Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves que se tramite la proposición de ley, presentada por el grupo popular, para elevar al Gobierno de España un proyecto de ley para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas, una iniciativa que ha contado con el respaldo de Cs pero no con la del PSOE, que ha tachado de "oportunista" el debate y ha recordado que el parlamento regional aprobó un texto sobre esta temática en diciembre de 2020.
El presidente del grupo popular en las Cortes, Paco Núñez, ha detallado en su intervención en el pleno de las Cortes que entre las principales iniciativas de esta proposición de ley se encuentran que se autorice el desalojo exprés en menos de 12 horas, el endurecimiento de las penas de cárcel de uno a tres años o que no se permita el empadronamiento de los ‘okupas’ para que no puedan acceder a ayudas y subvenciones.
Asimismo, ha recordado que su grupo se abstuvo cuando en diciembre de 2020, el parlamento castellanomanchego aprobó un texto sobre la misma temática, en esa ocasión presentado por el grupo socialista, a pesar de que "esa ley no servía para nada" y ha exigido que, del mismo modo que el PP no se opuso a esa norma, ahora el PSOE no se oponga a la tramitación del texto impulsado por los 'populares' y que tiene como finalidad, ha incidido, "luchar contra la ocupación ilegal y dar armas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que lo hagan".
"¿Van a ser leales? ¿Van a tener altura de miras?", ha preguntado Núñez a la bancada socialista, a la que ha acusado de no tramitar las leyes contra la ocupación ilegal, como la que las Cortes remitió al Gobierno central, porque "el PSOE ha decidido no defender la propiedad privada".
Sin embargo, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha intervenido para cerrar el debate de este punto, ha asegurado que el Ejecutivo castellanomanchego ha puesto en marcha medidas, dentro de sus competencias, para combatir la ocupación ilegal de viviendas y ha apuntado que la próxima semana, el Gobierno de Castilla-La Mancha se reunirá con bancos y grandes tenedores de viviendas vacías para "poder movilizar" esos inmuebles, que "tanta falta hacen en el mercado de la vivienda", y para "escucharles en cómo pueden ser parte de la solución".
También la diputada socialista Marisa Sánchez ha destacado que el Gobierno regional ha impulsado medidas para frenar la ocupación ilegal de viviendas, ya que tiene "tolerancia cero" con estas situaciones, si bien ha lamentado que la oposición "no esté a la altura del gobierno", ya que "trae debates estériles, oportunistas" que a su juicio no tienen como finalidad beneficiar a las personas que lo están pasando mal.
Para Sánchez, apoyar esta proposición de ley sería una demostración de fe "en toda regla", pues ha afeado que no se haya sometido a un debate previo y, por contra, ha resaltado que grupo socialista apoyó el 80 por ciento de las enmiendas que presentó el PP al proyecto de ley sobre la misma materia aprobado en 2020, en el que se abstuvo.
Por su parte, el diputado de Cs Jaime Sevilla ha justificado su voto afirmativo al argumentar que la ocupación ilegal de vivienda es un problema que se debe combatir, aunque ha considerado que el texto planteado por el PP no aporta a lo que ya se aprobó en diciembre de 2020.
