congreso sobre los trasvases

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, en un momento de la entrevista - EFE/Ismael Herrero
photo_camera El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, en un momento de la entrevista - EFE/Ismael Herrero

El grupo parlamentario Podemos presentará "bastantes" enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades para 2017 y estas se repartirán en todas las áreas, si bien el número exacto y el contenido de las mismas se cerrará mañana, que acaba el plazo de presentación de enmiendas.

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente primero de las Cortes, José García Molina, calcula en una entrevista concedida a la Agencia Efe que el número de enmiendas parciales "quizá ronde las veinte" y afirma que serán fruto de las propuestas recibidas de la sociedad civil en materias como medio ambiente, educación, cultura o infraestructuras, por lo que, en general, "en todas las áreas habrá algún tipo de enmienda".

En cualquier caso, García Molina cree que, una vez que su grupo parlamentario ha votado con el PSOE para tumbar la enmienda a la totalidad que presentó el PP a las cuentas, "los presupuestos saldrán", aunque advierte de que "ahora la batalla o la pugna va a estar por algunas partidas".

De este modo, rememora lo ocurrido en el presupuesto 2016 con la enmienda de su partido relativa a la agricultura ecológica y que proponía el aumento de 16 millones de euros más para este asunto, lo que contó con el apoyo del PP.

En cambio, rechaza que el PP defina el Plan de Garantías Ciudadanas como una reorganización de partidas presupuestarias, pues a su modo de ver supone "una crítica vacía de contenido o muy estrecha" que refleja que "piensan la política como piensan los negocios, que hay que pagar y ya está, pero luego no hay ningún control de lo que se paga".

Pero García Molina destaca que el Plan de Garantías Ciudadanas, dotado con 120 millones de euros en el presupuesto de 2017, "tiene dos patas", una de atención directa a los ciudadanos con necesidades y otra de "cómo organizar mejor la administración pública", a lo que suma una "tercera pata", que consiste en la evaluación del plan, que correrá a cargo de la universidad.

Este plan se ha incorporado al presupuesto después de que el Gobierno regional haya asumido la mayor parte del denominado "Plan Podemos", un consenso que se alcanzó tres meses después de que la formación morada diera por roto, a finales de septiembre de 2016, el acuerdo de investidura con el Ejecutivo castellano-manchego.

Así, sobre el estado de sus relaciones con el Gobierno regional cinco meses después de esta ruptura, García Molina comenta: "Como díría el 'Cholo', partido a partido. El acuerdo está roto, está muerto, pero la política sigue y hay que seguir haciendo cosas".

"No están ni bien ni mal, es política. Es una relación política donde entendemos que las cuestiones que puedan resultar beneficiosas para la gente, para la región, tirarán para adelante y las que entendamos que van en contra de nuestros principios o de lo que entendemos que puede ser beneficioso para la región, no irán para adelante", reflexiona García Molina.

En este sentido, apunta a la sentencia del Tribunal Constitucional en la que estima el recurso de amparo que presentó el grupo popular en las Cortes regionales, debido a que no se le había permitido acceder a documentación relativa a la posible incompatibilidad del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, para el cargo.

Y advierte de que si se demuestra que "ha habido engaño u ocultación de información, se pedirán responsabilidades de todos el mundo que haya participado en ese engaño".

Así, no descarta la petición de cese del consejero de Hacienda e incluso del director general que elaboró un informe que decía que Ruiz Molina no presentaba incompatibilidades para ejercer el cargo público.

Con todo, incide en que esperará a que llegue la información que se facilitará a los grupos sobre el tema y tras evaluarla, "se verá si hay causa o no hay causa y quiénes son los implicados en esa causa".

DEBATE SOBRE LOS TRASVASES

En otro orden, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha propondrá en la reunión Interparlamentaria del partido la elaboración de una propuesta sobre los trasvases que "se pueda elevar al Congreso de los Diputados, que se debata, se vote y cada cual se retrate".

García Molina impulsará esta iniciativa en su calidad de responsable de coordinación de políticas autonómicas de la formación morada, según explica durante la entrevista con la Agencia Efe, en la que rechaza "la lógica de guerra entre comunidades o entre colores políticos" respecto al agua y se muestra en contra del actual modelo de trasvase del Tajo al Segura.

El líder regional de Podemos niega que criticase el pasado mes de febrero al diputado nacional de su partido Íñigo Errejón por sus palabras sobre el trasvase, que abogó por mantener, sino que le pidió "que lo explicara".

"En Podemos no podemos caer en lo que han caído todos los partidos, quizá fue también una mala interpretación de quien recogiera la noticia. Nosotros no estamos a favor del modelo de trasvase, lo hemos dicho por activa, por pasiva y de todas las formas posibles", asegura.

Y añade que han hablado sobre ello en "algunas reuniones los secretarios generales de Murcia, Valencia, Aragón o Castilla-La Mancha".

Para García Molina, se trata de "un tema que si se le quiere dar una solución integral, escapa las competencias de cada una de las comunidades" y, al tiempo, opina que "es cierto que desde el Gobierno central, especialmente, ni unos ni otros han hecho nada, ni parece que tienen intención".

Insiste en que "nadie hace nada" por "cambiar el modelo de trasvase que implicaría desde las desaladoras famosas hasta la posibilidad de explotar los acuíferos".

A su juicio, el trasvase Tajo-Segura "es un gran negocio al que cuesta mucho meterle mano" y, con ello, subraya que le "parecen mal todos los trasvases que no respeten no solo los cauces legales sino los ecológicos", donde cree "que está la disputa".

"Siempre digo que hay leyes que son legales, pero poco legítimas y nosotros queremos que se vaya un paso más allá, ahora bien, hay que hacerlo todo con un poco de tiento, porque si no vamos a caer en los mismos errores que hemos venido a impugnar, que es a hacer una guerra con Murcia o hacer una guerra con Valencia, creo que ese no es el camino", sostiene.

Así, afirma que tienen "claro" que no están "a favor de este modelo de trasvase" sino en "dar pasos mucho más decididos", pues en caso contrario "lo único que queda es la rabieta y la crítica".

Por este motivo, avanza que planteará en la Interparlamentaria de Podemos elaborar una propuesta que llegue al Congreso de los Diputados.

"Y que las comunidades nos mojemos", añade García Molina, quien opina que "no se trata de decir que todo el agua de Castilla-La Mancha es para Castilla-La Mancha y da igual si se seca Murcia o Valencia".

Para García Molina, el agua "se puede repartir con criterios de solidaridad, atendiendo a lo que todo el mundo sabe que es lo lógico".

"Primero el agua de boca, asegurar que la gente pueda beber, después el agua para los campos y después, el agua para la industria. El problema que tiene este modelo de trasvase es que está montado sobre un modelo que privilegia a quien todos sabemos, que compran el agua muy barata y la venden muy cara", lamenta.

En este sentido, aboga por "seguir el rastro del dinero para entender el rastro del agua" e insiste en que "se pueden buscar modelos de trasvase, no solo en el agua que se trasvasa, sino en cómo y en cómo se reparte ese agua con criterios de solidaridad, de prioridad y con criterios donde el agua de unos no acabe beneficiando económicamente a otros".

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